En un episodio turbulento para la política portuguesa, el Tribunal de Apelación de Lisboa ha clarificado recientemente que no existen indicios de tráfico de influencias en el caso conocido como 'Operación Influencer', que precipitó la dimisión del exprimer ministro António Costa.
A pesar de que las investigaciones no han encontrado pruebas de delitos, la renuncia de Costa precipitó la convocatoria de elecciones anticipadas y el cambio de gobierno en Portugal.
La 'Operación Influencer', que surgió en noviembre de 2023, se centró en supuestas irregularidades en proyectos de litio, hidrógeno y la construcción de un centro de datos. Aunque inicialmente se mencionó a Costa en relación con actos para "desbloquear procedimientos", el tribunal ha rechazado las medidas cautelares contra los principales sospechosos, Vítor Escária y Diogo Lacerda Machado, argumentando que los hechos investigados no constituyen delitos.
La decisión del tribunal, que confirmó la ausencia de delito, llega después de que Costa dimitiera el 7 de noviembre de 2023, defendiendo su inocencia y alegando que no había cometido actos ilícitos.
La dimisión de Costa no fue el final de la historia
La dimisión de Costa no fue el final de la historia. La fiscal general Lucília Gago y su equipo se enfrentaron a duras críticas por la gestión del caso, especialmente por la falta de claridad y evidencia en las acusaciones contra el exprimer ministro.
El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, del partido PSD, se encontró en la posición de tener que elegir entre nombrar un nuevo primer ministro o convocar elecciones. Optó por lo último, una decisión que, aunque conveniente para su partido, no contaba con el respaldo de una mayoría en la cámara, dominada por el PS con mayoría absoluta. Esta elección, muy conveniente para la formación política de Rebelo,llevó a las elecciones legislativas en marzo, resultando en un gobierno de derechas liderado por Luís Montenegro, que resulta ser del partido del presidente de la República, el PSD. Nada fue casualidad.
El caso y sus consecuencias han sido interpretados por algunos como un golpe de estado organizado, donde la justicia y el PSD, a pesar de su nombre de Partido Socialdemócrata, que a todas vistas no lo es, jugaron un papel crucial. António Costa, ya fuera del poder, ha pedido ser escuchado por la justicia, señalando una continua lucha por limpiar su nombre y esclarecer los hechos que llevaron a su renuncia.
Este escenario ha dejado a Portugal en una situación de incertidumbre política, donde la justicia, que en noviembre había declarado que Costa no era el sujeto del tráfico de influencias, terminó siendo un actor decisivo en un cambio de gobierno que algunos consideran menos justo. La situación subraya la delicada interacción entre la ley, la política y la percepción pública en la gobernanza contemporánea de Portugal.