El Partido Popular decidió ayer volver a castigar a los españoles con una intervención en rueda de prensa de Miguel Tellado en el Congreso de los Diputados.
Las intervenciones de Miguel Tellado están escritas con barro en folios de estraza. De su boca no sale una sola propuesta. Es un parlamentario inédito en la proposición de alternativas políticas, solo llamado a alimentar la polarización que pretende el Partido Popular. La falta de propuestas concretas por parte de Tellado refleja la estrategia del PP de mantenerse en el bloqueo en lugar de buscar soluciones.
Miguel Tellado ha vuelto a anunciar que el Partido Popular no tiene ningún interés en despolitizar la Justicia como se propone desde el Gobierno de España y el PSOE. Tellado anuncia que su bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) continuará. Más de 2000 días, y la posición del PP sigue siendo la de mantener secuestrado el CGPJ. Esta postura intransigente mantiene paralizado un órgano esencial para el buen funcionamiento del sistema judicial español.
La mano derecha de Alberto Núñez Feijóo ha puesto voz a la posición de su jefe. Mientras de ellos dependa, no volverá la normalidad a la Justicia de nuestro país. Esta negativa a colaborar pone en evidencia la falta de compromiso del PP con el cumplimiento de la Constitución y con la necesidad de renovar el CGPJ.
El PSOE está dispuesto a seguir hablando con el Partido Popular para proceder a la renovación del CGPJ, pero el día de la marmota tiene que terminar. El Partido Popular tiene que cumplir la Constitución. El Partido Popular debe cumplir las leyes de nuestro país y levantar su veto a una renovación que está provocando graves perjuicios a los españoles.
El coste anual del bloqueo supone 12,5 millones de euros para las arcas públicas
El Gobierno tiene que reforzar el Tribunal Supremo para evitar su colapso. Por cada año que no se renueva el CGPJ, el Tribunal Supremo acumula mil asuntos de retraso. Permanecen sin cubrir 26 plazas del Tribunal Supremo (más del 30%) y 72 de los tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Se ha paralizado la carrera profesional de cientos de jueces y magistrados.
Por ello, las principales asociaciones judiciales, conservadoras y progresistas, han exigido la renovación inmediata. Todo esto es lo que está provocando el Partido Popular con su enésima negativa a lo largo de la democracia a renovar el CGPJ. El impacto del bloqueo se extiende a todos los niveles del sistema judicial, afectando la eficiencia y la justicia en el país.
Un bloqueo que vulnera la Constitución y perjudica a los españoles
El Partido Popular, bajo la dirección de Feijóo, sigue obstruyendo la renovación del CGPJ, ignorando la obligación constitucional de hacerlo cada cinco años. Este bloqueo, disfrazado de una defensa de la independencia judicial, es en realidad un intento de mantener el control sobre un órgano clave para el sistema de justicia. Pedro Sánchez ha dado un ultimátum a Feijóo para que acuerde la renovación del CGPJ antes de fin de mes, advirtiendo que, de lo contrario, reformará la ley para cambiar las atribuciones del órgano de gobierno de los jueces. Sánchez ha subrayado que el bloqueo del PP es un "incentivo perverso" para seguir controlando el órgano judicial.
La Comisión Europea como mediadora
A pesar de un acuerdo previo para que la Comisión Europea mediara en la renovación del CGPJ, las negociaciones no han avanzado. Reuniones entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, con la presencia del excomisario de Justicia Didier Reynders, no han logrado destrabar el estancamiento. Este estancamiento evidencia la falta de voluntad del PP para llegar a un acuerdo y su estrategia de obstrucción.
El planteamiento del PSOE es claro: cumplir con la Constitución
Sánchez ha insistido en que la postura del PP de "dejar todo como está no es válida". El Gobierno busca garantizar la independencia judicial mediante una renovación del CGPJ que cumpla con los principios constitucionales y elimine la politización del órgano. La posición del PSOE se mantiene firme en la necesidad de cumplir con las normas constitucionales y asegurar un sistema judicial independiente y eficiente.
Un intento de controlar a los jueces
El PP acusa a Pedro Sánchez de intentar "controlar a los jueces", pero es el PP quien se ha beneficiado del control prolongado de un órgano judicial que debería ser renovado conforme a la Constitución. "Nos sentaremos con la persona que designe la Comisión cuando nos diga la Comisión", han afirmado fuentes del PP, mostrando una disposición a negociar que hasta ahora no se ha traducido en acciones concretas.
Garantizar la independencia judicial: una prioridad para Sánchez
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que su partido "sigue abierto" a un acuerdo para renovar el CGPJ si hay "garantías" para reforzar la independencia judicial. Sin embargo, las acciones del PP hasta la fecha indican lo contrario. La postura del PP no ha cambiado y sigue siendo un obstáculo para la renovación del CGPJ.
Guilarte pide a Sánchez que su propuesta de renovación del órgano no implique una injerencia del Gobierno
El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha enviado este jueves “a título personal” a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado su propuesta de modificación del sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Con ella pretende desbloquear la renovación del CGPJ, cuyo mandato caducó hace más de cinco años, y sortear así la parálisis en la negociación entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, cuyo consenso es necesario para acordar esa renovación.
Guilarte da la bienvenida a Pedro Sánchez al “círculo” de quienes creen que el problema radica en la fórmula de elección de la cúpula judicial, y consideran necesario someterlos a los principios de mérito y capacidad. Pero advierte de que los nombramientos “deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada en el art. 122.2 CE”; y añade que “no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta”.
El jurista rechaza que la solución implique regresar a los tiempos, previos a la actual ley orgánica, en los que los nombramientos los hacía el Ministerio de Justicia. Guilarte pide a Sánchez que abandone su “relativa ambigüedad”. “No tiene sentido alguno volver a épocas pasadas, si bien con distintos protagonistas. Ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente, es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo”, señala.
Cumplir con la Constitución y renovar el CGPJ es esencial para la salud democrática de España y para garantizar una verdadera independencia judicial. El bloqueo del PP es un grave perjuicio para el país, y es imperativo que esta situación se resuelva de inmediato para el bien común y el funcionamiento adecuado del sistema judicial español.