Los expertos en criptografía lo dejan claro: “el ministerio público no sabe lo que está diciendo. Prohibir a alguien el acceso a páginas web no es posible en la práctica. Siempre hay redes anónimas como Tor que te lo van a permitir. De hecho, ahora es más fácil que nunca acceder de esta manera y esconder el rastro de tu ordenador. Y dar con un sistema de identidad robusto que tenga significado en el mundo real y sea eficaz es muy complicado. El DNI es ahora mismo el peor método”. De esta manera rechazan la propuesta del fiscal coordinador contra los delitos de odio y discriminación, Miguel Ángel Aguilar, de limitar el acceso a internet a los propagadores de bulos o redactores de mensajes de odio y racismo. Aguilar cree necesaria la elaboración de un plan para identificar a los usuarios de cuentas en internet que sean condenados por cometer un delito de odio grave en las redes, y prohibirles el acceso a ellas.
A raíz del asesinato de Mateo, el niño de Mocejón, en este país está teniendo lugar un debate social sobre las medidas que se deben adoptar para evitar bulos y falsas acusaciones de grupos y personas racistas y xenófobos que utilizan internet para generar alarma social. El eurodiputado Alvise Pérez, el mismo día en que se produjo el suceso, difundió una foto en la cual aparecía un magrebí al que acusaba de ser el autor del crimen. Del resto de bulos ya se ha hablado aquí mismo: que cerca se encontraba una mezquita, que unos días antes habían sido alojados en la localidad “menas”, y que la situación de la localidad es preocupante debido a la actuación de estos grupos de inmigrantes. Tan sólo dos días después, los mensajes volvieron a arreciar esta vez con motivo de una pelea a machetazos en la localidad madrileña de Alcalá de Henares en la que tuvo que intervenir la policía con disparos al aire. Todos estos mensajes tienen un denominador común: se trata de relacionar la inmigración irregular con la delincuencia. Lo que pasa, para desgracia de esta sociedad, es que la derecha, desde Alise Pérez y su grupo Se acabó la fiesta, hasta el Partido Popular pasando por Vox, apoya este relato. El PP a través de mensajes incitadores como los del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
Lo primero que habría que conseguir es un pacto al que debería sumarse el PP para luchar activamente contra este fenómeno en las redes sociales. Posteriormente, algo bastante más difícil que el apoyo de la derecha, un acuerdo con las plataformas de internet donde se alojan potencialmente los autores de los mensajes de delitos de odio. Los jueces llevan razón cuando dicen que al abrir investigaciones por este tipo de delitos siempre se encuentran con que estas plataformas excusan las averiguaciones procedentes alegando que esa información está en poder de las matrices: Estados Unidos y China principalmente. Y, además, hay que contar con los enlaces de la llamada “internet profunda” donde se alojan los ciberdelincuentes. La web Tor, por poner un ejemplo, jamás colaborara con la justicia, ni la española ni la de ningún país, porque su esencia, precisamente, consiste en lo contrario, en alojar todo aquello que no cabe en la internet convencional.
En lo que se refiere a la orden de alejamiento propuesta por el coordinador del ministerio público contra los delitos de odio y discriminación es una iniciativa que ya se puso en práctica con la condena de un you tuber que dio galletas oreo con pasta de dientes a un mendigo y publicó el video. Se le condenó a un distanciamiento físico trasladable al mundo virtual. Se desconoce si está cumpliendo la condena porque siempre cabe la posibilidad de seguir publicando otras piezas con diferente identidad y ocultando su aspecto físico. Nadie, por ahora, ha podido demostrar la eficacia de este tipo de medidas. Conseguirlo es técnicamente imposible.
Cambiar el Código Penal para endurecer las penas por la comisión de este tipo de delitos no es la solución porque antes hay que hacer cumplir la legislación vigente, algo que no se hace. Lo mas urgente es cambiar los estatutos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la CNMC, para atribuir a este organismo nuevas competencias que le permita coordinar la ejecución de la ley de Servicios Digitales, una trasposición de la directiva europea aprobada hace dos años.
Esa ley abre la puerta a la posibilidad de identificación, a través del DNI, de las cuentas y perfiles de los usuarios de internet. El problema reside en que una atribución de este tipo puede comprometer la privacidad. Y esos datos pueden acabar en manos de empresas que pueden utilizarlos con fines comerciales. Además, eliminar el anonimato puede perjudicar a colectivos vulnerables como las victimas de violencia de género o los denunciantes de malas prácticas corporativas.
El debate tiene difícil salida. Tal vez la única solución pase por educar a la población a distinguir los bulos de las informaciones contrastadas. Los jueces, además, tienen un papel importante. En lugar de quejarse de la falta de colaboración por parte de las plataformas deben ser conscientes de que cuentan con instrumentos suficientes como para reprimir este tipo de delitos. Alvise Pérez, por ejemplo, ha sido absuelto de todas las denuncias que le han presentado. Por lo tanto, es lógico que se sienta impune. Como se sienten los dirigentes de Vox, o los representantes de Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos y semejantes asociaciones que se van de rositas cuando publican comentarios y difunden mensajes claramente de odio y discriminación. Hay que empezar por ahí. Por suprimir el apoyo social que tiene este tipo de gente. Y eso sólo está en manos de la ciudadanía. Menos escandalizarse y más actuar.