El tiempo se le agota al juez Peinado. Un año después de iniciarse la investigación, el magistrado no termina de encontrar pruebas concluyentes contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la que acusa de tráfico de influencias en la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid. No ha hallado un incremento patrimonial significativo en el patrimonio de la primera dama (fundamental para acusar a alguien de corrupción), los informes de la Guardia Civil siguen siendo negativos (no detectan nada raro en la conducta de Gómez) y en cuanto al tráfico de influencias con empresarios afines le está resultando complicado demostrarlo. Peinado tiene hasta el 16 de abril de 2025 (fecha que está a la vuelta de la esquina) para concluir la instrucción. Si no llega, tendría que decretar una prórroga hasta los 18 meses.
Todo ello explica por qué las acusaciones ultraderechistas personadas en la causa han solicitado una prolongación de al menos seis meses más. Según publica Moncloa, esta prórroga vendría dada por “la gran cantidad de datos y documentación pendiente de analizar de las diligencias practicadas y que deben aún realizarse”. Así lo han solicitado Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa, Manos Limpias, Asociación MRPE y Marco Antonio Caballero Rodríguez, los grupos neofranquistas que se quejan de que no les ha llegado respuesta del juzgado a las pruebas solicitadas.
Mientras tanto, la Audiencia Provincial de Madrid ya le ha dado varios tirones de oreja al magistrado instructor, primero cuando le dijo que no investigara el rescate de Air Europa, ya que no tenía nada que ver con el asunto del máster y podría incurrir en una investigación prospectiva, y después porque ordenó un registro ilegal en las oficinas del empresario Juan Carlos Barrabés, relacionado con Begoña Gómez. En general, el tribunal le ha dicho a Peinado que no abra nuevas líneas de investigación mientras “no surjan hechos relativamente nuevos y de signo incriminatorio y se motive la resolución judicial de esa investigación”. Esto es, que se ciña al caso del máster.
En este sentido, según Moncloa, las acusaciones populares apuntan que “la información adicional al Informe de la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] de la que salvo error no se nos ha dado traslado y que pudiera guardar relación con la eventual información relevante que señalaba la Audiencia Provincial, la prórroga es todavía más necesaria, así como el traslado de dichos anexos”, consideran en su escrito. Es decir, las partes le están pidiendo a Peinado que se meta en el caso Air Europa, un terreno lleno de arenas movedizas que la Audiencia Provincial le ha acotado, más bien vetado, taxativamente. De hacer caso el instructor a las acusaciones privadas, podría infringir la orden de un tribunal superior, lo que podría considerarse prevaricación.
Las partes personadas en el caso consideran que hay elementos suficientes para continuar las pesquisas sobre el rescate de Air Europa a raíz de informaciones periodísticas que apuntan que Víctor de Aldama (el empresario imputado en el sumario Koldo que estos días amenaza con tirar de la manta contra el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García) y Begoña Gómez conversaron sobre la operación. Por el momento, piden la declaración del comisionista y testigo de cargo, mientras instan a la remisión de toda la información adicional del Informe SEPI señalado en este escrito.
“A tenor de todo lo señalado, y siempre con el propósito de avanzar en la instrucción en la búsqueda de la verdad material, entiende esta parte que resulta necesario acordar prórroga de 6 meses”, piden las acusaciones al juez Peinado.
El juez Juan Carlos Peinado tiene ante sí una difícil encrucijada: se trata de archivar el caso o dar el paso definitivo que la Audiencia le ha negado hasta el momento. Y mientras se decide, ha acordado unificar las acusaciones populares y su actuación a través de una misma representación y defensa, que asumirá la letrada de Vox, Marta Castro, según informa El Debate. Es decir, a partir de ahora todas las acusaciones populares trabajarán bajo la coordinación de Vox, que centralizará las actuaciones. Esta decisión del juez de que sea Vox la organización política que lleve las riendas del asunto se interpreta en medios judiciales como un intento de restringir y controlar el margen de actuación de los demás grupos ultras. A Peinado hace tiempo que el caso se le fue de las manos, influido por unas organizaciones nostálgicas del régimen anterior cuyos abogados anteponen los intereses políticos al derecho penal.
En un auto dictado este lunes, el magistrado recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid estableció el pasado noviembre la defensa unificada de las acusaciones populares, pero señalaba que eran estas las que debían ponerse de acuerdo “en cuanto a la representación y dirección letrada común”. En caso de que no se llegara a ese acuerdo, Peinado advertía de que se nombraría como tal a la parte que se querelló primero.
“Resulta evidente que no han llegado a un acuerdo para la designación de una representación y defensa común a todas ellas, por lo que se nombrará como dirección y representación común a la parte que haya presentado querella primero y que al cumplir los trámites exigidos por la ley se tuvo por personada en primer lugar en el presente procedimiento y, por tanto, que actuó antes en el tiempo con representación y dirección letrada”, expone el juez.