En una nueva escalada retórica, Alberto Núñez Feijóo ha deslizado la posibilidad de expulsar de España a inmigrantes con residencia legal si cometen “determinados delitos”, sin especificar cuáles. Un planteamiento que inquieta por su ambigüedad, su carga punitiva y su uso político de colectivos vulnerables en lugar de apostar por políticas integradoras y eficaces.
Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a elegir el camino del endurecimiento discursivo para apuntalar su liderazgo en el Partido Popular. Esta vez, el blanco han sido los inmigrantes que viven en España de manera regular, a quienes ha situado bajo la amenaza de expulsión si cometen “determinados delitos”, sin aclarar ni la naturaleza ni la gravedad de los mismos. Una ambigüedad calculada que, lejos de contribuir al debate sereno sobre migraciones, proyecta una sombra inquietante sobre miles de personas que viven, trabajan y cotizan en nuestro país.
En una entrevista en Cuatro, el líder de la oposición recuperó viejos lugares comunes: criminalizar la inmigración, mezclar categorías jurídicas y agitar el miedo como palanca política. “Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata; cuando es regular, depende del delito que cometa”, afirmó, abriendo así la puerta a reinterpretar garantías básicas del Estado de Derecho, como el principio de igualdad ante la ley o la reinserción frente a la exclusión.
Feijóo enmarca esta propuesta en un supuesto ejercicio de "realismo", contrapuesto a lo que él llama “buenismo” y una “falta de política inmigratoria” por parte del Gobierno. Pero no es realismo lo que se adivina tras su discurso, sino una regresión preocupante, que cuestiona derechos consolidados y alimenta una narrativa que asocia migración con delincuencia, sin sustento empírico ni voluntad de matices.
Medidas simbólicas, consecuencias reales
Consciente de la escasa tracción legal de su planteamiento, Feijóo opta por el ruido. “Debemos replantearnos si determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben hacerlo en el futuro”, sostuvo, sin aportar cifras, contextos ni ejemplos. En cambio, sí abundó en cifras de llegadas irregulares y en tópicos ya conocidos: “vivir ordenadamente”, “aceptar los valores del país”, “cumplir como los españoles”. Un discurso que resuena con fuerza entre quienes temen más de lo que saben, pero que deja en la intemperie a quienes ya han echado raíces en una sociedad plural y democrática.
Las consecuencias de estas declaraciones no son abstractas. Quienes más padecen estas posiciones son las personas migrantes —especialmente mujeres, menores y quienes ejercen trabajos precarios—, que enfrentan un doble juicio: el legal y el social. A la exigencia legítima de respetar las leyes, Feijóo añade ahora la amenaza de convertir cualquier traspié en un billete de salida. Una lógica que no se aplica a ciudadanos españoles, pero que parece válida cuando el objetivo es alimentar sospechas y reforzar el control.
De la Constitución a la excepción
Lo más paradójico es que Feijóo apela una y otra vez a los valores constitucionales, mientras promueve un enfoque que erosiona pilares fundamentales como la no discriminación, la proporcionalidad penal o la tutela judicial efectiva. Habla de “cumplir como los españoles”, pero plantea para los inmigrantes legales una penalización extra, basada no en el delito sino en su origen. ¿Qué concepto de ciudadanía se desprende de este doble rasero?
En ningún momento el líder del PP alude a medidas de prevención, integración o apoyo. Tampoco menciona la contribución económica y demográfica que suponen los flujos migratorios, o las dificultades de acceso a derechos básicos como la vivienda o la sanidad. Solo hay punición, sospecha y exclusión, revestidas de legalismo impreciso y apelaciones al orden.
Una retórica más cercana a Orbán que a Merkel
Lejos de propuestas centradas en la convivencia, la cohesión o la gestión humanitaria de las migraciones, el PP de Feijóo se desliza por una pendiente que recuerda más a Viktor Orbán que a Angela Merkel. Sin nombrarlo, su discurso recoge los postulados de la extrema derecha: seguridad selectiva, criminalización étnica y meritocracia identitaria.
La inmigración no es un problema, sino un desafío que requiere rigor, empatía y responsabilidad institucional. La opción de Feijóo, sin embargo, es la de convertir ese desafío en una herramienta electoralista, sin reparar en los daños colaterales: personas que sienten peligrar su proyecto de vida, familias que se invisibilizan, comunidades enteras que vuelven a ser chivos expiatorios.