El que fue el “numero dos” de Aznar en el PP, Francisco Álvarez Cascos, se sienta en el banquillo de la Audiencia provincial de Oviedo acusado de un delito de apropiación indebida de 181.648 euros por cargar gastos personales a Foro Asturias, el partido regionalista creado en torno a su figura en 2011 tras su salida del Partido Popular. Álvarez Cascos se muestra “indignado” por tener que dar explicaciones sobre tickets de 42 euros a sus 77 años. Un compañero suyo, Rodrigo Rato, acaba de ser condenado por la Audiencia de Madrid a cuatro años, nueve meses y un día de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública, uno de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares. El que fue todopoderoso vicepresidente económico y gerente del Fondo Monetario Internacional también considera “ridícula” esta condena y en la vista oral cargó contra la fiscalía que se quejó ante la presidenta del tribunal “por la falta de respeto del señor acusado hacia la acusación”. Son dos ejemplos de cómo se plantea la derecha de este país la acción de la justicia. Todavía el Partido Popular sigue sin reconocer su responsabilidad en la Gürtel, a pesar de la condena de la Audiencia Nacional por beneficiarse “a título lucrativo” de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, el cabecilla de una red que amañaba contratos millonarios, unos contratos, por cierto, firmados en la época en la que Álvarez Cascos fue ministro de Fomento. Y es que no se puede señalar con el dedo a la izquierda por corrupta cuando los tuyos han cometido esos mismos delitos. No se puede argumentar que “son cosa del pasado”. Pero la derecha de este país es así. Se creen que la cosa pública, es algo suyo y, por lo tanto, no se les debe exigir explicaciones.
Una gran parte de los ministros de Aznar fueron procesados en diversas causas por corrupción. Todos sus vicepresidentes acabaron condenados. En los gobiernos de Mariano Rajoy sucedió algo parecido. Altos cargos del Partido Popular, incluidos numerosos exalcaldes, están pendientes de los juicios de las piezas separadas de la llamada operación Púnica. Un expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid estuvo en la cárcel por la operación Lezo. Algo parecido sucede con el que fue numero dos de Esperanza Aguirre, Enrique Granados. Por cierto, la “lideresa” se ha salvado de tener que sentarse en el banquillo. Su coartada es sencilla: ella no tenía conocimiento de lo que hacían sus inmediatos colaboradores.
Los jueces la creen como han creído a otros altos cargos populares. Su sintonía con el aparato de Génova es evidente. Casi todos los magistrados de reciente nombramiento en el Tribunal Supremo, los que ocupan plaza desde la segunda década del este siglo, fueron nombrados discrecionalmente por un presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que había sido director general de Justicia cuando Alberto Ruiz Gallardón fue ministro de Justicia. Lesmes efectuó casi un centenar de colocaciones de afines o próximos a la derecha judicial sin contar con los vocales del sector progresista que vieron cómo, poco a poco, la alta magistratura del país iba convirtiéndose en un apéndice judicial de la derecha. Hasta tal punto llegó la cosa que un portavoz del grupo parlamentario en el Senado, Ignacio Coisidó, llegó a mandar un mensaje a los senadores de su grupo tranquilizándoles por la negociación que se estaba llevando a cabo con los socialistas para renovar CGPJ donde, aunque se había pactado una mayoría progresista, se iba a poner al frente del órgano de gobierno a Manuel Marchena, “controlaremos por la puerta de atrás la Judicatura”.
La mayoría de los jueces de la Audiencia Nacional están afiliados a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, que no oculta su simpatía hacia el PP con cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, dicen haber suscrito un “pacto no escrito” para que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales del CGPJ dentro de algo más de cuatro años, cuando se proceda a la correspondiente renovación. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, no oculta sus relaciones personales “con magistrados que le asesoran sobre asuntos controvertidos”. El Tribunal Constitucional tuvo que enmendar la escandalosa sentencia sobre la malversación en los ERES de Andalucía en un asunto que empezó instruyendo la jueza Mercedes Alaya que hay quien dice es próxima a la derecha conservadora, juzgó la Audiencia de Sevilla bastante proclive al conservadurismo y acabó ratificando la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo de cuya proximidad política ya se han hecho suficientes comentarios aquí mismo.
Se podría seguir hablando de jueces y magistrados vinculados de alguna manera a la derecha. No es necesario. La conclusión es evidente. Históricamente el conservadurismo se ha apropiado del aparato del Estado. Lo considera suyo. Intenta que la izquierda no entre en su “tejido social” y cuando esto ocurre utiliza todo tipo de intentonas, vías golpistas incluidas, para acabar con lo que consideran es una intolerable intromisión en su terreno. Por eso no es de extrañar la altivez con que Álvarez Cascos y Rato se mostraron ante los jueces porque no entienden lo que ellos consideran una persecución contra sus principios. Algo parecido les ocurre a Francisco Camps y Eduardo Zaplana en las causas que tienen abiertas por su gestión el frente de la Generalitat Valenciana, ni a los altos responsables del consistorio valenciano cuya lideresa, Rita Barberá, afortunadamente no vio en lo que ha quedado su gestión. Desde un vicealcalde suyo en la cárcel hasta familiares y amigos investigados y condenados por corrupción.
La derecha sigue considerando a este país como su cortijo donde pueden hacer y deshacer lo que les venga en gana. Y saben que el punto mas caliente de la cosa pública está en la judicatura. De ahí su intención de acabar con cualquier intento de democratizar una administración que consideran patrimonio exclusivo vedado a los intrusos.