Ha llegado el momento de que el novio de Ayuso dé la cara. Hasta hoy, Alberto González Amador había estado en la sombra, callado, guardando un elocuente silencio, mientras otras personas, su pareja y el asesor Miguel Ángel Rodríguez (MAR), entre ellas, se la jugaban por él. Amador tendrá que comparecer ante la jueza el próximo día 24 de febrero. Y ahí ya se acabaron las performances, los montajes, las coartadas, la retórica hueca y vacía. Tendrá que explicarse, por fin, sobre los dos supuestos delitos fiscales a los que se enfrenta. Si se declara inocente, tendrá que ir a juicio, donde se jugará un póquer definitivo con la posibilidad de terminar en la cárcel; si asume las imputaciones, la inmensa mentira construida por Ayuso y su asesor, y la imagen de hombre honrado e inocente que le han construido, caerán como un castillo de naipes. El tiempo del bulo se ha terminado.
Será entonces cuando la verdad resplandecerá con toda su fuerza. Será entonces, en el caso de que acepte un pacto con la Justicia, cuando quedará meridianamente claro que hubo un acuerdo de conformidad entre su abogado y el fiscal para rebajar penas (un acuerdo que fue propuesto por el letrado, no por la Fiscalía tal como aseguró MAR en ese inmenso bulo que ha terminado por desencadenar un terremoto político con caza de brujas incluida al fiscal general del Estado). Y, por supuesto, será un balón oxígeno para Álvaro García Ortiz, el máximo responsable del Ministerio Público que ha terminado siendo imputado por revelación de secretos por difundir una nota de prensa con la que no hacía sino tratar de aclarar todo este embrollo salido de la factoría de bulos MAR.
La jueza Inmaculada Iglesias ha citado a Amador como investigado en la causa contra él por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. Que se ande con cuidado la jueza, ya que todo aquel que se ha atrevido a tratar al novio de Ayuso como un “defraudador confeso” ha terminado haciendo frente a una querella por difamación. El clan Ayuso se siente impune (jueces muy poderosos los están respaldando en este feo asunto con el único propósito de salvar al soldado Ryan Amador, también a la lideresa madrileña) y no nos extrañaría nada que la magistrada Iglesias terminara sufriendo también la lluvia de querellas por enfrentarse a la parejita. La caza de brujas ha sido feroz, y ha afectado a todos aquellos políticos, periodistas y particulares que han osado llamar a las cosas por su nombre (por ejemplo defraudador a quien defrauda) sin dejarse atrapar por el mundo al revés de MAR y perdiendo el miedo a las formas de extorsión casi mafiosas de la pandilla ayusista.
“De esta manera, la magistrada Iglesias no atiende a la petición del fiscal del caso de llamar al investigado como muy tarde el próximo lunes, antes del viaje profesional programado del novio de la presidenta madrileña al extranjero. Una petición que también realizaron este jueves las acusaciones de Más Madrid y el PSOE”, asegura La Sexta.
Las declaraciones fijadas inicialmente para el 7 de febrero se suspendieron por cuarta vez al acreditarse que existía un señalamiento previo para ese mismo día en el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid. Además, se alegó que González Amador tenía un viaje profesional programado previamente al señalamiento entre los días 4 y 12 de febrero de 2025, siempre según la cadena de televisión privada.
Asimismo, la jueza expone que a la vista de las alegaciones que se formularon en dicho escrito, “se confirió traslado a las demás partes a fin de que alegaran sobre la petición de suspensión de las declaraciones hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso de apelación contra el auto que acordó abrir pieza separada” respecto a la pareja de Ayuso.
De este modo, según La Sexta, Iglesias no atiende a la petición de la Fiscalía en la que se solicitaba que el empresario declarase como tarde el próximo lunes, 3 de febrero, puesto que “el plazo de instrucción previsto (...) está próximo a agotarse sin que la misma haya comenzado”. Un plazo que expira el próximo mes de marzo, de ahí las prisas de la Fiscalía por que se tome declaración a Amador cuanto antes. Si bien la Fiscalía aclaraba que no era “imprescindible” que los otros cinco imputados en esta causa fueran citados para el mismo día. Precisamente, sobre uno de ellos solicitaba al Juzgado que “libre urgente oficio” para conocer su paradero. Se trata de Maximiliano Eduardo Niederer González, cuya defensa subraya la Fiscalía no ha “facilitado domicilio en el que pueda ser hallado”. Eso sí, no descarta pedir “medidas más contundentes para garantizar” que este ciudadano mexicano no sortease “la acción de la Justicia”.
En esa línea, también se pronunciaron durante la tarde de este jueves la acusación popular de Más Madrid y PSOE, quienes explicaron que “no hay causa legal que justifique no tomar ya declaración a los investigados, juntos o separados”. Y es más, insistían en que “debe tomárseles de forma inmediata para que la investigación avance, no se dilate más el procedimiento, y se evite o dificulte con el paso de tiempo la investigación necesaria objeto de la instrucción, sin más dilación”.
La citación se enmarca en el procedimiento en el que se investiga a Amador por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid, a raíz de un informe presentado por la Agencia Tributaria, añaden las citadas fuentes de La Sexta.
Ya se ha suspendido hasta en cuatro ocasiones las declaraciones fijadas. La primera fue el pasado 24 de junio, pero la misma fue aplazada a instancias de la acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid tras solicitar en un escrito que se investigaran cinco nuevos supuestos delitos a raíz de analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento. En octubre, la jueza acordó abrir una pieza separada para investigar si la pareja de Isabel Díaz Ayuso habría incurrido en la comisión de delitos distintos de los que ya se instruyen en la causa principal al usar una empresa para “ocultar unos ingresos” con el Grupo Quirón.
“La jueza aludió a un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria en 2021 por la que, presuntamente, habría utilizado una sociedad pantalla (Masterman S.L.) mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, empresa propiedad de González Amador, y su cliente, Quirón Prevención S.L.”, según La Sexta.