En España la justicia se está ensañando con Oriol Junqueras y con el resto de políticos catalanes presos. Esta actitud sólo puede ser entendible si partimos de la base de que el tercer poder de la democracia española aún no ha pasado por el tamiz de la Transición y sigue con los mismos comportamientos que durante el franquismo. Ha pasado ya demasiado tiempo para pretender un cambio moderado, hace falta una verdadera revolución para que la Justicia no se termine convirtiendo en el estamento que pisotee constantemente los derechos de la ciudadanía o que defienda los intereses de las élites políticas, empresariales, financieras y económicas.
Esta anomalía, es decir, que el tercer poder de una democracia siga funcionando con los mismos patrones que en una dictadura, fue perfectamente explicada por el juez Elpidio Silva en una entrevista concedida a Diario16: «En la Justicia no se hizo una Transición como ocurrió en la política u otras instituciones como el Ejército, por ejemplo. Los jueces franquistas continuaron en sus puestos y se aseguraron de que sus hijos, sus familiares, siguieran perpetuando la situación en cuanto que la importancia del apellido es muy importante y el acceso a la carrera es poco objetiva y, dado que esa justicia es la misma que en el franquismo, tenemos una justicia mal dotada para enfrentarse a poderes o lobbies muy fuertes como los que incorpora el sector bancario. La Justicia española no está en absoluto a la altura del aparato judicial porque no hay un ámbito de especialización».
La negación por parte del Supremo a Oriol Junqueras para que pueda acceder a su condición de eurodiputado es una decisión absolutamente contraria a los principios de la democracia. El artículo 1.2 de la Constitución Española es muy claro: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Sin embargo, la decisión adoptada por Manuel Marchena es absolutamente contraria a este principio puesto que impide a un representante político elegido libremente por el pueblo en quien reside la soberanía nacional que cumpla con su derecho a la representación política.
En segundo término, el auto, además, es absolutamente extravagante y muestra su falta de experiencia como juez, además de ser contradictorio e inconsistente. Hay que recordar que Manuel Marchena proviene de la carrera fiscal, y eso se nota.
La inconsistencia del auto se deduce del hecho de dejar fuera de los intereses en juego una cuestión fundamental en el derecho y que no se menciona en ninguna ocasión: la presunción de inocencia de Oriol Junqueras. Habría que recordarle al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya aún no ha sido condenado a nada y mantiene sus derechos políticos intactos y, por supuesto, la presunción de que no ha cometido ninguno de los delitos por los que ha sido juzgado en estos meses.
El auto de Marchena es contradictorio porque habla del «fumus boni iuris» (apariencia de buen derecho) para seguir justificando la prisión provisional de Junqueras cuando ese precepto sólo es aplicable en las medidas cautelares civiles, no en las penales.
Además, el auto es extraño porque contempla como función del tribunal asegurar que se ponga la sentencia sin dilaciones, cuando su función es asegurar el cumplimiento de la sentencia si se dicta y es condenatoria, que es muy diferente. Esto aún no ha ocurrido.
Por lo tanto, la Justicia española nuevamente está vulnerando los derechos de Junqueras, está actuando del mismo modo que lo hubiese hecho en un régimen dictatorial. Pretender anteponer el cumplimiento de una sentencia que aún no se ha dictado no responde al comportamiento esperable del tercer poder de una democracia que presume de madura cuando, en realidad, aún guarda demasiadas herencias del franquismo en todas las instituciones del Estado. ¿Tiene miedo Marchena a que la inmunidad que otorga el Parlamento Europeo le impida encarcelar a Oriol Junqueras porque la Justicia de la UE sí que se rige por baremos de respeto a los preceptos democráticos y del Estado de derecho?
Lo que se está produciendo en realidad es un ensañamiento de la Justicia contra Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes presos. El tercer poder de un Estado de derecho no se puede permitir ser el brazo ejecutor que conculque los derechos del pueblo. Oriol Junqueras no está inhabilitado políticamente y, por tanto, debería haber acudido el día 17 de junio a jurar su cargo de eurodiputado. No se puede pretender hacer cumplir la ley pasando por encima de los derechos de las personas. Una demostración más de que la Justicia en España aún no ha pasado el filtro de la Transición y sigue actuando con los mismos patrones que durante el franquismo.
En total desacuerdo con este panfleto. Lo únicamente y verdaderamente antidemocratico es el golpe de estado que este señor ha perpetrado en todo su conocimiento de causa y sin ninguna atenuante.
Este artículo es absolutamente tóxico y demagogico
Totalmente de acuerdo con el artículo. Es una desgracia que 44 años después el franquismo esté vivito y coleando en la cúpula de los organos judiciales españoles
Jo también estoy en desacuerdo. Ni la «justicia, ni el ejercito, ni la fiscalía, ni el ejecutivo… Nada de nada ha sido democratizado. Todo sigue «atado y bien atado.Los mismos perros con el mismo collar. Delincuentes juzgando inocentes, policías agrediendo a ciudadanos, en cumplimiento de sus derechos y, para más inri, gritando «aporellosoeoeoe». Prevaricar les sale barato y les conviene para mejorar sus «ganancias». Solo el «Ed LB» se ha democratizado y cumplido su palabra. Lo están pagando muy caro. Encarcelan a sus jóvenes, Altsasua. Amenazan sus padres y extorsionan sus pueblos. La desaparición de la ETA les ha amargado la vida y destapado sus corrupciones, torturas y miserias de los últimos 80 años.