Enfermeras/os, enfermeras/os especialistas y fisioterapeutas se han concentrado frente a la sede de la Consejería de Sanidad de Madrid, para rechazar la política de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Está provocando que la sanidad pública enferme “aún más” tras la pandemia del Covid-19. Denuncian que están traicionando el interés general de mejorar nuestra sanidad pública. permite que la sanidad siga agonizando, lenta pero inexorablemente, con el consiguiente perjuicio para la salud y seguridad de los más de 6 millones y medio de madrileños.
Las Enfermeras se sienten traicionadas por Ayuso
Mañana, 31 de marzo, 3.500 enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas verán rescindidos sus contratos con el Sermas. Todo ello a pesar de que las listas de espera siguen aumentando. Las matronas y fisioterapeutas de centros de salud han visto reducido su salario mensual tras implementarse el Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria.
Abandono de la sanidad madrileña
Convocados por el Sindicato de Enfermería, SATSE, los asistentes han querido manifestar su absoluto rechazo a la situación de progresivo abandono y precariedad que sufre nuestro sistema sanitario, tras dos años de lucha contra la pandemia del Covid-19.
Han criticado que no se están cumpliendo ni uno solo de los compromisos realizados para que los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad de Madrid. Deberían contar con los recursos y medios necesarios para ofrecer una atención sanitaria digna, segura y de calidad.
Respeto y dignidad
Portando pancartas y coreando proclamas exigiendo soluciones, además de “respeto y dignidad”, los concentrados protestaron por la política de la Consejería de Sanidad que está cronificando los problemas y deficiencias que ya existían antes de la pandemia y que ahora se han agravado (listas de espera, saturación, sobrecarga y tensión asistencial…), perjudicando a pacientes y profesionales.
Un claro ejemplo de esta política, subrayaron, es el ‘despido’ de más de 3.500 profesionales sanitarios, entre enfermeras y fisioterapeutas, a pesar de las graves deficiencias de personal que soporta el Sermas. De igual forma, desde SATSE Madrid se critica el denominado Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria. Ha significado una importante merma salarial para la gran mayoría de matronas y fisioterapeutas que trabajan en los centros de salud de la CAM.
Servicios de Urgencia de Atención Primaria
El cierre de los SUAP (Servicios de Urgencia de Atención Primaria) que ya se prolonga por más de 2 años. ElSermas es una de las peores opciones para trabajar (por sus bajos salarios y malas condiciones laborales y profesionales).Cronifica y empeora la situación sanitaria en la Comunidad de Madrid que se agravará en los próximos años con la jubilación de miles de sanitarios.
Ley de Seguridad del Paciente
Desde SATSE Madrid se denuncia el “vergonzoso” bloqueo que sufre desde hace un año y tres meses la tramitación de la Ley de Seguridad del Paciente en el Congreso. Se está impidiendo que la seguridad asistencial esté siempre garantizada en cualquier centro sanitario y sociosanitario del Estado. Gracias a una asignación máxima de pacientes por enfermera/o en condiciones de igualdad, calidad y seguridad.
Temporalidad y precariedad
El Sindicato de Enfermería reitera que los profesionales sanitarios siguen sufriendo, en uno de cada tres casos, una situación laboral de temporalidad y precariedad que continua sin resolverse. También demandan poder jubilarse anticipadamente debido a sus penosas, toxicas y peligrosas condiciones laborales. O que puedan incorporarse al Grupo A, sin subgrupos, algo que ahora les niega administración central, lo que les discrimina y perjudica profesionalmente.
Las concentración frente a la sede de la Consejería de Sanidad de Madrid, les seguirán otras a lo largo de los próximos meses. Dentro de su estrategia general de acciones reivindicativas y movilizaciones con el objetivo de que las administraciones públicas destinen los recursos y medios necesarios a nuestra sanidad pública y, de esta forma, se proteja el bien supremo del derecho a la salud en óptimas condiciones de bienestar, calidad y seguridad.