C.P. es una afectada de Madrid por un contrato hipotecario con fórmula ininteligible y errónea. Es una del más de un millón de afectados que firmó su hipoteca antes de la Orden Ministerial de 2011. Nunca ha gozado de la protección que debería haber tenido. Dicho de otro modo: firmó sin saber cuánto tendría que pagar cada mes. Luego vinieron las sorpresas.
Como ella está otro grupo de afectados que, además de firmar una de estas hipotecas llamadas “ciegas”, se enteraron que no habían contratado el método francés sino el creciente, lo que viene a significar “ciega y peligrosa”.
Diversas administraciones y el propio Banco de España les han dado la razón. La Dirección General de Consumo tiene el requerimiento del Defensor del Pueblo para sancionar a la banca por estos contratos llamados REDAL.
Así las cosas, el Congreso de los Diputados se comprometió el pasado mes de abril a resolver este problema. Hoy ha llegado el momento de la verdad para la clase política, para los teóricos representantes del pueblo. ¿Votarán sus señorías el rescate jurídico de un millón de familias españolas o permitirán un nuevo colapso de los juzgados?
Hoy puede ser el día grande de la política, o todo lo contrario, es decir, que volverán a sumirse en su propia inmundicia, en sus cuestiones partidistas o en la defensa de los intereses de las élites económicas, financieras y empresariales.
Cuatro partidos, en el punto de mira
Ayer lunes fue un día de negociaciones intensas y, según se intuye de las conversaciones con fuentes cercanas, todo parece indicar que, a la hora de escribir este análisis (23.28 horas), el apoyo a la Ley REDAL era casi mayoritario. Al menos gozaba de mayoría simple para iniciar la tramitación parlamentaria.
El problema es que PP, Vox, Junts y UPN no parecían decididos. El “NO” de estos cuatro partidos de la derecha, en el caso más desfavorable para los afectados, aniquilaría la Ley REDAL de inicio, es decir, sin posibilidad siquiera de analizarla.
José Luis Herrero, coordinador del grupo de afectados por cuota creciente lleva sufriendo diez años de incertidumbre, insomnio y preocupación: “No es momento de poner pegas técnicas, si hay algo que discutir o mejorar, que lo hagan en el trámite de la ley. Sería insensato, con la que está cayendo, desahuciar injustamente a un millón de familias y desbordar el mercado de alquiler. Entonces sí tendremos un problema social mayúsculo”.
Precisamente, la Ley REDAL resuelve el problema financiero de estas familias con una solución matemática, la que emana del contrato si se analiza con rigor, y con la que el banco no pierde dinero ni la familia es desahuciada.
Como dice Herrero, hoy puede ser el día en que muchos ciudadanos observen cómo la política resuelve sus problemas. Pero por otro lado, podría ser el día que asistiéramos a lo de siempre: la desconexión de los diputados de la vida real de los ciudadanos.