Las palabras del portavoz del Consell de la República (CdRep), Antoni Castellà, evidencian una postura contundente y, para muchos, inflexible de la fracción independentista encabezada por Junts. La amenaza de un proceso electoral si no se logra "una amnistía y un reconocimiento de que la soberanía recae en el pueblo de Cataluña" es una clara muestra de ello. Esta postura ha suscitado polémica.
La amnistía vs. el indulto
Antoni Castellà hizo una diferenciación clara entre amnistía e indulto, posicionando a la amnistía no solo como un acto de justicia, sino como una petición de disculpas por parte del Estado. La demanda, aunque llena de connotaciones emotivas, puede interpretarse como un intento de reescribir la narrativa del conflicto, dando una visión de la Cataluña independentista como una víctima que merece disculpas más que simples concesiones legales.
El dilema de la soberanía
Hablar de reconocer la soberanía del pueblo de Cataluña y presentarlo como una contraposición a la soberanía del Reino de España es abrir un debate cargado de complejidad histórica y política. La idea de una "segunda Transición" plantea la posibilidad de redefinir la estructura y esencia del Estado español. Aunque es un argumento valiente y también temerario, también puede ser interpretado como una postura radical que no busca un acuerdo sino una redefinición total de las reglas del juego.
Desestabilización recíproca
La declaración de Castellà de que "Ellos nos han desestabilizado las instituciones catalanas, pues es legítimo que nosotros desestabilicemos las suyas" es, sin duda, una de las más polémicas. Aunque es comprensible desde el punto de vista de un actor político que busca equilibrar la balanza de poder, esta postura corre el riesgo de perpetuar un ciclo de desestabilización que no beneficia a ninguna de las partes involucradas y menos aún al ciudadano de a pie.
La consulta al CdRep
El hecho de que el independentismo busque consolidar su postura a través de una consulta a las bases demuestra un intento de legitimar sus acciones y decisiones. Sin embargo, el hecho de que sea el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien finalmente decida el rumbo a seguir, pone en tela de juicio la democracia del proceso.
Mientras que la postura de Junts y el CdRep busca, sin duda, responder a lo que consideran demandas históricas de una parte de la sociedad catalana, la manera en que están llevando adelante estas demandas parece intransigente y potencialmente perjudicial para el logro de un entendimiento real y duradero. En políticaa veces es necesario ceder en ciertos aspectos para lograr un bien mayor, y eso es algo que Junts debería considerar en su estrategia.