El conflicto del Isabel Díaz Ayuso y su gobierno en la sanidad pública no ha terminado con el acuerdo firmado con el sindicato AMyTs que puso fin a la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria. La manifestación del pasado 26 de marzo demostró que la ciudadanía madrileña reclama una sanidad pública digna y la inversión de los recursos que sean necesarios para ello.
Ayuso sabe que este tema le está haciendo daño. No hubo más que ver la reacción que tuvo su gobierno contra el más de un millón de personas que en febrero salieron a la calle. Esta reacción tuvo como consecuencia la reprimenda de la Dirección Nacional del Partido Popular.
Sin embargo, la ofensiva de Ayuso y sus consejeros contra los sanitarios está teniendo una consecuencia mucho más grave: la instigación a la violencia.
Desde la Plataforma de Centros de Salud se ha denunciado que «el gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene otra herramienta para doblegar al personal del SERMAS que ‘alimentar’ con sus desgraciadas declaraciones la insatisfacción, la brutalidad y la ignorancia que, desgraciadamente, habitan en algunos de nuestros ciudadanos».
Esta denuncia se basa en declaraciones como, por ejemplo, las realizadas por Isabel Díaz Ayuso en las que acusó al personal de los Centros de Salud de no coger el teléfono y no atender a la ciudadanía como elemento de boicot al gobierno de la Comunidad de Madrid.
La Plataforma señala que, a partir de ese momento, se dispararon los insultos y las agresiones contra el personal de la sanidad pública, con la gravedad de que, en su mayoría, recayó sobre los empleados y empleadas de los servicios administrativos.
«Nunca se pidió perdón por estas declaraciones, no se rectificó la actitud de beligerancia ni se dispuso ninguna medida para garantizar la seguridad. Ocurrió también en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Guadarrama, tras la caótica reapertura de los SUAP y la reorganización de las urgencias extrahospitalarias», afirman desde la Plataforma.
Sin embargo, el gobierno de Ayuso no ha parado ahí. El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty señaló en los últimos días que los trabajadores de la sanidad son unos «vagos con puesto fijo». La razón de unas declaraciones tan execrables es la justa reclamación de la vuelta a la jornada de 35 horas semanales, tal y como está ocurriendo en el resto de comunidades autónomas.
Según la Plataforma, estas declaraciones de Lasquetty han provocado más incidentes, como el sucedido la semana pasada en un centro de salud del barrio de Salamanca de Madrid, en la que un ciudadano arrasó con todo lo que tenía a su paso porque su doctora no le había dado una baja laboral.
Si desde el poder, desde el gobierno de Ayuso, se está atacando constantemente al personal sanitario, evidentemente, hay ciudadanos que se creen con el derecho de aplicar la violencia contra los trabajadores de la sanidad pública.
«¿Hasta cuándo vamos a permitir que este gobierno “alimente a sus bestias” frente a nosotros? Porque esperar cordura y respeto es imposible. Lasquetty, ex consejero de Sanidad en el gobierno de Esperanza Aguirre, obligado a dimitir en 2014, tras la derrota en la calle y en los tribunales de la propuesta privatizadora de 6 hospitales y 27 centros de salud, no tiene freno a la hora de demostrar el desprecio que siente por la Sanidad Pública madrileña que expresa tanto en sus políticas económicas como en sus declaraciones. Alimentar a las bestias, incitar a la violencia. ¿Es ésta su venganza?», denuncia la Plataforma de Centros de Salud.