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Policías y guardias civiles frenan la reforma de la Ley Mordaza

Los socios del Gobierno votan en contra de la iniciativa del PSOE, que ha terminado plegándose a las presiones del lobby de las Fuerzas de Seguridad del Estado

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análisis

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Esquerra y Bildu han tumbado, por “insuficiente”, la reforma de la Ley Mordaza que el PSOE pretendía aprobar hoy martes en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión, los aliados del Gobierno entienden que los cambios pactados por los socialistas, Unidas Podemos y PNV se quedaban en una “reforma light”, ya que artículos como el relativo al uso de pelotas de goma en manifestaciones y actos de protesta ciudadana seguirán vigentes tal como se redactó en tiempos de Mariano Rajoy.

Así las cosas, la reforma no sale adelante dada la anunciada oposición del PP, Vox, Ciudadanos y los demás grupos. Unidas Podemos ha acusado al PSOE de haberse conducido con cerrazón en este trámite parlamentario ya que se ha negado a posponer la Comisión de Interior donde supuestamente habría un margen para la negociación y el acuerdo.

Los puntos que ERC y Bildu no aceptan se refieren, además de la citada prohibición del uso de pelotas de goma por la Policía, que Interior no quiere avalar, el fin de las devoluciones en caliente, que el Gobierno prefiere acometer en una futura reforma de la Ley de Extranjería; y algunos aspectos de la desobediencia ante la autoridad, muy contestados por los sindicatos policiales.

“No seremos cómplices de una reforma light que no deroga los artículos más lesivos y mantiene intacto el núcleo de la ley –sostienen los portavoces de Interior de ERC y Bildu, María Dantas y Jon Iñarritu–. Esta propuesta se queda lejos del compromiso de derogación que asumimos ocho años”.

Presiones de la Policía y Guardia Civil

En realidad, quien ha tumbado la reforma de la ley Mordaza es el sector de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en los últimos días ha mantenido intensas movilizaciones para presionar a Pedro Sánchez y que dejara intacta la ley de Rajoy, tal como se redactó y está en vigor. De esta manera, policías y guardias civiles salieron a la calle el pasado 4 de marzo en Madrid arropados por representantes del PP, Vox y Ciudadanos. Algunos manifestantes calificaron de “salvajada” la reforma que, según ellos, los desprotege y criminaliza en caso de grandes tumultos y aglomeraciones urbanas.

La manifestación, en la que participaron alrededor de 4.000 personas, en su mayoría agentes, según fuentes de la Delegación del Gobierno, fue convocada por JUSAPOL, junto al sindicato de la Policía Nacional JUPOL y la asociación de la Guardia Civil JUCIL, mayoritarios en sus respectivos cuerpos, y estuvo apoyada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

En un manifiesto conjunto, policías y guardias advirtieron de que “legislar para los delincuentes, los violentos y los sediciosos es una irresponsabilidad con consecuencias fatales”. Acompañados de un estruendo de pitos y silbatos, los manifestantes rechazaron que se les pueda quitar el principio de autoridad, la presunción de veracidad y los medios necesarios para garantizar el orden público y que se les “fiscalice y se les condene” por hacer su trabajo, abriendo la puerta a que se les grabe y se cuelguen sus vídeos en las redes sociales.

Frente a la reforma reclamaron más medios humanos y materiales, que se mantenga la obligatoriedad de comunicar las manifestaciones, que se permitan los cacheos y que no se rebajan las sanciones económicas. Tras una pancarta en la que podía leerse “Esta ley nos desprotege a todos. No a esta reforma”, partieron de la plaza de Neptuno y frente al Congreso de los Diputados soltaron varias pelotas de ping pong para reivindicar que no se restrinja el material antidisturbios.

PP, Vox y Ciudadanos quisieron rentabilizar la manifestación. En declaraciones a los periodistas antes de comenzar la marcha, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, alertó de que la reforma desprotegerá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los ciudadanos y a las instituciones públicas y acusó al Gobierno de “quitar todas las normas que les puedan dificultar que el clima callejero se enrarezca”. “Esta es la ley que prepara Podemos para ocupar la calle si el PP gana las elecciones y lo terrible es que el PSOE lo apoya en un acto de absoluta irresponsabilidad”, insistió.

“Quieren que nuestra policía y nuestra guardia civil salgan a la calle amordazados y con las manos esposadas en la espalda”, denunció el vicepresidente de Vox, Javier Ortega, quien acusó al Gobierno de “traidor” y de “rendir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los intereses de los mayores enemigos de España”.

La polémica Ley Mordaza

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana,​ conocida popularmente como Ley Mordaza, entró en vigor el 1 de julio de 2015, durante el mandato de Mariano Rajoy, en sustitución de la anterior Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana (1992).

Medios de comunicación extranjeros como The New York Times instó a la Comisión Europea a apresurarse a condenar la nueva ley, citando al relator de las Naciones Unidas, Maina Kiai, quien también llamó a los legisladores españoles a derogar el texto legal. El rotativo norteamericano afirmó que “esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática”.​ En un artículo posterior, el periódico reflejó las opiniones al respecto tanto de Amnistía Internacional​ como de Human Rights Watch, que consideran que la ley supone una “amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión en España”. Si alguna vez Pedro Sánchez tuvo la intención de derogar la ley Mordaza, eso ya no será posible por la firme oposición de sus aliados en el Congreso de los Diputados. Pero no solo eso, esta vez, el presidente socialista se ha plegado a las presiones de un lobby fuerte como el de policías y guardias civiles, en buena medida controlado por la extrema derecha de este país. No es Esquerra y Bildu quienes tumban la reforma sino el poder de la fuerza.

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