Con motivo de la jornada mundial del “Trabajo Decente” que se celebró este fin de semana, CCOO de Madrid manifiesta que disponer de un empleo regularizado ya no significa necesariamente tener garantizada la cobertura total de las necesidades básicas en muchos lugares del mundo y la región madrileña no es una excepción, sino todo lo contrario.
Ayuso y el trabajo IN-DECENTE
En muchos lugares del mundo, y la Comunidad de Madrid no es una excepción, disponer de un empleo regularizado ya no significa necesariamente tener garantizada la cobertura total de las necesidades básicas, ni mucho menos seguridad vital y equidad, ni jornadas laborales razonables. El derecho a la vivienda en Madrid es una de las principales reivindicaciones de los jóvenes, que ven como sus emolumentos no son suficientes para poder independizarse de sus padres.
Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT de Naciones Unidas “Un trabajo decente significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.
De la crisis del 2008 a la Pandemia
La crisis vivida desde 2008 con el derrumbe financiero y los planes de “austericidio” implementados por la UE, que se ha solapado con los efectos de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, ha propiciado un deterioro significativo de las condiciones de vida y trabajo, extendiendo mundialmente el fenómeno de “trabajadores/as pobres”, que se añade al del subempleo y la “economía sumergida”. Por tanto, el “trabajo in-decente” se ha ido extendiendo progresivamente por el planeta, poniendo en cuestión la validez del principio central de integración socioeconómica en las sociedades capitalistas desde el fin de la II Guerra Mundial; el empleo.
Ayuso y el deterioro de las condiciones de vida
En Madrid, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, SMI ha producido una mejora global en el promedio de los ingresos de los/as trabajadores/as. La Reforma Laboral, a que Ayuso se opuso desde un principio, y que fue acordada con los agentes sociales (que entró en vigor en enero de 2022), ha sido el único vector positivo para mejorar la “decencia” del empleo. Y no gracias precisamente a la derecha o la derecha extrema
Así, un 87% de trabajadores/as madrileños/as y alrededor de un 82% en España, tienen ya, según la última EPA, un contrato indefinido. Pero esos datos no pueden ni deben ocultar el deterioro en otros aspectos negativos de las condiciones de vida y trabajo, que se han ido intensificando desde la crisis provocada por la pandemia del COVID y con el gran aumento de la inflación desde marzo de 2022, que se agrava en la región madrileña por la elevada inflación, que ha lastrado el ahorro de los madrileños y madrileñas.
Desigualdad salarial, pobreza laboral agravada en Madrid
La Comunidad de Madrid, presidida por la populista Isabel Díaz Ayuso, es uno de esos lugares en los que disponer de un empleo no garantiza para todo el mundo la cobertura de necesidades básicas, ni jornadas laborales razonables y en el que se incrementa la desigualdad salarial o “pobreza laboral”. El reciente estudio elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO de Madrid, muestra que las mujeres ganan un 21% menos que los varones (5.600€ anuales de brecha salarial de género), incluso sería más de un 12% descontando el efecto de las jornadas parciales.
Los jóvenes ganan un 45% menos
Las personas jóvenes tienen un promedio del 45% menos de salario que las personas mayores de 25 años; las personas con trabajo temporal ganan un 53% menos de promedio que las personas con trabajo temporal. En global, aproximadamente el 40% de la población que trabaja está por debajo de umbral de la pobreza laboral, es decir, que sus ingresos no superan el 60% del Salario Mínimo Interprofesional (Gabinete Estudios CCOO a partir de EPA 2021).
Riesgo de pobreza y exclusión social en Madrid
El indicador AROPE sobre “riesgo de pobreza y exclusión social” refleja que la Comunidad de Madrid tiene un 20,3% de población en riesgo de pobreza o exclusión (26% en España), lo que supone alrededor de 1 millón y medio de personas, superando las mujeres a los varones en este indicador en dos puntos porcentuales (fuente ECV 2022, INE). Es más, si ese indicador se analiza en función de la situación respecto al empleo, los datos muestran claramente un deterioro creciente y el fuerte impacto que tiene el desempleo: En España el 16,5% de las personas ocupadas, el 17,6% de las jubiladas y el 55,7% de las personas desempleadas, están en riesgo de pobreza o exclusión (datos INE en ECV 2022).
En nuestra región estos datos son proporcionales a la relación entre índice AROPE de España (26%) y el de Madrid (20,3%), lo que supone que para Madrid estos datos, como promedio, bajarían proporcionalmente en un 28% de cada indicador (la ECV no permite estimación directa pues ese análisis multivariable en un territorio regional tendría baja representatividad estadística).
