Más Madrid ha elevado su denuncia sobre lo que considera una "censura" sistemática por parte de la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrida un plano internacional, llevando el asunto a la Comisión de Venecia. La formación de izquierdas ha solicitado que el Congreso remita un informe a este organismo europeo, con el objetivo de que evalúe la situación de los derechos parlamentarios en la Comunidad de Madrid, un contexto que, según denuncian, va en contra de los estándares democráticos europeos.
La denuncia de Más Madrid no es nueva. Desde que Isabel Díaz Ayuso logró la mayoría absoluta en la Asamblea madrileña, las voces críticas desde la oposición han arremetido contra lo que califican como el "rodillo parlamentario" del PP. Según la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, la Asamblea ha dejado de ser un lugar de debate plural para convertirse en un "monólogo" dictado por Ayuso. El informe presentado por Más Madrid sostiene que la Mesa de la Asamblea, presidida por Enrique Ossorio, ha adoptado una política de inadmisión de iniciativas que está bloqueando el trabajo de los grupos parlamentarios.
Según los datos presentados, la Mesa ha inadmitido un 30% de las iniciativas presentadas en la presente legislatura, un porcentaje que, según Más Madrid, está muy por encima de lo que ocurre en otros parlamentos autonómicos. Por ejemplo, en Andalucía, donde también gobierna el PP, la inadmisión de iniciativas no supera el 1%. La disparidad es aún más pronunciada si se compara con parlamentos como el de Asturias, Murcia o Extremadura, donde los índices de inadmisión son mínimos.
Las cifras aportadas por Más Madrid son contundentes: de las 44.842 iniciativas presentadas hasta marzo de 2025, 13.466 han sido rechazadas, lo que equivale al 30%. Dentro de estas, el mayor porcentaje de rechazos se concentra en las comparecencias (48,2% de las 3.515 presentadas) y en las preguntas para respuesta oral o escrita (29,37% de las 30.025 planteadas). Estos números contrastan notablemente con los porcentajes de rechazo en otros parlamentos, como los ya mencionados de Andalucía o Asturias, lo que pone en duda la imparcialidad de la Mesa de la Asamblea de Madrid.
Una censura encubierta
La acusación de Más Madrid se centra en la utilización de un "criterio político" en la inadmisión de iniciativas. Según la formación, la Mesa no se limita a aplicar los criterios formales del reglamento, sino que evalúa el contenido de las propuestas, decidiendo rechazar aquellas que puedan resultar incómodas para el Gobierno de Ayuso. Un ejemplo citado en el informe es la inadmisión de una pregunta presentada por el PSOE sobre las sentencias desfavorables para la Comunidad de Madrid en relación con el grupo Quirón. La Mesa rechazó la pregunta por considerarla "confusa", algo que, según Más Madrid, no ocurre con preguntas similares formuladas por el PP en el Congreso de los Diputados.
Además, el informe señala el incremento de más de un 885% en el número de reconsideraciones entre la legislatura pasada y la actual, lo que evidencia una creciente preocupación entre los grupos parlamentarios sobre la actuación de la Mesa y su posible aplicación de criterios restrictivos. Este aumento sugiere que, en lugar de seguir los procedimientos establecidos, la Mesa está aplicando un control político previo que limita el debate democrático.
La Comisión de Venecia, un árbitro internacional
La presión de Más Madrid sobre la Comisión de Venecia se basa en la creencia de que el uso de la facultad de inadmisión por parte de la Mesa de la Asamblea de Madrid está vulnerando derechos fundamentales de los parlamentarios y, por ende, de los ciudadanos. La formación solicita que el Congreso eleve esta consulta a la Comisión, un organismo del Consejo de Europa encargado de velar por el cumplimiento del Estado de Derecho en sus países miembros. Aunque los informes de la Comisión no son vinculantes, su opinión puede tener un peso político significativo.
Para que la Comisión de Venecia se pronuncie, es necesario que la petición pase por el Congreso de los Diputados, lo que otorga a los grupos parlamentarios de la oposición una vía para presentar su caso ante este organismo internacional. El informe elaborado por Más Madrid argumenta que la actuación de la Mesa podría entrar en conflicto con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha establecido criterios muy estrictos para la inadmisión de iniciativas. Según la formación, el alto porcentaje de iniciativas rechazadas sugiere que la Mesa está utilizando su poder de manera desproporcionada y sin justificación suficiente, lo que afecta el ejercicio de los derechos parlamentarios.
El impacto de la censura en la democracia madrileña
La denuncia de Más Madrid subraya que la función de la Mesa no debe ser un instrumento para imponer un control político, sino para garantizar que las iniciativas parlamentarias se ajusten al reglamento de la Asamblea. El hecho de que más de 13.000 iniciativas hayan sido inadmitidas hasta el momento plantea serias dudas sobre la transparencia y la pluralidad del proceso parlamentario en Madrid. El informe alerta sobre los riesgos de que esta práctica restrinja el debate político, limite el acceso de los diputados a los procedimientos democráticos y, en última instancia, socave el derecho de los ciudadanos a ser representados adecuadamente.
En este contexto, la Comisión de Venecia puede jugar un papel crucial al evaluar si las prácticas de la Mesa de la Asamblea de Madrid cumplen con los estándares democráticos internacionales. En caso de que se pronuncie sobre la situación, sus conclusiones podrían tener un impacto importante en la política interna española, ya que pondría de relieve las tensiones entre la mayoría absoluta del PP y los derechos parlamentarios en la región.
¿Qué es la Comisión de Venecia?
La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, es un órgano consultivo del Consejo de Europa creado en 1989. Su función principal es asesorar a los países miembros sobre cuestiones constitucionales y garantizar que sus marcos legales respeten los principios del Estado de Derecho y los derechos humanos. Con más de 60 países miembros, la Comisión realiza estudios y emite informes técnicos sobre temas relacionados con la justicia constitucional, los derechos fundamentales y el buen gobierno. Aunque sus dictámenes no son vinculantes, su autoridad en el ámbito internacional y su experiencia en temas constitucionales la convierten en un actor clave en la supervisión de los estándares democráticos en Europa y otros países.