Cada cierto tiempo, el juez Peinado acusa a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, de un nuevo delito. Primero empezó a investigarla por el rescate de la compañía aérea Air Europa; después por tráfico de influencias al contactar con empresarios para organizar el famoso máster de la Universidad Complutense; más tarde de haberse apropiado de un software libre para ese curso y de utilizar a los asesores y funcionarios de Moncloa para sus actividades personales. La última es ese auto en el que acusa a la primera dama de malversación de caudales públicos. El magistrado más kamikaze al oeste del Manzanares sigue tirando contra el muñeco de feria a ver si le da.
En realidad, todos los delitos que ha ido probando hasta ahora, como conejos sacados de la chistera, no han podido ser acreditados. Y no solo eso. La Audiencia Provincial de Madrid ya le ha dicho que cuidado con caer en investigaciones prospectivas y que se ciña al objeto del procedimiento, que no es otro que probar si Gómez organizó un máster irregular (lo cual, hasta la fecha, todavía no ha logrado confirmar).
La instrucción del magistrado Peinado se estudiará en el futuro en las facultades de Derecho como ejemplo claro de lo que no debe hacer un juez. La ley prohíbe este tipo de sumarios indagatorios en los que el imputado no puede defenderse porque no sabe de qué se le acusa. Si cada semana el instructor se inventa un nuevo caso, la indefensión es más que evidente. Todo ello apoyado y con cobertura de la caverna mediática, que va contando al minuto cada nueva prospección anticonstitucional contra las personas investigadas.
Ahora el juez ha abierto una pieza separada para determinar si de la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa que asistía a la mujer del presidente del Gobierno, “pudiera desprenderse la comisión de un delito de malversación” de caudales públicos. Así lo expone el magistrado en el auto, en el que ha acordado tomar declaración como testigo el próximo 16 de abril a las diez de la mañana en su despacho oficial al ministro de la Presidencia, Justicia y de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, informa RTVE.
Al respecto de este interrogatorio, el juez precisa que, si bien Bolaños actualmente ostenta el cargo de ministro, “los hechos por lo que debe prestar su testimonio acontecieron cuando tenía la condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno”.
Por tanto, “al no ser los hechos conocidos por razón de su cargo actual, de conformidad con lo establecido en los artículos 412 y 413 de la Lecrim, se llevará a cabo dicha diligencia en su despacho oficial”. Explica Peinado que la decisión de abrir esta pieza separada se basa en la declaración que prestaron en su día Cristina Álvarez y el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González Gómez, la primera como investigada y el segundo como testigo. Ambos nombraron en sus comparecencias a Bolaños. En el caso de González Gómez, al ser preguntado por quién era su superior entonces.
El juez cuenta, además, según indica en el auto, con el informe de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno con, entre otros, la propuesta de nombramiento de Cristina Álvarez, las funciones encomendadas y lugar y condiciones de la prestación de servicios, remuneración recibida y aplicación presupuestaria. Cristina Álvarez negó ante el juez haberse servido de ese cargo –que desempeña desde julio de 2018– en su beneficio o de terceros, y rechazó haber intervenido en gestiones relacionadas con la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigió la mujer del presidente del Gobierno antes de su creación.
Por su parte, el exvicesecretario general de la Presidencia del Gobierno indicó que no conocía a Cristina Álvarez y que no puede recordar quién le dio sus datos, ya que, en esa época, cuando el primer Gobierno de Pedro Sánchez echaba a andar, tramitó cerca de un centenar de nombramientos.
El titular el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos –tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional– en una causa en la que también están imputados el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, el exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes, y Cristina Álvarez.
Félix Bolaños se ha convertido en el segundo miembro del Ejecutivo citado como testigo por el juez Peinado. El primero fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar –al afectar la causa a su pareja– el pasado julio, cuando el magistrado se desplazó al palacio de la Moncloa para interrogarle.