El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley por el que extiende y prorroga las medidas extraordinarias sobre vivienda, transporte, impuestos y precios energéticos. Estos beneficios se adoptaron para hacer frente a la pandemia de la Covid-19 y también para hacer frente a la subida desbocada de los precios de los alimentos debido a la subida de la inflación, derivada de la guerra de Ucrania.
La prórroga de estas medidas
La prórroga de estas medidas llega tres días antes de que caducaran el próximo 30 de junio. El Gobierno de coalición adopta la forma de “un decreto ley ómnibus”, que contará con el visto bueno de la Diputación Permanente del Congreso.
Con la forma de “un decreto ley ómnibus” en el Gobierno quiere que cuando empiece la campaña, no interferir en las mismas, por eso ha provechado para sacar adelante otras medidas anunciadas en los últimos días, como la rebaja fiscal por la compra de vehículos eléctricos.
Se acaba con la prórroga extra de los alquileres
Dentro de las medidas relacionadas con la vivienda, el real decreto prorroga las medidas antidesahucios que perfiló durante la configuración del denominado escudo social de la pandemia, y que consiste en suspender las expulsiones de hogares vulnerables.
“Indignante es poco" afirman en Sumar
La no aprobación de la prórroga extraordinaria de seis meses a la que desde marzo de 2020 podían acogerse los inquilinos a los que se les acababa el contrato de alquiler ha provocado un fuerte malestar en Sumar.
Desde Sumar, la portavoz de Vivienda, Alejandra Jacinto ha mostrado su indignación por la medida, una decisión que causará estragos en miles de personas que viven de alquiler.
En un hilo de Twitter, Jacinto denuncia que ha sido “la parte socialista del Gobierno acaba de tumbar la medida que permitía prorrogar los contratos de alquiler durante 6 meses que evitaba subidas abusivas de precios y desahucios. Una decisión que causará estragos en miles de personas que viven de alquiler. Indignante es poco”.
Y continúa: “Sobre todo, teniendo en cuenta que la voluntad política de muchos gobiernos autonómicos es la de no regular los precios de los alquileres. Esta era una medida que permitía que los inquilinos no sufrieran subidas abusivas y por tanto elegir entre asumir la subida o irse”.
No hay justificación para no prorrogar los alquileres
Para la portavoz de Vivienda en Sumar, señala que no hay justificación para no prorrogar la medida salvo proteger al rentismo. De hecho, el Gobierno, justificó su ampliación el pasado mes de diciembre así: “Con el fin de evitar aumentos abusivos de los precios del alquiler, se prorroga automáticamente la duración del contrato de alquiler por un periodo máximo de seis meses durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos en el contrato en vigor”.
Jacinto concluye: “El fin de evitar aumentos abusivos de los precios de los alquileres debería seguir vigente para cualquiera que quiera proteger a la gente frente a la vorágine especulativa en la que estamos inmersos”.
La medida se fue prorrogando hasta junio de 2023. Pero desde la parte socialista del Ejecutivo creen que “en la circunstancia actual, reclamar la urgente necesidad [de esa prórroga extraordinaria de los alquileres] es más complicado”.
De todas formas, quienes ven acabarse su contrato hasta el 30 de junio tienen derecho a pedir esos seis meses de prórroga extra, con lo que esta seguirá desplegando efectos hasta diciembre (para quienes lo hayan pedido este mes).
Además, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece un mínimo de cuatro meses en la comunicación del propietario al inquilino para recuperar la vivienda cuando se acaba el contrato (a los tres años si el alquiler se firmó con la norma que aprobó el PP; y a los cinco años, siete si el arrendador es una empresa, si se firmó tras la reforma del 1 de marzo de 2019) porque de lo contrario el contrato entra en una prórroga obligatoria.
Los inquilinos siempre tienen un mínimo de cuatro meses para buscar otro alojamiento, aunque en la práctica, no siempre se cumple.
Paralización de desahucios
Si la prórroga extraordinaria ha puesto sobre la mesa una nueva discrepancia entre los socios del Ejecutivo, en lo que sí ha habido acuerdo es en prorrogar las medidas antidesahucios de la pandemia. Estas suponen suspender la expulsión de una familia de su hogar cuando acredita las condiciones de vulnerabilidad económica y la imposibilidad de encontrar una vivienda.
Estos supuestos se extienden a algunos supuestos penales (estos procesos pueden ir por vía civil o penal) cuando hay situaciones de víctimas de violencia de género, menores o dependientes en un hogar. Y nunca en supuestos de okupación de la vivienda habitual o la segunda residencia de una persona.
El Gobierno, en este caso, justifica la prórroga porque la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada a finales de mayo, no ha podido desplegar todavía sus efectos. Esa norma, en realidad, recoge el mismo espíritu de las medidas antidesahucios que se pusieron en marcha con la covid-19.
Lo que dice la ley sobre la prórroga de los contratos
Pero exige el requisito de que las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en vivienda, desplieguen un servicio de mediación y arbitraje para buscar alternativa a las familias que van a ser expulsadas de su casa.
El decreto, según las fuentes consultadas, hará que esa obligación autonómica de mediar en los desahucios tenga efectos a partir del 1 de enero de 2024. “Esos seis meses dan margen para establecer esas medidas”, argumentan en el Ejecutivo, que dice que “preocupaba” que decayeran las normas actuales sin tener todavía engrasada la nueva ley, lo que podría haber dejado desprotegidos durante un tiempo a muchos hogares que se enfrentan a un desahucio.
