Distintas organizaciones sociales, ambientales, de consumidores y feministas, entre ellas ECODES- han expuesto, en el transcurso de la jornada «Por una prohibición a las desconexiones», celebrada en el Círculo de Bellas Artes, el trabajo que realizan para lograr que la energía sea un derecho y han discutido sobre «la posibilidad de eliminar los cortes de suministro eléctrico», considerada como una violación de diversos derechos humanos por miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En este sentido, Marcela Noreña, de Women Engage for a Common Future, dice que «es necesario abordar las desconexiones y la falta de acceso al suministro como retos urgentes de la pobreza energética, para ello hace falta una revisión sistemática del marco de la pobreza energética desde una perspectiva interseccional que consideran el género junto con otros ejes de discriminación”. Por su parte, Vanessa Álvarez, de Amigos de la Tierra, afirma que “debemos fomentar la creación de comunidades energéticas que afronten la pobreza energética, para poder mejorar nuestro poder de decisión sobre la producción y distribución energética y evitar los cortes a los hogares en precariedad energética”.
En España no puede suspenderse el suministro de energía eléctrica a las personas en su vivienda habitual desde la declaración del estado de alarma. Aunque esta medida se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023, no se ha anunciado aún su prórroga pasada esa fecha. Mónica Guiteras, de la Alianza contra la Pobreza Energética, ha expresado al respecto que “la prohibición de los cortes de la luz son una de las medidas necesarias para garantizar el derecho a la energía, son además necesarios protocolos, optimizaciones automáticas de los contratos energéticos y maneras de gestionar las deudas que se puedan generar al evitar los cortes, que deberían ser pagadas con los beneficios de las grandes compañías energéticas”. A pesar de ello, tal y como manifiesta Charo Romero, de ECODES, no es una medida suficiente: «Actualmente, gran parte de la población en situaciones de pobreza energética vive de alquiler en viviendas sumamente ineficientes, con unos contratos muy poco optimizados, lo que aumenta enormemente las facturas eléctricas de estos hogares y dificulta muchísimo que puedan llegar a pagarlas«.
A su vez, la revisión del mercado eléctrico a nivel europeo, que actualmente se encuentra en fase de negociación entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeos, «permite introducir la prohibición a las desconexiones a la población en situación vulnerable y que está afectada por la pobreza energética o en riesgo de padecerla ,como ya planteó el informe presentado por el Parlamento Europeo para mejorar la configuración del mercado de la electricidad de la Unión».
Según Soledad Montero, de la Federación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), «cuando definimos qué población se encuentra en situación de vulnerabilidad, de cara a evitar que se les corte la luz, entre otras cosas, es necesario tener en cuenta muchos otros factores, como el género, la edad, la formación o la localización. Dime en qué barrio vives y te diré cómo lo haces”. Montero sostiene que a pesar de que existe la normativa que prohíbe los cortes de suministro eléctrico, «vemos que sigue habiendo cortes». «Da la impresión de que no se está aplicando al completo la moratoria de cortes de suministros básicos”, lamenta Lara Alba, de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN-ES).
