El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un paso decisivo hacia el consenso político en su respuesta a la amenaza arancelaria lanzada por Estados Unidos. El real decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros incorpora propuestas del Partido Popular, y el Gobierno se muestra confiado en que este gesto facilite su convalidación en el Congreso. Las conversaciones siguen abiertas y se busca una respuesta conjunta y de país a un desafío con graves implicaciones económicas.
Medidas conjuntas para proteger a las empresas españolas
Entre las medidas ya integradas en el real decreto figura el refuerzo de instrumentos para la internacionalización, con un aumento de 220 millones de euros respecto al borrador inicial. Este incremento tiene como objetivo ayudar a las empresas afectadas por los aranceles a encontrar mercados alternativos. También se ha aceptado la propuesta del PP de que el Ejecutivo comparezca trimestralmente en el Parlamento para rendir cuentas sobre la evolución de estas políticas.
Asimismo, el decreto extiende hasta finales de 2025 la moratoria contable para empresas que aún sufren las secuelas de las pérdidas registradas en los años de pandemia. Aunque inicialmente el Gobierno apostaba por prorrogarla por dos años, ha accedido a acortar el plazo tras las demandas del PP, estableciendo un horizonte de revisión al término del presente ejercicio.
Diálogo abierto y responsabilidad compartida
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha subrayado que este decreto constituye una primera fase dentro de una estrategia que continuará desarrollándose con aportaciones de diversos grupos parlamentarios. El Gobierno ya trabaja en nuevas medidas pendientes de definir, como las condiciones de los avales ICO, y se compromete a mantener una comunicación constante con todos los actores implicados.
Este jueves, el Ejecutivo ha convocado una reunión de la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, a fin de incorporar su voz en el diseño de estas políticas. El Gobierno valora especialmente el tono constructivo de las conversaciones con el PP y sostiene que ninguna propuesta ha sido descartada: todas siguen sobre la mesa.
Fuentes gubernamentales expresan su deseo de que el PP dé finalmente su apoyo a la convalidación del decreto, convencidos de que el alcance de la amenaza arancelaria amerita una respuesta alejada de intereses partidistas. En este contexto, el Ejecutivo apela a la altura de miras y al sentido de Estado del principal partido de la oposición, al que recuerda que se está ante un desafío que trasciende la confrontación política y afecta directamente a la economía y el empleo en sectores clave del país.
No obstante, también insisten en que la unidad que se pretende construir debe ser coherente en todos los niveles, y en este sentido, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha advertido de que sería contradictorio apostar por el consenso europeo mientras se mantienen pactos con Vox en gobiernos autonómicos.
El Gobierno considera que esta crisis puede marcar un punto de inflexión en la política nacional: una oportunidad para dejar de lado la polarización y actuar con responsabilidad compartida, en favor de una solución realista y eficaz que proteja a las empresas españolas frente a decisiones unilaterales tomadas desde Washington.