La operación ‘Brody’, que investiga la gestión de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha tenido repercusiones significativas, afectando incluso a su vicepresidente económico, Pedro Rocha. El mismo día que estaba previsto comenzar el proceso electoral en el que Rocha sería proclamado presidente provisional hasta la celebración de elecciones, su estatus cambió de testigo a imputado.
Pedro Rocha de testigo a imputado
Pedro Rocha, quien inicialmente debía declarar como testigo sobre los contratos de la Federación para celebrar la Supercopa en Arabia Saudí y las adjudicaciones de obras bajo investigación, ha expresado su desconocimiento sobre estos acuerdos. Entró a formar parte de la comisión gestora de control de contratos en octubre de 2020, y asegura que los contratos de obras con Gruconsa del año 2021 y las adiciones al contrato de la Supercopa que comenzaron en diciembre de 2020 no fueron supervisados por esta comisión. Sus declaraciones, consideradas «evasivas» por fuentes de la investigación, no convencieron al fiscal anticorrupción, quien solicitó detener el interrogatorio y cambiar la condición de Rocha a la de investigado. La jueza Delia Rodrigo accedió a esta solicitud, y un visiblemente afectado Rocha comentó entre lágrimas que «es muy injusto».
Tras esta decisión, los demás implicados en el ‘caso Brody’ han sido suspendidos de sus funciones en la Federación, aunque siguen recibiendo su salario. Esta situación ha llevado a varias Federaciones Territoriales a evaluar si continúan apoyando a Rocha como candidato, debatiendo telemáticamente y por WhatsApp. «Esto se lo esperaban y algunos creen que ha sido precipitado convocar elecciones con el proceso abierto», comentó Antón Meana.
No ha sabido explicarse ante la jueza
Rocha, a su salida de los juzgados, se mostró «tranquilo» y aseguró que mantiene la «conciencia muy tranquila», aunque sus respuestas durante la declaración fueron evasivas.
Además, la investigación de la jueza Rodrigo también se centra en los contratos con Arabia Saudí para llevar la Supercopa al país árabe. El 20 de marzo, la jueza ordenó entradas y registros al abrir una segunda línea de investigación. Según informes de la UCO, la Federación adjudicó contratos por valor de 3,8 millones de euros a Gruconsa, parte del cual presuntamente acabó en los bolsillos de Rubiales y su socio, conocido como Nené. Gruconsa ha negado cualquier irregularidad a través de un burofax enviado a la Federación, asegurando que desde marzo de 2019 ha completado satisfactoriamente los trabajos encargados por la Federación y confiando siempre en los controles internos del organismo.
La empresa también ha recordado a la Federación que aún le deben 105.000 euros por un informe técnico relacionado con una reforma exigida por el Ayuntamiento de Las Rozas en el Hotel de la Ciudad del Fútbol. Además, Gruconsa solicita indicaciones sobre dónde entregar las 20 puertas que fabricó y que ya han sido pagadas.
Este caso destapa no solo la gestión cuestionable dentro de la RFEF sino también la complejidad de las operaciones contractuales y las acusaciones de corrupción que oscurecen el fútbol español, sumando un capítulo más al controvertido mandato de Rubiales. La situación de Pedro Rocha y el desarrollo de la operación ‘Brody’ serán clave para entender las dinámicas de poder y las implicaciones legales que enfrenta la Federación en el futuro cercano.
