Este martes, el Consejo de Ministros nombrará a Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno, como presidenta del Consejo de Estado, reemplazando a Magdalena Valerio. La destitución de Valerio responde a una sentencia del Tribunal Supremo que invalidó su designación por no cumplir con el requisito de tener un prestigio acreditado como jurista.
Valerio pedirá amparo
El Gobierno planea apelar esta decisión a través de la Abogacía del Estado, que presentará un recurso de amparo, al igual que Valerio. Calvo asumirá el cargo antes de finalizar el mes, basándose su nombramiento en su amplia experiencia y currículum, elementos que, se espera, garanticen su idoneidad para el puesto.
Carmen Calvo, quien recientemente renunció a su escaño en el Congreso para asumir esta nueva posición, tiene una sólida experiencia académica y política. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba, ha sido también profesora titular en esta disciplina.
Su carrera política es destacada, habiendo ocupado la vicepresidencia del Gobierno en dos periodos consecutivos desde junio de 2018 hasta julio de 2021, y desempeñándose como ministra de Cultura entre 2004 y 2007 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, tiene experiencia como diputada por Córdoba y consejera de Cultura en la Junta de Andalucía.
Carmen Calvo una mujer comprometida
El valor de su trayectoria, que combina conocimientos jurídicos con experiencia política y administrativa, se considera fundamental para el Consejo de Estado. Esta institución, encargada de emitir dictámenes para asegurar la legalidad de las iniciativas políticas, se beneficiará de la capacidad de Calvo para integrar el impulso político con el marco legal. Su experiencia previa como vicepresidenta le proporciona una perspectiva única para enfrentar los desafíos de este rol.
Calvo expresó su compromiso con la institución, destacando su conocimiento del Consejo y su relación con varios de sus miembros. Acepta el nombramiento con la intención de fortalecer la democracia y promover el respeto y la exigencia en un momento crucial para el país. Según ella, su experiencia previa le ha preparado adecuadamente para contribuir efectivamente a la misión del Consejo de Estado, asegurando su función esencial en el apoyo a la legalidad y la gobernanza democrática.