La Comunidad de Madrid ha lanzado una advertencia contundente al Gobierno central: si en el plazo de tres meses no recibe una evaluación detallada del coste de la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, acudirá al Tribunal Supremo. La medida ha sido anunciada por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un desayuno informativo en la capital.
Según ha explicado, el Ejecutivo regional ha remitido un requerimiento formal al Gobierno de España en el que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, al considerar que el despliegue de esta nueva normativa judicial carece de respaldo económico suficiente. “Apostar por la Administración de Justicia requiere invertir en ella. De lo contrario, todo lo que se haga se queda en mera cosmética”, ha recalcado García Martín.
Una norma sin fondos y sin consenso
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, supone un cambio profundo en la organización judicial. El consejero madrileño ha cifrado en 43 millones de euros el coste de implementarla en la región, una cifra que, según afirma, no cuenta con el respaldo económico del Gobierno central. Además, denuncia que esta ley ha sido elaborada sin consultar a las comunidades autónomas con competencias transferidas ni al propio Poder Judicial.
“El Gobierno de Pedro Sánchez está obligado a dotar de recursos a las comunidades para que podamos aplicar sus leyes. Pero una vez más, legisla sin prever los medios necesarios y traspasa el problema a las autonomías”, ha denunciado.
García Martín también ha calificado de “paripé” la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada recientemente, en la que los consejeros del Partido Popular abandonaron la reunión por considerar que el Gobierno central no estaba dispuesto a debatir de forma realista la financiación de esta ley. En esa línea, ha solicitado una nueva convocatoria que incluya seis puntos clave sobre el funcionamiento del sistema judicial.
Confrontación directa con Bolaños
El enfrentamiento entre el Ejecutivo madrileño y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha escalado en tono y en forma. García Martín ha llegado a referirse a él como “Félix Trolanos”, acusándolo de actuar con “cobardía” al no dirigirle personalmente unas declaraciones en las que le atribuyó comportamientos de “gamberrismo”. “Tiene que negociar y acordar con los legítimos representantes de las comunidades, no gobernar a golpe de decreto y propaganda”, ha espetado.
También ha desmentido que Madrid haya recibido 50,6 millones de euros del Gobierno para la aplicación de la ley, y ha insistido en que, más allá del enfrentamiento político, está en juego el funcionamiento real de la Justicia en la comunidad.
Compensaciones para el turno de oficio
En medio de esta controversia, el consejero también ha anunciado un acuerdo con los colegios de abogados para actualizar los baremos que regulan las compensaciones por las actuaciones de mediación y conciliación en el turno de oficio. Los letrados que consigan un acuerdo recibirán 385 euros por expediente, mientras que en los casos en los que no se logre un pacto, la compensación será de 200 euros.
García Martín ha concluido su intervención con una advertencia política: “Estamos en una legislatura que nunca debió comenzar y que debería terminar cuanto antes. Pedro Sánchez está llevando a las instituciones al descrédito y está poniendo en peligro el funcionamiento del Estado de derecho”.