Bolaños cuestiona los argumentos del Supremo sobre la malversación en el 'procés'

El contexto político actual exige un equilibrio delicado entre la crítica legítima y el respeto necesario a las instituciones

03 de Julio de 2024
Actualizado el 04 de julio
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Bolaños, en el Congreso de los Diputados | Foto: Flickr PSOE

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declarado este miércoles que, aunque respeta la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación del 'procés', no comparte "ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos que contienen los autos" de los magistrados. Esta postura fue expresada en el contexto de la inauguración del curso de verano ‘Políticas públicas frente a la desigualdad’, organizado por la Fundación Pablo Iglesias y la Universidad Complutense de Madrid.

Bolaños subrayó que la ley de amnistía"se está aplicando con normalidad", indicando que "ya hay más de 70 personas que han sido amnistiadas". Además, envió un mensaje de tranquilidad a la sociedad catalana y española en su conjunto, afirmando que "la normalización en Cataluña es un hecho y es imparable".

El Estado de Derecho y el respeto a las resoluciones judiciales

El ministro enfatizó que "España es un Estado de Derecho" y que el país cuenta con "un sistema garantista de recursos para proteger precisamente los derechos de los ciudadanos y también para garantizar que la ley se aplica". En este sentido, Bolaños insistió en la importancia del respeto a las resoluciones judiciales, aunque en ocasiones pueda haber discrepancias con los argumentos jurídicos y políticos que estas contengan.

Preguntado sobre las críticas de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien acusó al Tribunal Constitucional (TC) de hacer un "revisionismo" del caso de los 'ERE', Bolaños pidió "respeto" a las decisiones judiciales. "Me preocupan estas declaraciones que hace el Partido Popular, porque deslegitiman al Tribunal Constitucional y a las instituciones democráticas, situándolos fuera del sistema institucional, lo cual es característico de los partidos ultraderechistas", afirmó.

Tensión política y respeto institucional

El ministro también se refirió a las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre la imparcialidad del próximo magistrado del TC, José María Macías, señalando que no le corresponde a él comentar las declaraciones de otros responsables políticos. Sin embargo, Bolaños reiteró que desde el Gobierno se respeta siempre las resoluciones judiciales, aunque puedan existir desacuerdos sobre sus fundamentos.

"Cosa distinta es que, obviamente, en ocasiones discrepemos de los argumentos jurídicos y políticos que puede contener una resolución, pero eso siempre va detrás del respeto que mostramos siempre a cualquier resolución judicial", añadió. Esta posición refuerza la idea de que el Gobierno mantiene una postura de respeto institucional, aunque no deje de expresar sus diferencias cuando lo considere necesario.

La importancia del diálogo y el respeto en el sistema judicial

En conclusión, las declaraciones de Félix Bolaños reflejan la complejidad y las tensiones inherentes en la relación entre el poder ejecutivo y el judicial en España. Si bien el ministro respeta las decisiones del Tribunal Supremo, su desacuerdo con los argumentos presentados pone de manifiesto la necesidad de un diálogo constante y constructivo entre las instituciones.

El llamamiento de Bolaños a respetar las resoluciones judiciales, a pesar de las críticas y desacuerdos, subraya la importancia de mantener la integridad y el funcionamiento del Estado de Derecho. Al mismo tiempo, sus palabras evidencian una postura crítica hacia el Partido Popular, cuya estrategia de deslegitimación de las instituciones judiciales es vista como un peligro para la estabilidad democrática del país.

El contexto político actual exige un equilibrio delicado entre la crítica legítima y el respeto necesario a las instituciones, algo que Bolaños intenta plasmar en sus declaraciones. Este enfoque es esencial para garantizar que el sistema judicial continúe funcionando con imparcialidad y eficacia, protegiendo los derechos de todos los ciudadanos y asegurando que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa.

 

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