La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha hecho público un comunicado en el que denuncia la “caza de brujas” a la que están siendo sometidos el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría General Técnica, Diego Villafañe, investigados por haber desmentido un bulo fabricado por el entorno de Isabel Díaz Ayuso en la causa judicial que afecta a su pareja sentimental, Alberto González Amador. Ya el pasado mes de mayo, esta asociación, por boca de su entonces presidente, Jesús Arteaga, advertía de que “probablemente” García Ortiz podría estar siendo víctima de lawfare o guerra sucia judicial, así como los fiscales de Madrid involucrados en la querella del novio de la presidenta madrileña.
“Sí, podría ser un caso de lawfare”, señala Arteaga, que precisó que, aunque “es arriesgado y muy difícil decir que hay una persecución judicial contra alguien”, sí “ha habido casos de lawfare en España”, como el del exjuez Salvador Alba, condenado a seis años de prisión por conspirar contra su compañera, la jueza Victoria Rosell. En una entrevista con Efe, Arteaga consideraba que en la causa contra el novio de Ayuso “se está convirtiendo al perseguidor en perseguido” hasta el punto de que “probablemente el lawfare esté afectando al mismo fiscal general”.
Ahora retornan los rumores de caza de brujas. La asociación sostiene que lo que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado califica como “indicios” contra el fiscal general y los demás investigados no es más que el “normal funcionamiento” del Ministerio Público, que trabaja bajo los principios de unidad y jerarquía y en la que todos sus miembros tienen obligación de informar de los asuntos de especial trascendencia a sus superiores. De esta manera, la UPF entiende que la Fiscalía tiene la obligación de aclarar ante la prensa las informaciones que puedan afectar a los procesos en curso. Así se ha hecho a lo largo de los últimos cuarenta años de democracia, hasta hoy, cuando Ayuso ha roto la baraja al tratar de evitar que la Fiscalía informe sobre los sumarios abiertos a su compañero sentimental.
“La resolución del día de hoy supone un ataque directo a la Institución del Ministerio Fiscal y a su funcionamiento interno porque la dación de cuenta al Fiscal General de los asuntos trascendentes no es una posibilidad, sino una obligación”, asegura el comunicado de UPF. Los fiscales progresistas sostienen que ese auto “no supone otra cosa que manifestar que la dación de cuentas al superior jerárquico puede ser considerado a partir de ahora un indicio de delito”. Se trata, añaden, de “un ataque frontal, sin precedentes al trabajo diario de los fiscales y al Estado de Derecho”.
El juez Ángel Hurtado instruye el caso contra García Ortiz, pero de momento no hay pruebas concluyentes de que el fiscal general filtrara a la prensa documentos confidenciales sobre los supuestos delitos tributarios del novio de Ayuso. Así, el teléfono móvil de Ortiz ha sido investigado a fondo y no se han encontrado pruebas de tal filtración a la prensa (contrariamente, el instructor se ha negado a examinar el teléfono de Miguel Angel Rodríguez, asesor de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pese a que el polémico consejero de la Comunidad de Madrid ha reconocido que difundió datos sobre el caso a un chat privado en el que toman parte más de medio centenar de periodistas). Pero hay más indicios de que el magistrado Hurtado puede estar comportándose políticamente, como el hecho de que rechace, en un párrafo de su resolución, el testimonio de los periodistas que declararon como testigos con obligación de decir verdad, y que tenían en su poder el correo electrónico con la confesión del novio de Ayuso sobre sus causas fiscales antes de que el documento llegara al fiscal general. Este hecho probaría que la noticia o información sobre el escándalo tributario de la pareja de la lideresa ya estaba en los medios antes de que la Fiscalía tuviera conocimiento de ella. Por si fuera poco, el auto del juez es infundado (faltan demasiados argumentos jurídicos, hay demasiadas decisiones por explicar) y además cae en ciertas consideraciones subjetivas, como que Ortiz actuó llevado por un interés político, escasamente profesionales.
“Ángel Hurtado considera que la filtración salió del Ministerio Público. En concreto, habla de un plan concertado entre Álvaro García Ortiz, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe para poner en marcha una dinámica delictiva”, asegura la Cadena Ser. “Dinámica delictiva que consistió en desmentir el bulo fabricado por el entorno de Isabel Díaz Ayuso de que la fiscalía le había ofrecido un pacto a su pareja para cerrar la causa abierta contra Alberto González Amador por fraude fiscal. Todo sucedió al revés. Fue el empresario quien reconoció en un correo previo, cuyo contenido desveló la Ser, que había cometido los delitos y pedía un acuerdo para evitar el juicio”.
El instructor defiende el trabajo de la UCO e incluso va más allá de sus informes y ya da por probado que ese correo que desmontó la patraña salió de la fiscalía con destino a Moncloa para que el documento se colgara en un medio de comunicación y pudiera usarse politicamente contra la presidenta regional.
Mientras tanto, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que presente su dimisión “por dignidad” tras el escándalo de haber sido citado a declarar como investigado por presunta revelación de secretos, en un caso en el que, ha dicho, el Gobierno “estaba en el ajo”.
“Que quien tiene obligación de perseguir delitos, como es el fiscal general del Estado, sea investigado por delitos de tamaña gravedad y cuente con el apoyo cerrado del Gobierno, del PSOE y Sumar es un escándalo inédito”, denunció. En rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, Sémper leyó parte del auto emitido por el Tribunal Supremo para citar al fiscal general en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, destacando que el juez instructor considera que se puede hablar de una “dinámica delictiva” que buscaba divulgar, a través de filtraciones, informaciones concernientes a la intimidad de una persona.