No paro de escuchar el mismo mantra cada vez que le hablo a alguien de la barbaridad de Madrid 360. No, no y mil veces no. La UE no obliga a crear las ZBE.La directiva 2016/2284 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de diciembre de 2016 habla de reducción de emisiones, de calidad del aire, de contaminantes, pero NO de ZBE.
Lo repito para los que no lo hayan entendido bien. No hay ninguna directiva europea que OBLIGUE a crear zonas de bajas emisiones. Lo que la UE establece son unos niveles máximos anuales de determinados gases que no se deben superar. Sin embargo, cada país tiene libertad para aplicar los criterios que considere más apropiados para cumplir con esos máximos y las ZBE aparecen reflejadas en la directiva 2008/50/CE, entre otras medidas, como una posible opción para alcanzar el objetivo.
Si las ZBE fueran una imposición de la UE, muchas capitales estarían incumpliendo la normativa: Budapest, Bucarest, Bratislava, Vilna, Riga, Tallinn o Liubliana por poner algunos ejemplos. De hecho, en la Unión Europea hay unas 1000 ciudades de grandes dimensiones que podrían haber desarrollado las ZBE y, a día de hoy, solo 320 las han creado pues existen otras soluciones. Por supuesto que hay ciudades con algún tipo de restricción medioambiental, pero no a todos los vehículos, ni todos los días, ni las 24H, ni en todo el término municipal como se puede comprobar fácilmente tan solo entrando en el enlace anterior.
Por tanto, la obligatoriedad de las ZBE es un invento de la ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética del Gobierno de España que impone la creación de zonas de bajas emisiones en las ciudades y los territorios insulares de más de 50 000 habitantes y en las ciudades de más de 20 000 habitantes cuando se superen los valores límite de los contaminantes regulados en Real Decreto 102/2011, de 28 de enero.
Por hacer una aclaración, en la mencionada ley se habla de zonas de bajas emisiones, pero deja libertad a las administraciones a la delimitación de esas ZBE y nuestro querido alcalde ha decidido que sea todo el término municipal para hacer la vida imposible a muchos madrileños, eso sí, luego dice en X que Madrid es ciudad acogedora y de concordia. Parece increíble que escriba eso y después limite los derechos de movilidad de TODOS los madrileños que poseen vehículos sin etiqueta medioambiental con su Madrid360 (un 14 % de los vehículos según los datos del propio Ayuntamiento, aunque habla de los que entran y desconozco si incluye a los que residen en la propia ciudad). Eso sí, también dice en su “post” que es el mejor Madrid gracias a los madrileños y en esto sí que tengo que estar de acuerdo porque, desde luego, no es gracias a sus políticas que pretenden expulsar de la capital a sus habitantes con menos recursos.
La Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM), que quiero aclarar que no está en contra de las ZBE en lugares congestionados o con mucha contaminación como podría ser el casco histórico, se ha reunido ya en dos ocasiones con el Ayuntamiento de Madrid que se ha negado a modificar la ordenanza de movilidad o a incluir excepciones aludiendo la ley de cambio climático y, más concretamente, al artículo 2 punto l) de no regresión. Sin embargo, esta ley a la que aluden no establece en su articulado la superficie que tienen que ocupar esas ZBE y Madrid, en palabras del propio alcalde, tiene la mejor calidad del aire de los últimos dos años y ya tiene una ZBE muy extensa como para tener que ampliarla a todo el municipio sin motivo alguno.
Aprovecho para aclarar que las restricciones se basan en un etiquetado erróneo de la DGT que solo tiene en cuenta las emisiones del tubo de escape, pero no otras emisiones contaminantes mucho más frecuentes en los vehículos eléctricos o SUV por su mayor peso y que son las PM2.5 producidas por el rozamiento de los neumáticos contra el asfalto y que desprenden microplásticos y metales pesados como cobre, plomo y zinc que inhalamos y producen graves enfermedades respiratorias y cardíacas. De hecho, si echamos un vistazo al etiquetado de otras ciudades europeas, las restricciones son muy diferentes. Pongamos el ejemplo del etiquetado de Berlín en el que solo se quedan sin etiqueta los vehículos anteriores a enero de 1997, es decir, un diésel de 2001 que en España no tiene etiqueta, optaría en Berlín a una etiqueta amarilla y podría mejorarla con un filtro de partículas (retrofit). Aquí se puede observar también que su ZBE no es toda la ciudad sino una parte de su casco histórico (zona verde).
