A las puertas de elecciones municipales, autonómicas y generales, la polémica sobre el aborto de Castilla y León no ha venido caída del cielo precisamente al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que habitualmente dice más cuando calla que cuando habla. Pero esto es en apariencia y a primera vista. Aunque su atronador silencio de varios días sobre la norma que obliga, insta o aconseja oír el latido fetal y ver ecografías en 4D a las embarazadas que libremente han decidido interrumpir voluntariamente su gestación parece decir mucho en su contra, en realidad da buena cuenta de la premeditada estrategia preelectoral del líder del principal partido de la oposición: en ningún caso se planteará una nueva escenificación de aquel ya histórico “hasta aquí hemos llegado” que su predecesor, Pablo Casado, le espetó en el Congreso de los Diputados al líder ultraderechista Santiago Abascal, en una postura de fuerza que, visto lo visto, no le sirvió para mucho.
El PP toma la polémica servida en bandeja de plata por sus colegas de la ultraderecha para avivar por enésima vez un debate siempre latente en este país gracias a las fuerzas de inspiración ultracatólica, ya que PP y Vox comparten casi al dedillo el ideario antiabortista de la Iglesia católica dictada por la matriz de la Conferencia Episcopal Española. Este debate resucitado supuestamente a bote pronto por Vox en Castilla y León sirve también al partido del silente Feijóo para redoblar esfuerzos y presiones ante el Tribunal Constitucional (TC), renovado al fin, que ya ha anunciado que el primer tema que resolverá con absoluta prioridad será el recurso presentado por el PP de Mariano Rajoy hace la friolera de 12 años sobre la ley del aborto. Los populares abogan por cambiar la actual ley de plazos de 2010, aprobada durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, por la de supuestos de 1985.
PP y Vox quieren situar conscientemente el debate en el verbo empleado (obligar, instar, aconsejar, informar…) para cuestionar de nuevo los derechos adquiridos por la mujer
La cúpula del PP, muy molesta en apariencia con la gestión que el partido en Castilla y León ha escenificado con esta nueva polémica generada por su socio de gobierno en esta comunidad, ha optado finalmente por tirar por el camino de la ambigüedad en un tema que supuestamente no le interesa pero que realmente es prioritario en su ADN político. Tanto es así que los populares han presentado un total de 184 enmiendas a la nueva ley del aborto aprobada el pasado diciembre en el Congreso de los Diputados y que actualmente se tramita en la Cámara Alta. La tercera reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva salió adelante con 190 votos a favor, 154 en contra y cinco abstenciones.
El PP se opone frontalmente, entre otros aspectos, a la baja por reglas incapacitantes, al reparto de anticonceptivos gratuitos o productos de higiene menstrual y sobre todo a la bajada a los 16 años para permitir un aborto sin consentimiento paterno.
PP y Vox, unidos en la ideología ultracatólica
Mientras tanto, el tira y afloja generado en la comunidad de Castilla y León no es más que una caja de resonancia con fines mucho más elevados para ambas formaciones conservadoras, supuestamente en disputa por un terreno que, en la práctica, comparten sin grandes fricciones ideológicas, prácticamente ninguna.
De ahí que tanto PP como Vox han querido situar conscientemente el debate en el verbo empleado, en una estrategia en suma tan simplista como oportunista: obligar, instar, aconsejar, informar… Pero realmente están poniendo el foco de nuevo en la mujer y cuestionando una vez más sus derechos fundamentales adquiridos legalmente a lo largo de los años. Porque en el fondo se trata de eso, de limitar a toda costa su derecho a decidir. Una vez más.