El reloj corre y el Gobierno de coalición necesita que Junts, una vez más, no dinamite los acuerdos por cálculo partidista. El proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una promesa estrella de Sumar con respaldo del PSOE, podría naufragar en el Congreso este miércoles si los posconvergentes mantienen su enmienda a la totalidad. Una maniobra que, si bien responde a su lógica de desgaste, parece dejar fuera de la ecuación a los trabajadores.
“Solo pedimos que permitan el trámite para poder negociar”, insistía este lunes el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, visiblemente frustrado con la negativa del entorno de Puigdemont. La propuesta no busca la aprobación definitiva, sino abrir una vía para el debate parlamentario. Pero la negativa de Junts ha sido tajante.
Y mientras tanto, en la otra orilla del Parlamento, la derecha más cruda sigue enredada en su propio juego de deslealtades institucionales, bronca mediática y coqueteo con el populismo más rancio. El ministro no ha tenido reparos en calificar al PP de “ultra y antisistema” por su actitud en la apertura del año judicial y por seguir la estela de Vox “como un partido sin autonomía ni proyecto”.
Gaza, España y la coherencia internacional
El otro eje de la entrevista de Bolaños en La noche en 24 horas fue la política internacional. Allí donde el Gobierno de Netanyahu insulta, amenaza y manipula el relato, el Ejecutivo español se planta con medidas concretas que, si bien no detendrán la masacre en Gaza, marcan un camino valiente y necesario.
“España está liderando la respuesta internacional”, afirmó el ministro, tras recordar el reconocimiento del Estado palestino y las recientes limitaciones al tránsito de armas en puertos y espacio aéreo. “Entre los que exterminan y las víctimas, estamos con las víctimas”, sentenció Bolaños, que no esquivó el conflicto diplomático con Israel pero sí trató de separar al Ejecutivo de Netanyahu de la ciudadanía israelí.
La presión sobre las bases militares de uso compartido (como Rota o Morón) sigue limitada por los acuerdos internacionales. Sin embargo, el gesto político ya está hecho: el Gobierno de España se ha alineado, al menos en el plano simbólico, con el Derecho Internacional y los derechos humanos.
Reforma judicial, desgaste de la derecha y la fruta podrida
El bloque conservador no solo ha cuestionado las medidas sociales del Gobierno, sino que ha lanzado una campaña de desprestigio contra la reforma judicial. Un clásico que regresa con la toga y el argumentario de siempre. Pero esta vez, el Ejecutivo lleva una baza difícil de discutir: el blindaje de las becas para que opositar a juez, fiscal o abogado del Estado no dependa del bolsillo familiar.
Bolaños defendió esta parte de la reforma como “una medida de justicia social” que reforzará el número de jueces en el país, con previsión de incorporar 2.500 nuevos profesionales en los próximos tres años. “Todos los poderes del Estado están sujetos a crítica, pero ese respeto debe ser recíproco”, subrayó.
En paralelo, el ministro dedicó unos minutos al deterioro del PP, cuyo líder Feijóo ha protagonizado un desplante al Rey y al Poder Judicial al ausentarse de la apertura del año judicial. Y como guinda del esperpento, acabó revelando el contenido de una conversación privada con Felipe VI. “No creo que esté muy orgulloso de sus decisiones recientes”, ironizó el ministro.
La estrategia de Feijóo, que mezcla silencios elocuentes con declaraciones improvisadas, deja al descubierto un partido que, en palabras de Bolaños, “ha decidido competir con Vox por ver quién insulta más, miente mejor y se aleja más de las soluciones reales”.
Entre presiones internas, chantajes calculados y una derecha enloquecida, el Gobierno mantiene el rumbo en mitad de una tormenta parlamentaria. Y aunque el acuerdo con Junts no esté garantizado, Bolaños lanza el mensaje: “Podemos discutir el cómo, pero no negarse a debatir”. Un aviso a navegantes, porque si fracasa la reducción de la jornada laboral, no será por falta de voluntad del Ejecutivo. Será, una vez más, por el bloqueo de quienes prefieren hacer política con la calculadora en la mano.