La defensa de Isabel Díaz Ayuso a los privilegios de las grandes fortunas ya resulta enfermizo. La Comunidad de Madrid ha cumplido hoy la amenaza de la presidenta de recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto de solidaridad a los grandes patrimonios del gobierno de Sánchez. El problema de ese recurso es que está basado en suposiciones y previsiones no soportadas por hechos tangibles.
El gobierno de Ayuso denuncia que el nuevo impuesto "suplanta las competencias autonómicas para la gestión de los tributos cedidos, como el Impuesto sobre el Patrimonio, que en la Comunidad de Madrid está bonificado al 100% desde 2008. El diseñado por el Gobierno central impone una cuota nacional para todas las regiones de régimen común, invadiendo la gestión de las CCAA en la materia, lo que perjudica de manera especial a los contribuyentes madrileños."
Además, según la Comunidad de Madrid, el impuesto a los ricos supone una ruptura de la autonomía financiera de las comunidades porque afecta a su política fiscal. Además, recurre al argumento de la tramitación parlamentaria por enmienda para dejar caer que es nulo.
Por otro lado, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso señala que el impuesto a los grandes patrimonios genera inseguridad jurídica porque tiene aplicación retroactiva a todo 2022 cuando entró en vigor el 29 de diciembre. Hay que recordar que el Partido Popular juega con la retroactividad fiscal a su antojo. Es memorable la ley de Cristóbal Montoro sobre la tributación de los autónomos a través de sociedades. Ahí, Díaz Ayuso, no dijo nada porque, evidentemente, no afectaba a los ricos.
Para no romper la fiesta de despropósitos, la Comunidad de Madrid señala que este impuesto, que es de los más justos y necesarios que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez junto al de la banca, es confiscatorio. Hay que recordarle a Isabel Díaz Ayuso que los impuestos, según se recoge en la Constitución, dependerán de la capacidad económica del contribuyente. Por tanto, los que más tienen son los que más tienen que pagar. En otro orden, el impuesto del gobierno no es confiscatorio. Lo hubiese sido si hubiera aplicado un 70% sobre la renta.
Sin embargo, el ridículo del recurso llega cuando se afirma que "según las estimaciones del Ejecutivo regional, este nuevo tributo del Gobierno de la Nación puede suponer que dejen de llegar a la Comunidad de Madrid más de 1.200 millones de inversión extranjera al año, además de ocasionar la pérdida de 13.000 contribuyentes y 5.000 millones de ingresos." ¿Estimaciones? ¿Ayuso también puede ver el futuro?
Isabel Díaz Ayuso, en su cruzada de defensa de los privilegios de millonarios y grandes patrimonios, no duda en manipular, decir medias verdades, mentir e, incluso, lanzar acusaciones falsas sobre planes de golpe de Estado que sólo existen en su cabeza.
Antes de defender a los ricos, Ayuso debería saber que el 70% del fraude fiscal y de la economía sumergida que se produce en España procede, precisamente, de las grandes fortunas y las grandes empresas. Si hiciera cuentas, esos a los que protege Ayuso, provocan un agujero a las cuentas del Estado y a las de la Comunidad de Madrid que suponen casi un 20% del Producto Interior Bruto. Ese dinero es lo que les corresponde pagar y supone un quebranto que impide el mantenimiento del estado del bienestar.
Lobato recuerda las becas a millonarios de Ayuso
El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha declarado que "en Madrid, en pleno 2023, tenemos lo que tenemos. Un gobierno del PP de Ayuso dando becas para ricos a gente que gana más de 100.000 euros, 992 millones al año que se regalan fiscalmente a los grandes patrimonios de la Comunidad de Madrid. Y ahora, un recurso contra un impuesto estatal precisamente para pedir un esfuerzo a las grandes fortunas de este país y a las grandes empresas que están dando beneficios absolutamente millonarios. Mientras tanto, en la misma Comunidad de Madrid, en el mismo año 2023, tenemos, por primera vez en 40 años, un millón de personas en listas de espera sanitaria, había 600.000 cuando llego Ayuso, y por primera vez en 40 años tenemos a millones de familias que no sabemos si podemos ir a nuestro médico de toda la vidaporque se ha desmantelado completamente el sistema. Y esto, es lo que hay que cambiar de arriba abajo."