LaComunidad de Madrid ha elevado a la Audiencia Nacional un recurso contencioso‑administrativo contra el reciente acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por el que el Estado condona parte de la deuda de las comunidades autónomas, con especial alivio para Cataluña. El Gobierno regional considera que la medida vulnera el principio de igualdad entre territorios y penaliza a los madrileños, que deberán asumir un sobrecoste cercano a 500 euros por persona. El anuncio lo efectuó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
Un “peaje intolerable” sin contar con las autonomías
El acuerdo aprobado en el CPFF contempla la condonación de hasta 83.252 millones de euros de deuda autonómica, derivada del Fondo de Liquidez Autonómico y otros mecanismos de financiación. De esa cifra, más de 17.000 millones corresponden a Cataluña, y cerca de 8.600 millones a la Comunidad de Madrid.
Madrid reprocha al Gobierno central que haya pactado esta quita “sin contar con las comunidades autónomas” y la califica de “peaje intolerable a los partidos independentistas”. A su juicio, transferir la deuda al Estado no la elimina, sino que simplemente mutualiza el pasivo, de modo que “la deuda no se evapora: la van a seguir pagando todos y cada uno de los españoles, y los madrileños más que nadie”.
Principio de igualdad y discriminación territorial
El eje central del recurso madrileño es la presunta vulneración del principio de igualdad recogido en la Constitución. El Ejecutivo autonómico argumenta que condonar más deuda a las regiones más endeudadas —como Cataluña— premia la “irresponsabilidad fiscal” y castiga a las que han gestionado con mayor rigor sus cuentas, caso de Madrid. Según sus cálculos, la medida implicará que cada ciudadano de la región asuma unos 500 euros adicionales de deuda por la decisión del Gobierno central.
Esta visión choca con el criterio defendido por el Ministerio de Hacienda, que sostiene que la quita es una medida excepcional para reequilibrar la financiación territorial tras años de bloqueos en la reforma del modelo autonómico. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, subrayó en el Senado que el 60% de los fondos condonados beneficiará a comunidades gobernadas por el PP, y emplazó a sus dirigentes territoriales a solicitar formalmente la quita si creen que es positiva para sus regiones.
Camino judicial y plazos
El recurso contencioso‑administrativo presentado ante la Audiencia Nacional impugna el acuerdo del CPFF y pide su anulación por falta de competencia y por vulnerar el principio de igualdad. En su escrito, la Comunidad de Madrid solicita la suspensión cautelar del acuerdo para impedir que se formalicen los convenios de condonación hasta que el tribunal se pronuncie definitivamente.
La ley de estabilidad presupuestaria establece que las resoluciones del CPFF son susceptibles de impugnación ante la jurisdicción contencioso‑administrativa, pero los plazos de resolución suelen prolongarse varios meses. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid advierte de que no firmará ningún convenio de condonación ni aceptará adelantos de recursos, y que está dispuesta a agotar todas las instancias, incluso el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, si fuera necesario.
Tensiones políticas y posiciones enfrentadas
El debate ha desbordado el ámbito técnico‑económico y se ha convertido en un nuevo frente de confrontación política entre el Ejecutivo central y el PP. Alberto Núñez Feijóo y varios barones autonómicos del PP abandonaron el CPFF en señal de protesta, pero mantienen la ambigüedad sobre si, finalmente, sus comunidades reclamarán la quita que ahora rechazan políticamente.
En el Parlamento regional madrileño, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha amenazado con llevar la batalla ante instancias europeas, mientras la portavoz económica, Rocío Albert, ha instado al resto de gobiernos autonómicos a sumarse al recurso. El PP defiende que la solución no es mutualizar la deuda, sino reformar el sistema de financiación para atajar los desequilibrios de modo estructural.
Frente a ellos, el PSOE y socios del Gobierno aplauden la medida como un acto de solidaridad interterritorial y un mecanismo para rebajar la presión financiera de las autonomías en los mercados. Según Hacienda, sin esta quita, algunas regiones habrían visto disparados sus costes de financiación y podrían haber sufrido restricciones en servicios básicos.
En cambio, dentro del PSOE no hay unanimidad en este asunto. El Ejecutivo castellano‑manchego, liderado por Emiliano García‑Page, ha advertido de que la condonación sin criterios objetivos de reparto –más allá del montante de deuda acumulada– desincentiva la responsabilidad presupuestaria y penaliza a las comunidades que han mantenido un comportamiento financiero más austero. Según sus propios cálculos, Castilla‑La Mancha podría dejar de beneficiarse de hasta 1.200 millones de euros de quita si se consolida el actual esquema de condonación, una cifra que, trasladada a la población regional, representa un coste adicional de alrededor de 250 euros por habitante.
El consejero de Hacienda castellano‑manchego subrayó que la región no renuncia a acogerse a una eventual condonación, pero exige que ésta se formule sobre la base de un baremo mixto que combine población, dispersión, renta per cápita y esfuerzo fiscal. “No se trata de renunciar a recursos, sino de que el reparto responda a parámetros de equidad y no premie únicamente el volumen de deuda”, afirmó. Asimismo, García‑Page anunció que Castilla‑La Mancha se sumará formalmente al recurso contencioso‑administrativo presentado por Madrid, aportando un escrito propio en el que se detalla el perjuicio económico y la vulneración del principio de igualdad.
La confluencia de Madrid y Castilla‑La Mancha refuerza la presión política sobre el Gobierno central. Ambos ejecutivos han comenzado a tejer una alianza con otras comunidades del PP para exigir que, antes de cualquier quita, se abra un proceso de negociación multilateral en el seno del CPFF, con participación efectiva de todas las autonomías y con la posibilidad de vetar los acuerdos que no respeten los criterios de equidad previamente pactados. Esta estrategia busca forzar la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo, en la que se revise el acuerdo y se incorpore un nuevo mecanismo de reparto que atenúe el agravio comparativo entre territorios.
Hacia un nuevo modelo de financiación
Más allá del litigio inmediato, el choque vuelve a poner sobre la mesa la larga asignatura pendiente de la financiación autonómica, encallada desde 2014 por la falta de consenso entre los grandes partidos y los distintos intereses regionales. El Gobierno de coalición defiende que la quita es un antídoto temporal, pero coincide con la Comunidad de Madrid en la necesidad de abordar una reforma integral que reparta los recursos de forma más equitativa y responda a criterios objetivos de población, despoblación, envejecimiento y capacidad fiscal.
La Audiencia Nacional tendrá ahora la palabra. Su decisión marcará no solo el destino de los 83.252 millones de euros en litigio, sino la arquitectura futura del pacto territorial y el reparto de las cargas públicas en España. Sea cual sea el fallo, el contencioso ya ha tensado las relaciones entre Administraciones y reavivado el debate sobre hasta dónde debe llegar la solidaridad interterritorial y qué papel juega la Justicia en la corrección de decisiones políticas de gran calado.