El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha destinado 7 millones de euros procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a los cinco Centros de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) de la Comunidad de Madrid. Estos espacios, que deberían centrarse en la protección de víctimas de violencia machista, han sido orientados por el ejecutivo regional hacia la "promoción de la familia y el fomento de la natalidad", según ha revelado la Cadena SER y Radio Madrid.
Los CAEF son centros de mediación y conciliación familiar que ahora también incluyen programas como apoyo al duelo por la pérdida de un menor, actividades de promoción de los valores familiares y estrategias para aumentar la natalidad. Unas funciones que, según denuncia la oposición, poco o nada tienen que ver con el objetivo original de los fondos estatales destinados a combatir la violencia machista.
Críticas del PSOE: "Se desvían fondos clave para las víctimas"
Desde el Partido Socialista, la portavoz de Políticas Sociales, Lorena Morales, ha sido tajante: "Es una merma para las víctimas, desviando fondos que son para ayudar a esas mujeres y a sus hijos a salir de la espiral de violencia y empezar una nueva vida". Morales ha subrayado que estos centros no solo desvirtúan el objetivo de los fondos, sino que pueden incluso perjudicar a las víctimas al fomentar la relación con el progenitor maltratador: "Entre sus objetivos está facilitar el vínculo del menor con el progenitor con el que no convive, aunque sea un maltratador".
Uno de los puntos más controvertidos en la documentación justificativa de estos contratos es el uso del término "violencia intrafamiliar", una expresión recurrente en discursos de la ultraderecha para evitar reconocer la especificidad de la violencia machista.
Empresas sin experiencia en violencia de género
A la controversia por la finalidad de los fondos se suma otra polémica: tres de las empresas adjudicatarias no tienen experiencia en la gestión de programas de violencia de género. Una de ellas es AEBIA, que pertenece a la inmobiliaria URBASER. Su administrador, José María Pascual-Adalid, también es director de Inserción Social de Urbaser y fundador de la Fundación Filia, una entidad que defiende el controvertido "síndrome de alienación parental", un concepto rechazado por organismos internacionales y feministas al considerarlo una herramienta utilizada para desacreditar denuncias de maltrato.
Desde la Consejería de Asuntos Sociales han defendido la legalidad de estos programas, asegurando que "se ajustan a las líneas planteadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como ha certificado el Ministerio de Igualdad en los últimos seis años".
Madrid, a la cola en protección a víctimas de violencia machista
La polémica sobre el uso de estos fondos llega en un contexto en el que la Comunidad de Madrid ya es una de las autonomías con mayores carencias en materia de protección a las víctimas de violencia machista. La región sigue sin implementar el título habilitante, un mecanismo que permite a las víctimas acceder a ayudas y protección sin necesidad de interponer denuncia. Este mecanismo, promovido por el gobierno central, debería ser aplicado por las comunidades autónomas, pero Madrid sigue sin desarrollarlo.
Además, según datos del Consejo General del Poder Judicial, Madrid es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de denegaciones de órdenes de protección, junto con Cataluña. Solo en 2024, se han denegado 2.700 órdenes de protección, más de las que se han concedido.
También se critica que la ley madrileña de violencia de género data de 2005 y no ha sido actualizada desde entonces, a pesar de los cambios legislativos a nivel nacional y europeo en materia de protección a las víctimas.
Negacionismo de la violencia de género
Para el PSOE y otros grupos de la oposición, esta situación responde al "negacionismo de la violencia machista" de Ayuso y su gobierno. "No reconocen el problema y, en consecuencia, desvirtúan los recursos destinados a combatirlo", denuncia Morales.
El desvío de los fondos estatales se suma a otras decisiones del ejecutivo madrileño en la misma línea. En los últimos años, Ayuso ha eliminado subvenciones a asociaciones feministas, ha retirado campañas de concienciación contra la violencia machista y ha reducido la financiación de algunos programas de apoyo a víctimas.
Según los colectivos feministas y la oposición, la estrategia del gobierno de Ayuso se basa en sustituir las políticas de protección a las víctimas por "políticas de familia", lo que en la práctica diluye las medidas específicas contra la violencia machista y deja a muchas mujeres sin apoyo.
Mientras tanto, en 2024 ya son varias las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la prioridad del gobierno regional parece estar en otras cuestiones. Y los fondos estatales destinados a protegerlas, también.