La crisis institucional que vive España se sigue muy de cerca en Bruselas, donde preocupa y mucho cada cuestión que tiene que ver con la amnistía y el posible regreso de Carles Puigdemont, hoy refugiado en Waterloo. Las últimas noticias que llegan de Madrid a la Comisión Europea no son precisamente tranquilizadoras para la UE, que ve con muy malos ojos el polvorín político español que puede estallar en cualquier momento poniendo en riesgo la tranquilidad de los mercados. Más allá del bloqueo sistemático del PP, inquieta sobremanera la rebelión del sector conservador de la Justicia. Nunca antes se había visto una ofensiva tan cruenta y agresiva contra el Gobierno de coalición. Esa guerra abierta entre dos poderes básicos del Estado de derecho, Ejecutivo y Judicial, pone en riesgo el cumplimiento de los requisitos democráticos que debe observar cualquier estado miembro del club comunitario. Y ya se sabe que cuando Bruselas ve síntomas de fallo institucional, peligran los fondos de ayuda.
Entretanto, el Gobierno trata de capear el temporal. Por un lado quiere contrarrestar los casos de lawfare o guerra sucia judicial que intentan sabotear la ley de amnistía (el cuerpo a cuerpo con el juez García-Castellón, empeñado en abrir causa por terrorismo contra los implicados del procés, empieza a ser cruento). Por otro, se ve en la obligación de no hacer demasiado ruido en Bruselas, ya que eso sería perjudicial para los intereses de España. Así, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó el pasado viernes, en relación a las informaciones conocidas sobre las escuchas al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que este Ejecutivo “respeta” el Estado de Derecho, “a diferencia de lo que pasaba durante gobiernos anteriores”. El Gobierno ha remitido al Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona los tres autos del Supremo que avalaron el ataque con Pegasus (el programa informático utilizado para realizar escuchas políticas ilegales), que constituye la única documentación secreta relacionada con el espionaje a Aragonès que el Consejo de Ministros acordó facilitar.
El ambiente es de máxima tensión. Con PSOE y PP en plena contienda sin cuartel, con los jueces dictando autos que más bien parecen obras maestras de la novela negra de nuestro tiempo para frenar la amnistía y con el independentismo rearmándose de nuevo, la Unión Europea ha decidido tomar cartas en el asunto para intentar que el incendio español no vaya a más. En las últimas horas el comisario de Justicia, Didier Reynders, en calidad de mediador entre las partes en el conflicto español, ha convocado al ministro Bolaños y al portavoz del PP, Esteban González Pons, a una reunión decisiva que tendrá lugar el 31 de enero. Sobre la mesa estará el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos cargos llevan cinco años caducados por el boicot del Partido Popular (un incumplimiento flagrante de la Constitución). Reynders se ha dado el plazo de un mes para que socialistas y conservadores españoles lleguen a un acuerdo o pacto de Estado, bien sobre la renovación de cargos de la cúpula del CGPJ, bien sobre la futura reforma de la Justicia española, una necesidad urgente y perentoria teniendo en cuenta el preocupante grado de politización al que están llegando algunos jueces.
A esta hora resulta imposible aventurar si Reynders será o no capaz de poner paz en el gallinero español, pero al menos va a intentarlo en calidad de mediador. Lo tendrá difícil, ya que el Partido Popular se ha echado al monte (presionado por la dura competición que le plantea Vox) y se encuentra en una deriva ultra que le lleva a rechazar cualquier tipo de acuerdo con el PSOE sanchista. Las últimas declaraciones del propio González Pons (el emisario elegido por Génova para participar en las negociaciones supervisadas por el comisario de Justicia), no auguran nada bueno. En un calentón impropio de un político que cree en la democracia, el portavoz popular ha llegado a decir que el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido (de perfil progresista) es el “cáncer del Estado de derecho” porque está “contaminado políticamente”. “En estas condiciones, que a nadie le sorprenda que el PP un día decida no recurrir nada más al TC, y que nos esperemos a que venga un nuevo tribunal”, aseguró durante un coloquio del Círculo Ecuestre de Barcelona. Con un ultra de semejante perfil intolerante a un lado de la mesa mucho tendrá que mediar Reynders para conseguir el compromiso de PSOE y PP de salvar de la UCI a la moribunda Justicia española.
El comisario ha asegurado que observa “muy atento” la evolución de las enmiendas sobre terrorismo en la ley de amnistía, si bien ha querido dejar claro que no va a reaccionar a “cada etapa” de la tramitación parlamentaria porque esperará a tener un texto definitivo para evaluar si respeta los límites del Derecho comunitario. En todo caso, Reynders ha querido dejar claro que en primer lugar han de ser las fuerzas políticas implicadas en España las que “asuman el compromiso” de cumplir con las recomendaciones del informe anual sobre Estado de derecho de la Comisión Europea, que en sus últimas ediciones ha señalado la “urgencia” de renovar el CGPJ e “inmediatamente después” emprender la reforma de su sistema de elección de vocales.
Lo que está en juego es vital para el futuro de nuestro país. Dejar un pilar básico para la democracia en manos de la caverna judicial más ultra sería letal, el final del Estado de derecho. Por eso Pedro Sánchez se resiste a aceptar la fórmula que propone el PP, que sean los jueces quienes elijan a los jueces, ya que la mayoría de la Justicia está controlada por asociaciones conservadoras. Instaurar ese sistema sería tanto como entregarle los tribunales, el Supremo, el CGPJ y el Constitucional al búnker (en el que, no lo olvidemos, hay algún que otro magistrado reaccionario y nostálgico del régimen franquista en representación de Vox).