La denuncia de Manos Limpias contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, es una sarta de recortes de prensa, algunos de ellos falsos, tal como ha reconocido la propia asociación dirigida por Miguel Bernard. Esta acción, que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tomarse cinco días de reflexión para decidir si dimite o continúa en su cargo, se fundamentó en informaciones periodísticas, según ha admitido este jueves la organización, y es ahora el juez quien debe comprobar si son ciertas.
Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya ha dejado claro que este tipo de denuncias y querellas, elaboradas deprisa y corriendo, con escasa calidad jurídica y basadas exclusivamente en titulares periodísticos, no deben ser admitidas a trámite, ya que carece de una mínima verosimilitud. Así lo ha asegurado el magistrado Joaquim Bosch, que recuerda que el Alto Tribunal sentó esta jurisprudencia precisamente en asuntos llevados a los tribunales por el propio sindicato Manos Limpias. Los antecedentes son relativamente recientes en el tiempo. Así, “la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó el pasado 2 de febrero una querella que interpusieron Vox y su sindicato, Solidaridad, contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacando que la jurisprudencia establece que el juez puede y debe decretar la inadmisión de la querella (...) cuando no se ofrecen datos o elementos fácticos que indiciariamente pudieran aparecer como constitutivos de los delitos que se imputan en el escrito de querella, no sirviendo a este efecto la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación”, informa El Periódico de España.
Según este diario, la querella formulada por Solidaridad y Vox se dirigía contra el ministro de Interior, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y contra diferentes agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que habían cargado contra los manifestantes que se habían concentrado frente a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Se les acusaba, basándose en “notas de prensa, fotografías y vídeos de tales actos”, de los delitos de prevaricación, tortura y lesiones, entre otros.
Bernad, absuelto por el Tribunal Supremo tras ser condenado por la Audiencia Nacional por extorsionar a bancos y empresas, asegura que tuvo conocimiento a través de varios diarios digitales de una serie de informaciones que daban cuenta de presuntas irregularidades que pudieran ser delictivas.
Manos Limpias, el autodenominado sindicato que ha presentado la denuncia contra Begoña Gómez, añade en su comunicado que, si las informaciones contra la esposa del presidente no son ciertas, corresponderá a quienes las publicaron “asumir la falsedad”, pero en caso de que sí lo sean, entiende que la causa judicial “deberá proseguir”.
La denuncia de Bernad, por la que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, incluye noticias publicadas por varios medios de comunicación. Bernad plantea que, al ver que la Fiscalía “no actuaba de oficio” decidió denunciar para que un juzgado “comprobara la veracidad de las mismas” y asegura que ha ejercido “un derecho y un deber ciudadano”.
En el comunicado, el dirigente de Manos Limpias tilda de “inaceptable” la reacción de Sánchez, que “en vez de dar las pertinentes explicaciones acerca de si las informaciones sobre su mujer son ciertas”, les tacha de “organización ultraderechista” y da a entender que forman parte “de una campaña derechista contra él, lo cual es falso”.
También carga contra la que denomina como “prensa progubernamental”, que según afirma, se ha dedicado a insultarle, “olvidando” que fue absuelto por parte del Tribunal Supremo, y asegura que la Audiencia Nacional no afirmó que él se llevara “ni un céntimo de euro de actividad ilícita alguna”. Dichas informaciones sobre su persona y sobre Manos Limpias, agrega en el comunicado, son “difamatorias” y “en algunos casos calumniosas”.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo le absolvió tras la sentencia de la Audiencia Nacional, que lo había condenado a cuatro años de prisión como cooperador necesario de dos delitos de extorsión cometidos junto al responsable de Ausbanc, Luis Pineda.