Los abogados de Alberto González Amador habían diseñado una estrategia para acelerar la instrucción judicial por los delitos fiscales. Su objetivo era que el caso quedara zanjado cuanto antes y con el menor ruido posible. El problema se les vino encima cuando cometieron un error de cálculo. Empezaron a denunciar a todos aquellos que se ponían por delante, políticos, periodistas y el fiscal general del Estado. Su intento de finiquitar contrarreloj sus problemas con la justicia chocó con la reacción de todos aquellos que intentaron llevarse por delante. Se pusieron a indagar y descubrieron sus extrañas relaciones con el grupo Quirón y, sobre todo, con su representante ante la Agencia Tributaria al principio, el empresario leonés, Javier Gómez Fidalgo.
El fiscal anticorrupción decidió que había que llegar hasta el final. En el ministerio público hay quien piensa que se debe responder contundentemente a González Amador por haber denunciado a su superior, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Oficialmente se dice que una cosa no tiene que ver con la otra, pero lo cierto es que en la fiscalía madrileña existe cierto ánimo de venganza y, sobre todo, de rechazo por la prepotencia con que el novio de Díaz Ayuso está actuando. De ahí que se esté apostando fuertemente por la investigación de la pieza separada abierta por la jueza en la que se quiere determinar la posible existencia de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.
El fiscal quiere saber hasta dónde llega la relación de Javier Gómez Fidalgo con Alberto González Amador. El empresario leonés representó al novio de la presidenta madrileña durante la inspección que le realizó la AEAT a lo largo de 18 meses cuando los inspectores detectaron que el empresario estaba logrando multiplicar el volumen de ingresos que tenía antes de la pandemia gracias a la utilización de sociedades pantalla. Se tiene la sospecha de que el economista intervino en el uso de una sociedad instrumental para ocultar unos ingresos del Grupo Quirón que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona, administrada por la pareja de Díaz Ayuso, y por el presunto pago de 499.836,92 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención por la adquisición de una empresa en 2020, una operación en la que la fiscalía ve una posible "comisión encubierta".
De momento, Gómez Fidalgo sólo ha sido citado para que declare sobre la pieza principal, la del fraude a la Hacienda Pública en las declaraciones de los impuestos de sociedades correspondientes a los años 2020 y 2021 pero en uno de sus escritos incorporados a las diligencias, el fiscal apunta a la adquisición de una peluquería sin valor. Se sospecha que tras esa compra estaba el pago de un soborno para poder hacerse con la exclusividad de la distribución de mascarillas en los centros del grupo durante la pandemia. Además, el empresario leonés deberá confirmar si es el administrador único de la sociedad propietaria del ático de lujo que comparten la presidenta madrileña y su novio. La empresa Babia Capital lo compró en julio de 2023 al contado con dinero prestado por un tercero. Así se desprende de las últimas cuentas anuales de esa sociedad, que reflejan que alguien (una persona física o una empresa) le prestó 955.000 euros en 2023. El domicilio oficial de Díaz Ayuso y González Amador está en el mismo edificio, una planta más abajo. El ático no es suyo pero lo utilizan para recibir visitas, organizar cenas y, una parte de su superficie, a la práctica del deporte. Es significativo, según el fiscal, el hecho de que Diaz Ayuso y González Amador compraron su residencia unos días antes de que Babia Capital adquiriese el ático.
El desafío de González Amador a todos aquellos que le han investigado le va a costar caro. Ya no se trata de acordar con el fiscal una mínima condena de conformidad por los delitos fiscales de la pieza principal como en un principio se pretendía. El ministerio público va a ir más lejos. Quiere saber si la relación de González Amador con Gómez Fidalgo va más allá de una simple asesoría fiscal tal y como se pretendió hacer ver en un principio. Si se hubiesen estado quietos y no hubiesen armado el lio que han montado, la cosa se habría quedado ahí. Pero no. Había que demostrar la fortaleza del novio de la presidenta madrileña. Y ese órdago le va a costar caro. A él y a los que le han asesorado, incluido Gómez Fidalgo que puede acabar imputado. En un principio sólo en la pieza principal pero muy probablemente terminará siendo investigado en la nueva diligencia.
El tiempo juega en contra de González Amador. A medida que transcurren los días se van descubriendo nuevos detalles que ponen en evidencia a su defensa. El letrado que le representa, Carlos Neira, se puso en contacto con un abogado del Estado con el que mantiene una estrecha relación reenviándole su propuesta de pacto que había trasladado al fiscal anticorrupción, Julián Salto. Su interlocutor contestó ese mismo día: “buenas tardes, Carlos. Todavía no nos ha entrado el procedimiento. He dejado el aviso para que me lo notifiquen en cuanto llegue”. Minutos antes ese abogado del Estado había escrito a un funcionario para comunicarle la existencia del caso.
Esta circunstancia, que la Abogacía del Estado ha dado a conocer recientemente, desmonta la tesis de que la situación de González Amador sólo la conocía la fiscalía. Los abogados y asesores del novio de Díaz Ayuso se estaban encargado de difundir esa propuesta de pacto. Habría que ver lo que opina, tras esta nueva revelación, el ICAM, el Colegio de la Abogacía de Madrid, cuya junta de gobierno se ha personado en la causa del Supremo como denunciante poniendo el grito en el cielo por el perjuicio que la difusión de la propuesta supone “para el ejercicio de la profesión”.
Cada día que pasa se conocen nuevos datos que perjudican no sólo judicialmente sino personalmente a González Amador. Ya no pueden hablar de un delito fiscal compatible con un acuerdo de conformidad que le evitaría el ingreso en prisión. Los mismos que el empresario ha denunciado por difamación se han encargado de investigar poniendo las cosas en su sitio. Y mucho nos tememos que esas investigaciones no han hecho más que empezar.