Mientras Alberto González Amador declara ante la jueza por corrupción y fraude fiscal, Isabel Díaz Ayuso huye de nuevo con un viaje institucional que huele más a escapada que a compromiso político
Alberto González Amador, empresario y pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este jueves ante la jueza Inmaculada Iglesias en una de las causas que más incomodan al entorno de la presidenta madrileña. Lo ha hecho en el marco de una pieza separada dentro del proceso en el que se investiga un presunto entramado de fraude fiscal, falsedad documental y corrupción en los negocios.
Aunque hasta ahora había optado por guardar silencio ante la justicia, en esta ocasión González Amador ha decidido declarar. Un gesto que, lejos de apaciguar el ruido político y judicial, ha vuelto a poner en el foco el turbio historial de operaciones financieras que giran en torno a sus empresas y su relación con Quirón Prevención.
Una compra millonaria sin sentido aparente
El caso más llamativo y sospechoso, según la Fiscalía, es la adquisición en 2020 de la sociedad Círculo Belleza SL, propiedad de la esposa del presidente de Quirón Prevención. González Amador pagó casi 500.000 euros por una empresa sin trabajadores, sin inmuebles y cuyo activo material consistía en un portátil viejo y tres aparatos de estética. La operación, lejos de tener lógica económica, podría esconder una comisión encubierta para facilitar negocios con Quirón.
Tras la compra, la empresa pasó a llamarse Masterman & Whitaker SL y, según los indicios judiciales, fue usada como empresa pantalla para facturar servicios ficticios. El objetivo, de acuerdo con el Ministerio Público, era claro: inflar gastos para reducir la base imponible y así pagar menos impuestos.
El fiscalista de confianza, también imputado
Pero González Amador no actuó solo. Su economista de cabecera, Javier Gómez Fidalgo, ha sido citado a declarar como imputado el próximo 6 de mayo. Fue él quien elaboró las autoliquidaciones fraudulentas de las empresas del novio de Ayuso, incluidas las de Masterman SL, que en 2022 reclamó a Hacienda una devolución de casi 3.000 euros... a pesar de haber facturado cientos de miles.
Fidalgo se reunió hasta nueve veces con Hacienda para justificar operaciones que hoy se consideran “mendaces” y parte de una “inequívoca operación defraudatoria”. La jueza sospecha que su papel fue clave para dar apariencia de legalidad a un sistema ideado para ocultar ingresos y engañar al fisco.
Ayuso, de viaje cada vez que declara su novio
Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ausentarse de Madrid justo en la fecha de la declaración de su pareja. Esta vez el destino ha sido Ecuador, en un viaje institucional que, según su equipo, servirá para rubricar un acuerdo que ya fue firmado en enero. Una repetición con sabor a escapada, que coincide con la segunda vuelta electoral en el país andino y con su investidura honoris causa por una universidad privada.
Desde la oposición no han tardado en calificar el desplazamiento como una huida. “Cada vez que comparece su pareja, ella desaparece”, ha criticado el secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, que ha llegado a compararla con una “novia-presidenta a la fuga”.
Aunque Ayuso no figura como investigada, la acumulación de indicios y conexiones entre su pareja y contratos públicos alimenta la sospecha de conflicto de intereses. Quirón Prevención ha sido adjudicataria de contratos en la Comunidad de Madrid por valor de millones de euros durante el mandato de la presidenta. Y aunque no hay pruebas directas de trato de favor, la mera existencia de relaciones comerciales entre una empresa tan beneficiada y el entorno íntimo de Ayuso huele a chanchullo.
La compra de una empresa sin valor aparente, los pagos sospechosos a la mujer del presidente de Quirón, la creación de sociedades pantalla, las facturaciones infladas y las devoluciones fiscales injustificadas componen un mosaico de maniobras difícil de explicar sin hablar de corrupción.
Una estrategia de victimismo que no cuela
Ayuso ha intentado defender a su pareja con el argumento de que todo esto es una “persecución política” organizada por el Gobierno central. Sin embargo, los hechos y las pruebas no los ha puesto La Moncloa sobre la mesa, sino la Agencia Tributaria tras una inspección rutinaria. Los jueces han avalado las diligencias y las acusaciones las sostienen no solo fiscales, sino también técnicos e inspectores.
Este discurso de victimismo parece más un recurso para esquivar la rendición de cuentas que una defensa creíble. A cada paso de la investigación, la presidenta reacciona con viajes internacionales, ataques a periodistas o cortinas de humo ideológicas, pero nunca con explicaciones contundentes sobre las actividades de su pareja.
Silencios, filtraciones y censuras
Por si fuera poco, el entorno de Ayuso ha intentado poner el foco en las filtraciones del caso a la prensa, dejando en segundo plano la gravedad de las acusaciones. Más de cincuenta periodistas han defendido el derecho a informar sobre un asunto de interés público, frente a lo que consideran un intento de intimidar y silenciar a la prensa incómoda.
En vez de colaborar con la transparencia, el Gobierno de Ayuso prefiere atacar al mensajero. Una actitud que retrata a una presidenta más preocupada por blindarse que por dar la cara.
Lo que comenzó como una investigación por fraude fiscal de una empresa privada, se ha convertido en una bomba política que amenaza con estallar en la misma puerta de la Puerta del Sol. Si se confirma que el entorno íntimo de Ayuso se ha beneficiado de forma fraudulenta de adjudicaciones públicas, la presidenta no podrá mantenerse mucho más tiempo al margen.
Porque por mucho que viaje, se esconda o grite "persecución", la verdad terminará alcanzándola. Y esta vez no le bastará con una cámara amiga ni con un titular incendiario para cambiar el relato. La justicia sigue su curso. Y el juicio público también.