A finales de marzo una comisión especial de la Asamblea Nacional Francesa votó a favor de eliminar las Zonas de Bajas Emisiones (ZFE por sus siglas en francés). Sin duda, una excelente noticia tanto para los franceses como para los españoles.
¿Por qué razón la Asamblea francesa votó en contra?
En Francia se implantaron las ZBE en 2019 y hoy prácticamente solo están activas en dos ciudades: Lyon y Paris. Tras examinar los resultados seis años después, por fin se han dado cuenta de que lo único que han conseguido es perjudicar a las clases más bajas sin conseguir efectos significativos sobre la contaminación. En palabras del diputado Pierre Meurin (Rassemblement national): "Elles sont inutiles pour améliorer la qualité de l'air et créent une forte blessure sociale, un séparatisme territorial", lo que se podría traducir como que no sirven para mejorar la calidad del aire sino para crear una brecha social entre la población y fomentar el separatismo entre territorios.
Las primeras consecuencias ya se han hecho notar, ha quedado en suspenso la ZBE provincial que iba a entrar en funcionamiento el 1 de junio en la región francesa de Nueva Aquitania, que agrupa a 158 municipios y que limitaba el acceso de vehículos ya no solo al centro de las ciudades como en España, ¡sino por absolutamente toda una zona territorial! Que va desde el litoral hasta la A-63.
Es decir, ya hay una zona del territorio francés en la que los coches con esa supuesta peor clasificación medioambiental francesa prácticamente solo podrían circular por la noche y los fines de semana, restricciones que posteriormente se ampliarían a la siguiente categoría y luego a la siguiente y así sucesivamente ¿y después tiraríamos de caballerías o de patinete para ir de Hendaya a Bayona?
¿Y qué pasa en nuestro país?
A nivel político, al contrario que en Francia, estamos en el más absoluto de los absolutismos porque nuestros diputados y concejales no quieren saber nada de unas argumentaciones judiciales que tendrían que haberles remordido la conciencia y haberles hecho espabilar ya hace tiempo.
Teniendo en cuenta la estrecha relación existente entre nuestros compañeros barceloneses de ASOCPARC (Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias) y asociaciones francesas como la FFMC (Federation Française de Motards en Colère por sus siglas en francés), con mutuas colaboraciones en actividades desde el 2016, no me sorprendería que los diputados de la Asamblea Nacional se hayan basado en los irrefutables argumentos de las sentencias contra las ordenanzas de movilidad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el de Madrid, el de Extremadura o el de las Islas Canarias y hayan visto cómo se han ido anulando las ordenanzas de movilidad, entre otras razones, por la discriminación de las restricciones para las clases más desfavorecidas, la falta de estudios justificativos o la ausencia de alternativas menos perjudiciales, es decir, por lo mismo que en Francia se ha votado en contra.
Adjunto la imagen de las razones por las que la FFMC convocó una manifestación el día 6 de abril. Si entienden algo de francés, se darán cuenta de que son las mismas que en España.
“Defectos de forma” es como llaman en algunos ayuntamientos al hecho de no haber realizado previamente estudios socioeconómicos, medioambientales o planes de movilidad sostenible y estar perjudicando claramente a millones de ciudadanos.
El pueblo francés se ha caracterizado siempre por su preocupación sobre sus condiciones sociales y laborales, el más claro ejemplo fue la revolución francesa de finales del siglo XVIII y su conocida influencia en favor de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Sin embargo, no hemos de remontarnos tan atrás para ver un comportamiento similar de los franceses, el 4 de febrero del 2024 los parisinos ya fueron en contra de las ilógicas imposiciones y decidieron en referéndum que los vehículos más pesados (SUV, incluyendo eléctricos) pagaran una tarifa de aparcamiento en el centro de Paris tres veces mayor que la de los turismos fundamentalmente por tres razones: porque según las compañías de seguros los accidentes son más graves, porque ocupan más espacio de aparcamiento y porque contaminan mucho más que los turismos normales.
Pues bien, mientras en París se desincentiva la entrada de este tipo de vehículos, en Madrid se fomenta su circulación estableciendo unas tarifas de estacionamiento más económicas e incluso gratuitas (etiqueta ECO o cero) ¿Cómo es posible que un mismo vehículo sea perjudicial en Paris, pero no en Madrid? ¿Cuándo han vacunado a los madrileños contra los efectos del incremento de partículas PM que desprenden estos coches para que no les produzcan enfermedades cardiorrespiratorias ni pulmonares?
Gobierno de España
Estamos viendo todos los días como el Gobierno, en lugar de legislar para evitar que más ayuntamientos sigan cometiendo las barbaridades anuladas por los jueces, no presta atención a los argumentos de las sentencias y, por el contrario, utiliza todos sus ministerios y organismos posibles para presionar a los consistorios y forzarles a que implementen las ZBE por lo civil o por lo criminal.
¿Qué hacen los partidos políticos? Salvo honrosas excepciones, como por ejemplo el grupo parlamentario de Vox en el Ayuntamiento de Madrid o la alcaldía de Badalona, no hacen absolutamente nada.
Mientras los franceses parecen ya haberse dado cuenta de que las restricciones de vehículos son mucho más perjudiciales que beneficiosas, en España se siguen proclamando los mantras de los ecolojetas y, al más puro estilo de don Quijote y Sancho Panza, se sigue proclamando a bombo y platillo que vamos a acabar con la contaminación mundial sin querer ver que se está haciendo la vida más difícil a millones de ciudadanos y se está perjudicando a la economía local y a muchas PYMES.
