El Ejecutivo central subraya su disposición a incluir en el orden del día de la Conferencia de Presidentes todos los asuntos reclamados por las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular. Sin embargo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, alerta de que el tiempo será limitado y que algunas cuestiones podrían quedar fuera del debate efectivo.
En un clima político marcado por la desconfianza y la tensión interterritorial, el Gobierno ha puesto en valor su “esfuerzo” para mantener viva la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes en Barcelona. Desde la sede del Ministerio de Política Territorial, el ministro Ángel Víctor Torres compareció ante los medios para explicar que el Ejecutivo ha accedido a incluir todos los temas exigidos por las comunidades del PP, en un intento por desbloquear una cumbre que llegó a estar en entredicho.
“Se ha hecho un trabajo notable para alcanzar consensos y que nadie quede fuera del diálogo”, afirmó Torres, quien también advirtió que, a pesar de la voluntad integradora, “no se podrá hablar de todo” debido a las limitaciones de tiempo y la densidad de los asuntos planteados.
Temario ampliado
Según ha detallado el ministro, el orden del día incluye hasta 16 puntos, muchos de ellos interrelacionados o pertenecientes a un mismo eje temático. A las demandas del PP se han añadido temas planteados por otras comunidades, como las infraestructuras, la migración y el modelo energético, propuestas especialmente defendidas por Canarias.
En ese sentido, Torres ha insistido en que cada presidente autonómico pondrá sobre la mesa las preocupaciones más acuciantes de su territorio, una postura que ha sido refrendada en los contactos bilaterales previos entre Pedro Sánchez y los mandatarios regionales. El presidente del Gobierno, añadió, intervendrá sobre los temas que constituyen “un denominador común” entre las autonomías.
Del rechazo inicial al acuerdo reformulado
El origen de las fricciones está en la reunión preparatoria de la Conferencia, donde las comunidades del PP rechazaron el borrador inicial del orden del día presentado por el Gobierno. Aunque Moncloa había accedido a incorporar algunos temas, los populares alegaron que quedaban fuera cuestiones clave como las competencias sobre fronteras o las reformas legales en materia de Justicia.
A este respecto, Torres explicó que finalmente se ha logrado un entendimiento, gracias a que las comunidades del PP “reformularon” sus solicitudes, adaptándolas al marco competencial de la Conferencia. Así, aunque no todos los temas podrán ser abordados en profundidad, sí estarán sobre la mesa, algo que para el ministro representa “un paso hacia adelante” y un ejercicio de voluntad política.
El reto de fondo, el consenso
“No se trata solo de hablar, sino de buscar acuerdos”, recalcó el ministro, quien no descartó que de la cita surjan compromisos concretos para el futuro. Consciente de las diferencias de criterio entre las comunidades, Torres se mostró optimista ante la posibilidad de avanzar hacia posiciones comunes, si bien evitó hablar de grandes pactos.
La cumbre de Barcelona, marcada por su complejidad y simbolismo, se convierte así en una prueba de fuego para la cooperación territorial en un contexto nacional polarizado. El Ejecutivo, por su parte, reivindica su papel como catalizador del diálogo, aunque sabe que la última palabra la tendrán, como siempre, los hechos.