El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se sentó este jueves por primera vez ante una jueza tras varias citaciones fallidas. En su esperada declaración, González Amador reconoció que el lujoso ático en el que reside con la presidenta madrileña no fue adquirido por él, sino por su fiscalista, como un “favor personal”. A cambio, asegura pagar un alquiler de 5.000 euros mensuales. La escena tuvo lugar en el juzgado de Madrid, donde se investiga al empresario por delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, fraude fiscal y falsedad documental.
Un “favor personal” de 186 metros cuadrados
Según su testimonio, no podía permitirse el ático de Chamberí ubicado justo encima del piso que ya había comprado con una hipoteca de medio millón de euros. Su asesor y también imputado, Javier Gómez Fidalgo, se ofreció a comprarlo mediante la sociedad Babia Capital S.L. y lo puso a su disposición en régimen de alquiler con opción a compra.
Una declaración cargada de tensión y reproches
Durante su comparecencia, González Amador protagonizó momentos de tensión con el fiscal. En un cruce verbal, llegó a decir: “Como sabe, tiene investigado al Fiscal General. Si no fuera así, le invitaría a ver mi piso”, en referencia a la causa abierta en el Supremo contra Álvaro García Ortiz por la filtración del acuerdo de conformidad con su abogado.
Fueron dos horas y media de interrogatorio en las que respondió solo a la jueza, su defensa y a la Fiscalía, pero se negó a contestar a las acusaciones populares ejercidas por el PSOE y Más Madrid.
La comisión “normalita” de 2 millones
Uno de los puntos más controvertidos fue su explicación sobre la compra de la empresa Círculo de Belleza SL, adquirida en 2020 por casi medio millón de euros. La sociedad pertenecía a la esposa del presidente de Quirón Prevención, principal cliente de sus empresas. González Amador justificó el elevado precio alegando que la compañía tenía una “red de distribución nacional”, aunque no presentó ninguna prueba documental que respaldase dicha afirmación.
En su momento, González Amador calificó como “normalita” la comisión de dos millones de euros que ganó durante la pandemia por la venta de material sanitario. Esta frase, lejos de apaciguar, ha alimentado las sospechas sobre la legalidad de sus operaciones mercantiles y el posible pago encubierto de favores.
Una sociedad sin empleados ni actividad
La Fiscalía no da por válida la versión ofrecida por el novio de Ayuso. Según el informe de Hacienda, la empresa Círculo de Belleza no tenía empleados, actividad económica ni beneficios antes de su venta. Al contrario: sus declaraciones de Impuesto de Sociedades arrojaban resultados negativos. Para la Fiscalía, podría tratarse de una operación simulada que esconde una comisión encubierta.
De hecho, el nombre de la empresa fue cambiado poco después a Masterman & Whitaker SL, una acción que refuerza las sospechas de estar usando sociedades interpuestas para ocultar ingresos reales.
El ático sin hipoteca ni explicación clara
Mientras el piso inferior –propiedad de González Amador– fue comprado con financiación bancaria, el ático no aparece vinculado a ninguna hipoteca. La sociedad Babia Capital, dirigida por el mismo fiscalista imputado, no solicitó préstamos para su adquisición. Las cuentas recientes de la empresa tampoco detallan el origen del dinero empleado para la compra.
Esa opacidad preocupa a la jueza Inmaculada Iglesias, que investiga si tras la compra del ático y de la empresa hay operaciones opacas con beneficios ocultos o favores entre particulares vinculados a la contratación pública.
La declaración de González Amador ha tenido también efectos en la arena política. Isabel Díaz Ayuso no acudió a la Asamblea de Madrid el mismo día en que su pareja prestaba declaración. En su lugar, la presidenta regional se encontraba de viaje institucional en Ecuador. La oposición, especialmente el PSOE, ha criticado esta ausencia. Óscar López, secretario general de los socialistas madrileños, no dudó en señalar: “Es un peldaño más hacia el ático”.
El caso ha vuelto a despertar las alarmas sobre el posible conflicto de intereses entre los negocios privados de personas cercanas al poder y el uso de influencias para obtener beneficios personales o empresariales.
Un abogado bajo la lupa
La jueza ha citado para declarar el 6 de mayo a Javier Gómez Fidalgo, el fiscalista que asesoró a González Amador durante su inspección con Hacienda y que, según el Ministerio Público, podría haber sido un cooperador necesario en el fraude fiscal que se investiga. Fue él quien presentó las autoliquidaciones de la empresa comprada, pese a que, según Hacienda, carecía de valor real.
Esa figura de “cooperador necesario” es clave en la investigación, que trata de determinar si existió una estrategia coordinada para eludir impuestos y justificar ingresos de origen dudoso a través de compras societarias sin actividad comercial.
El caso sigue creciendo
Lejos de cerrarse, el caso que afecta al entorno íntimo de la presidenta madrileña sigue ampliando sus tentáculos. La documentación entregada por González Amador ha sido puesta en duda por la Fiscalía, y las nuevas imputaciones podrían complicar aún más la defensa del empresario.
Mientras tanto, el foco mediático sigue puesto en la vivienda de lujo en la que reside la pareja, en los contratos adjudicados durante la pandemia y en la implicación de altos cargos empresariales vinculados a Quirón.
Lo que comenzó como un caso fiscal podría acabar revelando un entramado más complejo de intereses cruzados, favores mutuos y presuntas irregularidades que salpican a una de las figuras más relevantes de la política madrileña.