La profusión y normalización del fraccionamiento de contratos sanitarios de la Junta de Andalucía “en fraude de ley” durante los años posteriores a la pandemia, pese a que la excepcionalidad de la norma estatal ya había sido derogada, está poniendo contra las cuerdas al ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, que tendrá que responder como investigado en un juzgado de Sevilla ante las acusaciones de prevaricación y malversación tras la denuncia del PSOE de Andalucía. El último dato conocido este martes arroja nuevas sospechas, fundadas en las propias auditorías de la Intervención de la Consejería de Hacienda. El Gobierno andaluz adjudicó presuntamente de forma irregular un total de 1.135 millones de euros en contratos sanitarios menores solo en el año 2021, según los datos de este departamento dependiente de la propia administración autonómica.
Intervención ha detectado que el 92% de un total de 1.223 millones en contratos sanitarios menores adjudicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) el citado año contiene “irregularidades e incumplimientos”, según adelanta Eva Saiz en El País. Mediante este sistema de contratación, la Junta podía seleccionar a un mismo proveedor de forma directa eludiendo los requisitos de publicidad y concurrencia pública. Las provincias de Sevilla y Málaga, las más pobladas, son las que concentran el mayor volumen de contratos de este tipo de toda la comunidad autónoma, según la citada información.
La Intervención de la Junta ha elevado hasta 18 informes desfavorables al ejecutivo andaluz relativos a todas las provincias de los ejercicios de los años 2020 y 2021, donde reitera que el sistema de fraccionamiento y contratos menores puesto en marcha por la Junta, incluso en años donde la pandemia ya había decaído, “podría incurrir en un verdadero fraude legal”.
Hasta 18 informes desfavorables ha elevado Intervención al ejecutivo andaluz relativos a todas las provincias en los ejercicios 2020 y 2021, donde reitera que el sistema “podría incurrir en un verdadero fraude legal”
A diferencia de lo que ocurrió en la etapa socialista con el caso del fraude de los ERE irregulares, la Intervención de la Junta sí ha realizado ahora un informe de actuación, el máximo nivel de alerta que la Intervención de la Junta puede remitir al Gobierno autonómico, que implica su elevación directa al Consejo de Gobierno al detectar presuntamente menoscabo o malversación de fondos públicos, así como una denuncia ante la Fiscalía. Así, un informe que el órgano fiscalizador de la Junta remitió al presidente andaluz en noviembre de 2022 ya advertía a Moreno Bonilla que el SAS, dependiente de la Consejería de Salud, había obviado sus recomendaciones para que redujera el “fraccionamiento indebido”. Estas mismas denuncias de la Intervención de la Junta han vuelto a aparecer en las auditorías del SAS de este pasado mes de junio de 2024, según una información reciente de eldiario.es.
El presidente andaluz se defendió la pasada semana en un pleno parlamentario de estas acusaciones atacando al líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, con el argumento de que este también hizo uso de un elevado número de contratos menores cuando aún no había pandemia durante su etapa como consejero de Vivienda o también como alcalde de Sevilla. En ningún momento, Moreno Bonilla valoró el presunto “fraude de ley” que según la Intervención de la Junta ha cometido el actual Gobierno andaluz en los contratos sanitarios, y por el que un juzgado de Sevilla ha decidido investigarlo ante las acusaciones del PSOE de Andalucía de presunta “prevaricación y malversación”.