El Consejo de Europa vuelve a presionar a España para que refuerce sus mecanismos anticorrupción. En un informe publicado este miércoles, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) alerta sobre la falta de avances sustanciales en la regulación de los conflictos de interés, las puertas giratorias y el papel de los lobbies. Aunque reconoce algunos pasos en la dirección correcta, critica duramente la “pobre implementación” de las recomendaciones formuladas en 2019.
GRECO, organismo creado en 1989 para mejorar la capacidad de los países europeos en la lucha contra la corrupción, lamenta que España solo haya cumplido parcialmente 13 recomendaciones, y que seis sigan sin aplicarse en absoluto. Como consecuencia, ha activado un procedimiento de incumplimiento y exige al Gobierno español que rinda cuentas en su próxima sesión plenaria, prevista para junio en Estrasburgo.
El informe incide especialmente en la falta de medidas específicas dirigidas a altos cargos del Ejecutivo, quienes, por su rol político y su constante interacción con el sector privado, enfrentan riesgos singulares de corrupción. Aunque el Gobierno ha implantado herramientas de control en la Administración General del Estado, no existe una estrategia concreta para este grupo de funcionarios.
GRECO también exige mayor transparencia en las agendas, salarios y perfiles de los asesores gubernamentales, a quienes deberían aplicarse los mismos estándares éticos que a los altos cargos. Además, critica que la regulación sobre lobbies sigue siendo inexistente, pese a que se intentó tramitar un anteproyecto de ley que quedó paralizado por la convocatoria electoral de 2023.
En relación con las puertas giratorias, el informe recalca que no basta con imponer una espera de dos años antes de que un alto cargo pueda trabajar para un grupo de presión. La recomendación, insiste GRECO, es “mucho más ambiciosa” y exige medidas estructurales para evitar conflictos de interés tras el paso por la política.
Otro de los puntos delicados es el de los aforamientos, un privilegio que, según el Consejo de Europa, puede entorpecer el enjuiciamiento penal de miembros del Gobierno implicados en casos de corrupción. Aunque el Ejecutivo ha alegado que su eliminación requeriría una reforma constitucional con amplio consenso parlamentario, GRECO insiste en la urgencia del debate.
También se reclaman mejoras en la declaración de bienes de los altos cargos, en especial en lo referente a actividades externas, deudas y patrimonio de familiares a su cargo. Y se advierte sobre la necesidad de reforzar la independencia y dotación presupuestaria de organismos clave como la Oficina de Conflictos de Intereses y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Pese a la crítica general, el informe sí reconoce algunos avances, como la implementación del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE), que introduce evaluaciones de riesgo, un código ético y formación en integridad. Además, valora positivamente la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales y los esfuerzos para fomentar la igualdad de género en los cuerpos de seguridad.
No obstante, la conclusión del GRECO es clara: España necesita dar pasos firmes y decididos si quiere cumplir con los estándares europeos en materia de transparencia, ética pública y lucha contra la corrupción.