Los sindicatos STAJ, CCOO y CSIF se han concentrado este jueves, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ante la Consejería de Justicia, para denunciar la gestión negligente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y de la Consejería de Justicia que está llevando al límite este servicio público esencial para los ciudadanos.
Las 'trampas' de Ayuso que abocan al colapso de la justicia
Han denunciado que desde hace años la Consejería de Ayuso mantiene una media de 500 puestos de trabajo sin cubrir en los juzgados de la Comunidad de Madrid. (algo más del 8% de la plantilla). Esto supone una desviación de 22 millones de euros anuales que estaban presupuestados para estos empleos y que, sobre todo, contribuye al hundimiento de un servicio público. Ya de por sí empobrecido tras años de recortes y falta de inversiones.
Enrique López está llevando la Justicia al borde del colapso
Los sindicatos mantienen que el consejero Enrique López, que con esta gestión está llevando la Justicia al borde del colapso, es el principal responsable del ineficaz e insuficiente servicio que se está prestando a los madrileños, que ven cómo se dilatan sus asuntos en los juzgados afectando a sus intereses y necesidades. Pero también es el responsable de las situaciones de estrés, ansiedad y depresión que están sufriendo los trabajadores, cuyas condiciones laborales y de salud se han deteriorado hasta el extremo. Los sindicatos alertan de denuncias de funcionarios y funcionarias de Justicia que han sufrido amenazas por parte de los ciudadanos y ciudadanas ante el retraso de sus asuntos, y responsabilizan al consejero, Enrique López, de las consecuencias que tengan para los trabajadores su irresponsable gestión y su dejación de funciones.
La propaganda y los grandes anuncios de Ayuso en justicia
Denuncian que detrás de la propaganda y los grandes anuncios de la presidenta populista madrileña. como la futura Ciudad de la Justicia. También resaltan que la creación del Instituto de Medicina Legal (IML) en Valdebebas (que sólo destaca por la opacidad de los nombramientos de todas las jefaturas y las retribuciones astronómicas de los cargos de dirección), se esconde una Justicia empobrecida y muy maltratada.
Unos servicios con unos recursos humanos deficitarios y gestionada con absoluta falta de transparencia y con trampas, con las que los estafados son finalmente los ciudadanos. Pero también los trabajadores y trabajadoras, que han sufrido una pérdida salarial del 20% por los incumplimientos de la Consejería de Justicia de anteriores Acuerdos Sectoriales.
Díaz Ayuso y Enrique López se niegan a aplicar al personal de Justicia de algunas de las mejoras acordadas para todos los empleados y empleadas públicas de la Comunidad de Madrid y la inflación. Los grandes fastos y anuncios de esta Consejería se pagan con el trabajo y la salud de los funcionarios de Justicia.
STAJ, CCOO y CSIF exigen al responsable de esta situación, el consejero de Justicia, que se siente a oír las reivindicaciones de los sindicatos y negocie medidas y actuaciones concretas que reviertan esta insostenible situación, y le recuerdan que, desde hace dos años, cuando finalizó la vigencia del anterior Acuerdo Sectorial, está obligado a negociar uno nuevo, y no aceptarán más maniobras de distracción ni chantajes.
Exigen más incorporaciones a la justicia madrileña
Los sindicatos mayoritarios de Justicia exigen la cobertura de la totalidad de los puestos de trabajo que ha dejado de cubrir desde el año 2016. Son una media de 550 puestos al año 2016, la creación de 940 nuevos puestos de trabajo, en base a las memorias del TSJM.
Reclaman, además que el Acuerdo debe incluir una mejora sustancial de las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores de Justicia, cuya pérdida retributiva cifran en más de 11.000 euros lineales, la recuperación de la jornada de 35 horas semanales y la regulación del teletrabajo entre otras reivindicaciones esenciales.
STAJ, CCOO y CSIF advierten de que no permitirán que las grandes fotografías y anuncios de Ayuso se costeen con el esfuerzo y la salud de los trabajadores y trabajadoras y exigen al consejero de Justicia que cumpla con su obligación y dote a este servicio público de los recursos necesarios para que se pueda prestar con calidad. Con unas condiciones laborales dignas.