Los Ayuntamientos y Les Misérables
Los Ayuntamientos, lejos de acatar decisiones judiciales, y tengo que decir que desde el punto de vista legal están en su derecho porque las sentencias todavía no son firmes, siguen adelante con sus ordenanzas de movilidad. Ahora bien, aunque el proceso judicial siga en curso, se hace caso omiso a los puntos de los ordenanzas anulados con una argumentación demoledora. Ni siquiera muestran intención alguna de reparar los daños que se han causado y se causan a millones de ciudadanos.
Dicen que hemos avanzado como sociedad, que tenemos libertad y que estamos en un estado de Derecho, ¿se imaginan ustedes qué pasaría si esta situación se diera en el París de 1793 con un Robespierre o un Danton al mando de “Madame Guillotine”? Dejo a su elección identificar quiénes podrían ser Les Misérables que nos quieren convertir en sans-coulottes.
Yo creo que, como mínimo, podrían ir quitando de las páginas web de algunos ayuntamientos como el de Manlleu o el de Coslada la frase “la Unión Europa aprobó la creación de una zona de bajas emisiones para reducir los valores límites de partículas contaminantes, para mejorar la calidad del aire y así mejorar la salud pública”. Frase que debería continuar con algo así: “como una medida posible, pero no obligatoria”, sin embargo, esa parte se omite.
Ya explicó mi compañera, Susana Monsalve, en su artículo “La UE no obliga a crear ZBE”, que para nada las ZBE son una imposición europea. En Portugal, por ejemplo, no existen y en Francia, como hemos visto, prácticamente solo están activas en dos ciudades.
A la inmensa mayoría de nuestros dirigentes lo único que les importa es obtener una cuantiosa recaudación de la necesidad de circular de los ciudadanos, recibir esos fondos “Next Generation” sin ni siquiera cumplir el esencial de los requisitos que es “no causar un daño significativo” y, sobre todo, llenar la ciudad de cámaras de identificación que ya están limitando los derechos básicos de muchos ciudadanos, basta ver el video que ha difundido recientemente la Asociación “Stop Zonas de Bajas Emisiones Mérida”.
Liberté
Convendría recordar, por ejemplo, que cuando un vehículo pasa una ITV y renueva su permiso de circulación, el Ministerio del Interior dice que es apto para la circular libremente por cualquier carretera de la Unión Europea independientemente de su antigüedad o de la localidad de residencia de su dueño y que si no es así, se está cercenando la libertad de movimiento, la libertad de uso y disfrute de unos bienes materiales por cuya posesión pagamos cuantiosos impuestos e incluso el derecho al trabajo, si este vehículo fuera necesario para acudir al puesto de trabajo.
Égalité
Dice la Constitución que todos los españoles somos iguales ante la ley, independientemente de nuestro lugar de residencia, situación social, etc. con lo cual, si estamos impidiendo la movilidad o el acceso a un territorio a las clases más desfavorecidas, me temo que de igualdad poco.
¿Las personas que viven en un municipio y trabajan en otro al que no les permiten acceder con su vehículo y, por tanto, pueden tardar dos o tres veces más en acudir a su lugar de estudios o de trabajo, tienen las mismas oportunidades? Tomen nota la ministra de trabajo y los sindicatos que, por un lado, hablan de reducir la jornada laboral y por otro callan ante el hecho de que muchos trabajadores pierdan dos horas diarias adicionales in itinere porque si siguen yendo a trabajar con su vehículo les multarán las cámaras instaladas por su seguridad ¿señora ministra, estas horas no computan para la conciliación de su vida laboral y familiar?
Fraternité
Como se echa de menos un poco de empatía de las instituciones hacia la ciudadanía, basta de justificar las restricciones con un supuesto bien común, que de bien no tiene nada y de común tampoco.
¿Qué explicación hay para que una persona mayor tenga que dejar de conducir su coche de toda la vida, al que apenas hace 2000 kilómetros al año, porque no tenga capacidad económica ni seguridad para conducir otro nuevo? Les da lo mismo que haya autónomos a los que se les está impidiendo mantener a sus clientes en el centro de las ciudades porque ir con herramientas, repuestos o materiales en el autobús o en el metro es imposible. Les da igual que haya locales comerciales que estén yendo a la ruina porque a sus clientes se les dificulta el acceso. Algún día sabremos cuál es la razón de este desinterés y, seguramente, no nos va a gustar.
A los jueces, y en particular a los del Tribunal Supremo que les tocará revisar un montón de sentencias y recursos provenientes de los Tribunales Superiores, les pediría que tengan en cuenta no solo la fraternité para sus compañeros que han decidido admitir los recursos de los ayuntamientos y a los que tendrían que contradecir, sino también la fraternité para con los conciudadanos que les pagan el sueldo. Será su decisión seguir evitando una ejecución de sentencia con la justificación de la cuantiosa pérdida de ingresos por multas y restricciones ya condenadas que salen precisamente de las costillas de los ciudadanos afectados o, por el contrario, evitar que a estos millones de ciudadanos se les haga la vida mucho más difícil o incluso imposible, tal y como decidieron el otro día los diputados de la Asamblea Nacional Francesa.
A ver si con este primer paso hacia la eliminación de las ZBE francesas, que ahora debe ser ratificado por el Congreso y por el Senado, cruzan de nuevo los Pirineos esos aires de liberté, égalité et fraternité y, al igual que en el país galo, en España se acaba con ese absolutismo de nuestros dirigentes y entra un aire liberal o simplemente una sensatez que se traduzca en que ni se aprovechen de nosotros ni nos mientan y, simplemente, nos dejen vivir en paz.
A buen entendedor, pocas palabras bastan, aunque algunas vengan en francés.