No podemos tampoco olvidar que la ley de cambio climático y transición energética habla de otras medidas que no se han implementado y que dificultan muchísimo la vida de los madrileños que no quieren, o no pueden, cambiar su vehículo. Entre esas medidas que aparecen en la ley detallo a continuación las más relevantes:
- Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público
- Medidas para el uso de otros combustibles sin efecto invernadero como el biometano
- Instalación de puntos de recarga eléctrica de acceso público
- Establecimiento de criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad (en este caso podrían empezar con la vigilancia y sanción de los propios sanitarios que fuman en las inmediaciones de los hospitales públicos, a veces prácticamente en la misma entrada, a pesar de estar prohibido por la Ley 42/2010, de 30 de diciembre)
- Medidas de transición justa que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a las personas trabajadoras y territorios, incluyendo la identificación de colectivos, sectores, empresas y territorios potencialmente vulnerables al proceso de transición a una economía baja en emisiones de carbono
En mi modesta opinión, no es muy justa una transición que acaba con vehículos que funcionan perfectamente y con su ITV en regla, que dificulta la movilidad de las personas trabajadoras del municipio o que viven en territorios colindantes, pero trabajan en la capital. Tampoco tiene en cuenta el Ayuntamiento a esos sectores, empresas o colectivos potencialmente vulnerables en esa transición (in)justa a la economía de bajas emisiones pues ni siquiera contempla excepciones para familias numerosas, personas con discapacidad, jubilados y, por supuesto, residentes. Sencillamente se está obligando a los propietarios a cambiar de vehículo, desguazarlo o malvenderlo y a que se apañe como pueda para desplazarse. Eso sí, en el punto 3 del artículo 27 se menciona que la transición se realizará teniendo en cuenta la perspectiva de género, esto no puede faltar no vaya a ser que se nos eche encima algún colectivo. El artículo 14 de la Constitución Española lo interpretamos según nos venga mejor. La discriminación por sexo hay que respetarla, pero hacemos caso omiso a la discriminación por motivos personales o económicos. En esto no somos todos iguales ante la ley.
Todo lo mencionado hasta ahora podríamos pensar que es por el bienestar de los madrileños, para reducir el dióxido de carbono y luchar contra el cambio climático si es que eso es posible, o para mejorar la calidad del aire. Lo que no nos cuenta el Ayuntamiento es que la directiva europea, en su artículo 4 punto 3, deja fuera los elementos más contaminantes: las emisiones de las aeronaves fuera de los ciclos de aterrizaje y despegue o las emisiones del tráfico marítimo, por lo que poco vamos a hacer prohibiendo nuestros viejos coches.
Por otro lado, tampoco se nos cuenta que todo esto es por la pasta, para la recepción de los fondos Next Generation, fondos que solo se reciben si se utilizan para mejorar la calidad del aire y reducir el ruido en las ciudades, desplegar flotas propulsadas con combustibles alternativos cero emisiones y promover infraestructuras ciclistas e itinerarios peatonales para una movilidad alternativa y activa.
A todo este despropósito hay que añadir que, a partir de 2027, el transporte por carretera estará sujeto al comercio de derechos de emisión, lo que pondrá precio a la contaminación y que, en román paladino, quiere decir que se seguirá contaminando con combustibles fósiles pero, eso sí, pagando un impuesto al CO2 como ya lleva tiempo implementando la Generalitat catalana, impuesto que también se aplica ya a la aviación y al transporte marítimo. Vamos, que esto no tiene que ver con el planeta, con la salud ni con la reducción real del CO2 porque el que tiene dinero puede comprar y vender créditos de carbono para contaminar a placer mientras se siguen llenando las arcas públicas gracias a los impuestos y a las multas. De hecho, la letra c) del artículo 2 de la ley de cambio climático lo dice claramente: aplicación del principio «quien contamina, paga». Es lo que yo llamo “ser ecolojeta”.