«Para que la lucha contra la corrupción sea efectiva hay que empezar por la judicial»

Hoy se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, «La corrupción engendra más corrupción y fomenta una cultura destructiva de impunidad». Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial.

En España, el coste de la corrupción es de 90.000 millones de euros anuales, un 8% del PIB, según un informe hecho público por europarlamentarios de la izquierda en base de datos de Eurostat.

Sin embargo, para luchar contra la corrupción no sirve sólo con el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado, sino que son fundamentales dos aspectos: proteger a los denunciantes y luchar contra la corrupción judicial. En este segundo elemento no se trata sólo de que jueces y fiscales puedan obtener beneficios económicos, sino el modo en que imparten justicia.

El ex juez Fernando Presencia, denunciante de corrupción judicial, ha afirmado a Diario16 lo siguiente: «Hay dos verdades absolutas que, juntas, se han convertido en el axioma de la lucha contra la corrupción. La primera es que es la corrupción judicial la que proporciona impunidad, asegura y da cobertura a todas las demás. La segunda es que detrás de toda trama corrupta hay un psicópata. Por eso, para que la lucha contra la corrupción sea realmente efectiva hay que empezar por los jueces, evaluando, identificando y expulsando de la carrera judicial al que resulte ser un psicópata».

La corrupción judicial es un elemento que no se está tratando con demasiada intensidad y erradicarla es fundamental. Diario16 ya publicó cómo un abogado interpuso una denuncia ante la Comisión Europea en este sentido.  La denuncia, a la que Diario16 tuvo acceso, parte de los datos del Eurobarómetro que constatan el amplio descredito de la Justicia entre la ciudadanía, que cada año va en aumento y muestra de ello es que la mayoría «considera necesaria una reforma profunda y urgente de la Justicia por su corrupción sistémica», afirma la denuncia. Esa desconfianza en la Justicia tiene diferentes causas como las presiones políticas y las injerencias o presiones de intereses económicos.

Según los datos del Eurobarómetro realizado a las empresas españolas, éstas tienen una percepción muy negativa de la independencia de los jueces y los tribunales «por las presiones por intereses económicos de las entidades involucradas en las causas judiciales», indica el documento presentado a la Comisión Europea. Además, la denuncia hace referencia a los datos del CIS del mes de julio en los que se «recoge la mala consideración que tienen los españoles sobre la Justicia y la corrupción de los jueces, que consideran en un 80% que es bastante o muy necesaria una reforma de la Administración de Justicia porque al 59% les inspira poca o ninguna confianza, puesto que el 51% considera que el grado de independencia de los jueces es bastante bajo o muy bajo por su politización y corrupción».

La denuncia, además, hace referencia a que dentro del propio poder judicial existen profesionales que, desde el anonimato, «han reconocido la existencia de presiones y sobornos para orientar la resolución de asuntos en una dirección determinada. Así se refleja en el resumen de los informes 2016‐2017 de la Red Europea de Consejos Judiciales12 sobre las encuestas sobre percepción de independencia realizadas entre jueces europeos».

Hay que recordar cómo el mal funcionamiento sistémico de la Justicia española y del Tribunal Supremo ha sido constatado por el Servicio de Compliance de la Unión que ha detectado más de sesenta casos en los que el Tribunal Supremo omitió su deber de instar cuestiones prejudiciales ante el TJUE, tal y como publicamos en Diario16.

La denuncia incide en el hecho de que el problema se encuentra en que, a pesar de las constantes denuncias de la ciudadanía y de los abogados, el Consejo General del Poder Judicial, el encargado de sancionar las conductas presuntamente corruptas de los jueces, archiva todas las quejas presentadas «en una clara muestra de su corporativismo, haciendo inútil cualquier tipo de denuncia de corrupción contra los jueces que sistemáticamente “caen en saco roto” y quedan impunes sin sanción. Tan grave es la situación de corrupción de los jueces y su órgano de gobierno, el CGPJ, que una asociación de ciudadanos se vio en la necesidad de denunciar al CGPJ “por corrupción sistemática y prevaricación permanente”», se afirma en el documento.

La denuncia incide en el hecho de que todas las quejas y los actos denunciados por parte de la ciudadanía o de la sociedad civil ponen de manifiesto que en España no es operativo formular denuncias por las actuaciones de los jueces ante el CGPJ porque son archivadas sin «siquiera incoar el correspondiente expediente para realizar una mínima investigación de los hechos, razón por la que nos vemos obligados a formular esta denuncia ante la Comisión Europea para que realmente se lleve a cabo una investigación para esclarecer la situación de corrupción judicial sistémica consentida por el Reino de España», se indica en el documento.

Por otro lado, no se puede olvidar las denuncias interpuestas por Punto Magenta después de detectar que en varios procedimientos judiciales las cuestiones prejudiciales dirigidas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) eran rechazadas de manera sistemática y siempre con parecidas argumentaciones. Estos procedimientos se han vehiculizado en tres denuncias a la Comisión Europea y una cuarta al Servicio de Compliance de la UE (Direct-Europe).

Estos hechos, según los denunciantes, se ha dado en las salas tercera, cuarta y quinta del Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Cataluña, así como en la Audiencia Provincial de Sevilla.