La operación de acoso y derribo diseñada por las cloacas del Gobierno del PP contra Podemos fue descarnada y brutal. El comisario Marcelino Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía entre 2012 y 2015, aportó datos sobre esta persecución durante la comisión de investigación parlamentaria sobre las cloacas del Estado y la Operación Cataluña. “Como le digo, en 2015 yo ya no estaba en la Policía, estaba en la comisión judicial, pero sí he tenido conocimiento de algunas actividades que han tenido lugar y en las que han participado policías”.
El comisario aseguró que “eso lo he sabido porque después, con el tiempo, me han llegado denuncias y me han llegado documentos que indican que hubo alguna intromisión de la Policía en cuanto a la actividad de Podemos o estaban interesados en lo de Podemos”, añadió. “Además, he traído algún documento por si ustedes tienen interés (…) Esa documentación, junto con otra que traigo aquí, si quieren se la dejo a la Mesa y ustedes la ven y toman las decisiones que consideren oportunas, si es que tienen interés; si no, pues…”
Dentro de las investigaciones que Martín-Blas llevó a cabo para la Policía, declaró que no tuvo conocimiento. Sin embargo, durante el tiempo que estuvo en la comisión judicial hasta su jubilación, detectó que había determinadas zonas oscuras. “La desconexión con el Cuerpo Nacional de Policía y con el Ministerio del Interior era total, porque se expresaba así en la providencia del juez creando la comisión judicial. Prohibía que los miembros de esa comisión tuviésemos relación con funcionarios o autoridades del Ministerio del Interior. Como comprenderá, la desconexión era total por orden judicial. Si quiere, también disponemos de ello, aunque tantas cosas no he traído, pero se puede traer”.
En los años 2015 y 2016, se produjo un espionaje, una búsqueda masiva de información contra cargos y dirigentes de Podemos. Según las informaciones que se han conocido, afectó a más de cincuenta personas, generó más de siete mil consultas desde ámbitos relacionados con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se extendió por cincuenta y siete comisarías de toda España, abarcando desde unidades especiales hasta patrulleras. Hay informes hoy que pretenden dar otra visión o decir que eso entraba dentro de la normalidad, pero ese espionaje se suma a muchas otras prácticas corruptas de los ámbitos policiales, judiciales y mediáticos que se han ido desarrollando contra la formación morada. Martín-Blas declaró al respecto: “Le repito que a partir de diciembre de 2014 no existo, estoy cesado en espera de destino, aunque oficialmente el destino se produce un mes después, en marzo, pero no tengo ninguna conexión con la Policía, y me está hablando usted de los años 2015 y 2016, cuando ya estoy integrado en la comisión judicial. Absolutamente nada. De lo que le he dicho que he tenido conocimiento es porque me ha llegado después, porque el tiempo facilita algunas cosas, impide otras y dificulta otras. Me ha llegado eso y aquí se lo he traído”.
"El espionaje generó más de siete mil consultas policiales desde ámbitos relacionados con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado"
A lo largo de estos años se han documentado acciones policiales contra dirigentes de Podemos propias de estados totalitarios, consistentes en la elaboración de dosieres sin validez jurídica y su posterior difusión pública. Estas prácticas han sido interpretadas como una forma de guerra sucia desde las instituciones del Estado, con el objetivo de condicionar la vida política y judicial en España, vulnerando principios fundamentales como la separación de poderes y la neutralidad institucional.
Durante la comisión salió a relucir el nombre del juez García-Castellón, que investigó casos contra Pablo Iglesias, en particular, y el partido Podemos, en general. El magistrado de la Audiencia Nacional investigó el falso Informe PISA (por las siglas Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que salió a la luz a las tres semanas de entrar Podemos en el Congreso con 69 diputados. Este informe falso pretendía vincular al partido y a Pablo Iglesias con delitos fiscales, blanqueo de capitales y financiación ilegal. El asunto terminó archivándose. Asimismo, el juez intentó convertir el caso Dina, por el robo del móvil de la asesora de Podemos Dina Bousselham, en un caso contra Pablo Iglesias, retirándole la condición de víctima, y rechazó investigar los vínculos entre el comisario Villarejo y Eduardo Inda, quien obtuvo los contenidos del móvil y los publicó.
Sobre el juez García-Castellón, Martín-Blas aseguró no sin algo de inquietud: “No sé si voy a ser capaz de explicar esta respuesta, porque el juez García-Castellón me mantiene como imputado en la pieza Kitchen y lo que sucede ahí es que el mismo día que se me cita como imputado no se me cita oficialmente por el procedimiento habitual, sino a través de la prensa. Como yo no tenía ninguna relación ni había tenido nada que ver, absolutamente nada, con esto de la Kitchen y del cocinero y de Bárcenas y todo esto, me pareció tan extraño que pensé que era la prensa que estaba metiendo la pata y me fui directamente al juzgado. Y llegamos al juzgado mi abogado y yo y no sabían nada de la citación. ¿Cómo es posible, si se ha publicado en la prensa, cómo no está aquí? Pues espérese, vaya aquí, vaya allá… Me tienen allí para arriba y para abajo y al final de la mañana, a las dos o una cosa así, aparece una funcionaria y me dice: No, no, si eso es Asuntos Internos. ¿Pero cómo que Asuntos Internos, qué es esto? Vaya allí. No, yo me voy a mi casa, ya me llevarán la citación. Y antes de llegar a mi casa me llama el que estaba de jefe en Asuntos Internos y me dice: Oye, no, que eso está aquí, vente por aquí y tal y cual. Y dije: No, mándamela tú. Me la manda a casa y entonces sí veo la citación, pero resulta que una investigación que había sido declarada secreta expresamente por el juez está publicándose en la prensa antes de que exista en el juzgado esa citación, porque he ido y lo he comprobado personalmente y no estaba en el juzgado. Así que mi abogado y yo denunciamos revelación de secretos. Le digo esto para que no me pregunte mucho más sobre el señor García-Castellón, porque mi situación legal es complicada y no quiero meter la pata”.