En la Comunidad de Madrid alrededor del 7,5% de personas entre 0 y 64 años tiene baja Intensidad en el empleo, un indicador de los tres que incluye AROPE que recoge los hogares que utilizan menos del 20% de su potencial de empleo posible. Además, el porcentaje de mujeres PLD sobre el total PLD en el periodo 2015-2019 está en torno al 61% y en el 2022 alcanzó en diciembre el 64,7% (Estudio Consejería de Economía para Mesa Estrategia Empleo).
Pobreza energética gracias a la inacción de Ayuso
Cerca de un 11% de población madrileña sufre pobreza energética (no garantizar una temperatura mínima en invierno, según los parámetros oficiales). Entre los/as desempleados/as esa tasa supera el 20% y entre la población ocupada ronda el 8%.
La importancia de conseguir un trabajo decente hace que exista un objetivo específico para ello dentro de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. En concreto el Objetivo 8 de la Agenda 2030 insta a “promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente”.
Dicho objetivo se está viendo muy comprometido tras la crisis del COVID-19, pues tal como manifiesta la OIT “… El impacto de la crisis ha exacerbado los déficits de trabajo decente preexistentes, ha provocado un aumento de la pobreza, ha incrementado las desigualdades y ha puesto al descubierto las brechas digitales dentro de los países y entre ellos.”. Dicho impacto ha sido además desigual, como lo es el fenómeno del trabajo decente, cebándose más en las mujeres y jóvenes y por supuesto en las personas con menor formación y que están en territorios periféricos y actividades económicas que aportan menos valor añadido.
Ayuso no quiere diálogo con los sindicatos
Para CCOO es clave la directriz que marca la OIT en el escrito mencionado y en otras declaraciones previas, pues es del todo prioritario salir de las crisis avanzando “hacia un desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente, con trabajo decente para todos”. Sólo con protección social y diálogo social, se está en parte reduciendo el impacto total sobre el trabajo decente (en buena parte por los fondos europeos que se están aportando). Sin embargo, precisamente en el contexto de la Comunidad de Madrid, como desde CCOO, se viene denunciando, justamente protección y diálogo social, pero estos brillan por su ausencia. Ayuso no lo quiere, como tampoco las políticas activas de empleo, que acometan medidas de empleo protegido.
“Al dibujar el rostro del trabajo “in-decente” debemos contemplar también no sólo la pobreza y el riesgo social, sino los deterioros en el mundo de las relaciones laborales”, denuncian desde CCOO madrid. Así, la expansión de la contratación a jornada parcial no deseada constituye un deterioro de las condiciones laborales y por tanto de las condiciones de vida que debe aportar un trabajo decente.
Desde el 2008 no ha hecho otra cosa que incrementarse el trabajo a tiempo parcial. Así, la EPA señala que en el primer trimestre del 2008 el porcentaje de contratación a tiempo parcial era de un 11,8% y actualmente ronda el 15%. Esto de forma generalizada, porque si analizamos según género, es evidente la desigualdad, estando las mujeres en un porcentaje que supera el 23%, mientras que los varones tienen una tasa de trabajo a tiempo parcial que ronda el 7%.
Las mujeres con Ayuso son las perdedoras
En Madrid los datos son similares para los varones, pero en el global aumenta hasta más del 17%, siendo algo más de un 21% para las mujeres. Pero es más, si observamos y comparamos el trabajo a tiempo parcial involuntario (es decir el no deseado por el/la trabajador/a), veremos que en España siempre es significativamente mayor ese porcentaje respecto a la UE. Un estudio del INE en el 2019, mostraba que más de la mitad de las personas con trabajo a tiempo parcial lo hacen sin ser esa su opción, sino obligados/as (53,6% concretamente), mientras que en la UE ese porcentaje era de un 22,2%.
Es decir, en España es más del doble el número de personas que trabajan a tiempo parcial sin querer hacerlo, sino por imposibilidad de encontrar un empleo a tiempo completo. Y esta diferenciación discriminatoria respecto a la UE no ha hecho sino agravarse desde la crisis del 2008, pues en ese momento España tenía una tasa del 35,5% de trabajo a tiempo parcial involuntario, frente al 24,5% de la UE-28.
Para Madrid la situación es similar en cuanto a trabajo a tiempo parcial involuntario, estando en la media de España en 2019.