El último episodio de tensiones entre el Gobierno español y el Poder Judicial ha surgido a raíz de las declaraciones de Teresa Ribera, vicepresidenta segunda del Gobierno, respecto al juez Manuel García-Castellón, quien instruye la causa de Tsunami Democràtic. Las críticas de Ribera han sido interpretadas como una acusación de parcialidad y prevaricación por parte del juez, desencadenando fuertes respuestas y polarización en el ámbito político.
Las críticas de Teresa Ribera
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Teresa Ribera, expresó su respeto por los representantes del poder judicial, pero rápidamente añadió que “algunas personas en esa posición tienden a pronunciarse siempre en la misma dirección y en momentos políticamente oportunos”. La crítica al juez García-Castellón se centró en su auto del jueves, donde se apreciaban indicios de delitos de terrorismo por la convocatoria de una acampada y una manifestación de Tsunami Democràtic antes de las elecciones generales de noviembre de 2019.
Preguntada por el asunto en TVE, Ribera ha subrayado su respeto por los representantes del poder judicial, los jueces y magistrados, pero a continuación ha afirmado que ese respeto “no impide ver que algunas personas que ostentan esa representación institucional del poder judicial tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección.
Respuesta aireada del Partido Popular a Teresa Ribera
El portavoz del PP, Borja Sémper, interpretó las palabras de Ribera como una escalada en el ataque del Gobierno a la división de poderes. Acusó a la vicepresidenta de señalar al magistrado por prevaricación, subrayando la gravedad de estas acusaciones y su impacto en el equilibrio institucional.
Sémper denunció la supuesta injerencia del Gobierno en el Poder Judicial, vinculándolo con la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, destacó la importancia de defender a los jueces de cualquier intento de interferencia, especialmente proveniente de actores políticos.
El Gobierno que respeta las decisiones judiciales “aunque no las comparta”
Las fuentes del Gobierno respondieron enfatizando que, aunque respetan las decisiones del Poder Judicial, pueden no compartirlas en ocasiones. Se refirieron específicamente al caso Tsunami, donde el juez García-Castellón insistió en acusar de delitos de terrorismo a Carles Puigdemont, a pesar de la oposición de la Fiscalía.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha censurado las palabras de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, sobre el juez García-Castellón y ha exigido que “de manera tajante, el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno desautoricen las declaraciones”. “Si no lo hacen, son ellos quienes con su silencio están asumiendo que hay lawfare, y que los jueces prevarican. Esas declaraciones deben ser desautorizadas”, ha afirmado Gamarra. “Quien está asumiendo que los jueces prevarican es el propio Gobierno de España.
Gamarra ha defendido que con las palabras de Ribera el Ejecutivo está defendiendo “el discurso” de sus socios. “La vicepresidenta ha dado un paso más, acusando de manera directa al poder judicial y a un juez de prevaricar, de no ser imparcial”, ha afirmado Gamarra. “Vemos así que el Gobierno asume el discurso independentista”.
Además, acusaron al PP de intervencionismo en el Poder Judicial, mencionando el bloqueo a la renovación del CGPJ y el intento de controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Defendieron la independencia de los jueces y magistrados ante cualquier injerencia.
ERC “comparte” las críticas del Gobierno a la actuación del juez García-Castellón
ERC se alineó con las críticas del Gobierno hacia García-Castellón, compartiendo la opinión de que el juez tiene una obsesión política contra el independentismo. Marta Vilalta de ERC denunció la supuesta politización del juez en el contexto de un conflicto político que, según ella, debería resolverse políticamente.
Miguel Tellado, del PP, preguntó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, si las declaraciones de Ribera representan realmente una defensa de los jueces. El PP acusó al Gobierno de asumir el discurso independentista y de cuestionar el sistema judicial.
El enfrentamiento entre el Gobierno y el Poder Judicial, personificado en las críticas de Teresa Ribera al juez García-Castellón, refleja una vez más la profunda polarización política en España. La controversia destaca la creciente desconfianza entre los actores políticos y judiciales, exacerbada por casos relacionados con el independentismo catalán y el manejo de las instituciones.
Tensiones entre el PP y el Gobierno
La acusación de prevaricación lanzada por Ribera ha intensificado las tensiones y ha llevado al PP a denunciar una supuesta interferencia del Gobierno en el Poder Judicial. En medio de estas disputas, la renovación del CGPJ y la independencia del sistema judicial se han convertido en puntos cruciales de debate, evidenciando la complejidad de mantener un equilibrio institucional en un contexto político tan dividido. La gestión de estos desafíos determinará en gran medida la salud de las instituciones democráticas en España.
Gamarra exige una "rectificación inmediata" al Gobierno
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha censurado las palabras de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, sobre el juez García-Castellón y ha exigido que “de manera tajante, el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno desautoricen las declaraciones”. “Si no lo hacen, son ellos quienes con su silencio están asumiendo que hay lawfare, y que los jueces prevarican. Esas declaraciones deben ser desautorizadas”, ha afirmado Gamarra. “Quien está asumiendo que los jueces prevarican es el propio Gobierno de España.
Gamarra ha defendido que con las palabras de Ribera el Ejecutivo está defendiendo “el discurso” de sus socios. “La vicepresidenta ha dado un paso más, acusando de manera directa al poder judicial y a un juez de prevaricar, de no ser imparcial”, ha afirmado Gamarra. “Vemos así que el Gobierno asume el discurso independentista”.