La división en el seno del Gobierno de coalición alcanza un punto crítico. A pocas horas de que expire el plazo legal para vetar tres iniciativas parlamentarias que buscan eximir del IRPF a los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), los ministerios de Hacienda y Trabajo, liderados respectivamente por María Jesús Montero y Yolanda Díaz, mantienen posturas irreconciliables. La negociación, encallada, amenaza con desencadenar una crisis sin precedentes entre PSOE y Sumar.
Un desencuentro que se agrava con el reloj en contra
La tensión ha ido in crescendo desde que, hace más de un mes, el Ministerio de Hacienda decidiera que los trabajadores que cobran el SMI comenzarían a tributar por IRPF. La medida afectaría especialmente a quienes, tras la subida de 50 euros mensuales del salario mínimo —hasta los 1.184 euros en 14 pagas—, superan el umbral de tributación. A pesar de la resistencia inicial, Montero ha ofrecido una deducción que permitiría a estos trabajadores recuperar lo abonado a través de la declaración de la renta. Pero su propuesta incluye una condición: esta exención solo tendría vigencia en 2025. A partir de 2026, los perceptores del SMI tributarían como cualquier otro trabajador.
La postura de Yolanda Díaz es diametralmente opuesta. La vicepresidenta segunda exige que se mantenga la devolución completa del IRPF hasta que el salario mínimo represente el 60% del salario medio neto —no bruto, como defiende Hacienda—, en línea con el compromiso adquirido por el Ejecutivo.
Choque institucional inédito si no hay acuerdo
Este viernes concluye el plazo que tiene el Gobierno para vetar las proposiciones de ley presentadas por Sumar, PP y Podemos, que buscan revertir la decisión de Hacienda. De no alcanzarse un consenso, Montero impondrá el veto, amparándose en la “merma de ingresos al Estado” que implicaría aprobarlas.
Sería una acción sin precedentes en la coalición: por primera vez un socio de Gobierno impediría por la fuerza que otro tramite una ley en el Congreso. Sumar, por su parte, ya ha avisado de que si esto ocurre, podría aliarse con el PP en la Mesa del Congreso el próximo 8 de abril para levantar el veto. El enfrentamiento, entonces, escalaría a una dimensión constitucional. Desde Hacienda no descartan acudir al Tribunal Constitucional si Díaz y sus aliados fuerzan ese levantamiento del veto. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se encontraría así atrapado entre dos frentes: el político y el jurídico.
¿Está el salario mínimo realmente en el 60% del sueldo medio?
Este es el meollo técnico de la disputa. Montero argumenta que, tras la última subida, el salario mínimo ya alcanza el 60% del salario medio bruto —estimado en 1.924 euros mensuales según el INE—. Díaz lo niega: para ella, el cálculo debe hacerse en términos netos, es decir, descontando impuestos, y añade que en España "no se puede vivir con dignidad con 1.599 euros al mes", en referencia a la mediana salarial neta.
El propio informe de la comisión asesora para el análisis del SMI —elaborado por el Ministerio de Trabajo— avalaría en parte la tesis de Hacienda, al situar el nuevo salario mínimo incluso por encima del 60% del salario medio neto, aunque se le descuenten unos 300 euros anuales en IRPF. Sin embargo, Trabajo y algunos académicos sostienen que las estimaciones varían y que la interpretación del umbral del 60% no es una ciencia exacta. Esta ambigüedad técnica es la que está alimentando un enfrentamiento político de primer nivel.
Presiones, cálculos y una negociación al límite
Desde Moncloa presionan a Sumar para evitar una ruptura pública. Aseguran que Hacienda ya ha hecho concesiones al aceptar compensar a los afectados en 2025 y que no es sostenible prolongar esas ayudas indefinidamente sin comprometer la recaudación. Montero ha cifrado en más de 200 millones de euros el impacto fiscal de su propuesta actual.
Aún así, la puerta no está completamente cerrada: aunque Hacienda vete hoy las iniciativas, la negociación podría continuar hasta el 8 de abril. Pero en este tira y afloja, las posturas parecen cada vez más rígidas. La ministra socialista insiste en que Díaz debe ceder. La vicepresidenta segunda, por su parte, no parece dispuesta a hacerlo, enarbolando el discurso de la justicia fiscal y la dignidad salarial. En juego no solo está el tratamiento fiscal del SMI, sino también la cohesión del Gobierno y la credibilidad de sus compromisos sociales.