La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado que el pacto PSOE/Esquerra suponga un concierto económico a la vasca para Cataluña, ni siquiera una reforma del modelo de financiación fiscal. Un jarro de agua fría para el independentismo. Entonces, descartado el histórico avance que supondría la mayor revolución en materia tributaria en España desde la instauración de la democracia, ¿qué mecanismos cabría, a tenor de lo dicho por la ministra, para traspasar la gestión del cien por cien de los impuestos a la Administración catalana, tal como refleja el acuerdo suscrito? Hay escaso margen de maniobra. Podría abordarse el asunto añadiendo una disposición adicional a la actual ley de financiación en vigor, la LOFCA, para aumentar las competencias tributarias de la Generalitat (algo improbable, Sánchez no tiene mayoría para acometer esa reforma de gran calado en el Parlamento). O quizá podría hacerse de forma algo más burda, mediante un acuerdo de colaboración entre la Agencia Tributaria y la Generalitat, algo con lo que, sin duda, no tragarán los catalanes y que sería recurrido por la oposición ante el Constitucional.
En cualquier caso, el nuevo escenario huele a un nuevo tocomocho o juego de trileros de Pedro Sánchez a los catalanes. En las últimas semanas se había hablado de la posibilidad de avanzar en la federalización del Estado reconociendo un marco de gestión fiscal a Cataluña similar al que dispone Euskadi mediante el cupo vasco. Esto, según ha dicho hoy la ministra, no va a ocurrir, de modo que se atisba un nuevo conflicto institucional/territorial, incluso, por qué no, podría estar peligrando el polémico pacto de estabilidad con los independentistas en el que se sostiene el Gobierno Sánchez.
El concierto económico a la vasca era la principal exigencia de ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat: un modelo de financiación que permita a la Generalitat disponer de “la llave de la caja”, es decir, el control sobre todos los impuestos y la “soberanía fiscal”. Eso es lo que en un principio al menos pareció acordarse. Pero, por lo que dice Montero, no fue así. No habrá concierto, se acabó la música. La declaración de la vicepresidenta rezuma un cierto tufo a rectificación, a cambio de rumbo, a frenazo de caballo percherón, es decir, a aquello de “donde dije digo, digo Diego”. ¿Se la ha vuelto a dar con queso Sánchez a Aragonès y Junqueras? Eso parece, y cabe preguntarse cuál va a ser el próximo movimiento de la Generalitat, donde las explicaciones de la ministra han caído como un mazazo en la línea de flotación de la negociación. Sin duda, a esta hora el Govern estará preparando una nota de prensa para poner las cosas en su sitio, solicitar aclaraciones y, en su caso, amenazar con ruptura del acuerdo de gobernabilidad en Madrid y en Cataluña. Mal se le pondrían las cosas, en ese hipotetico caso, no solo a Sánchez, sino también a Illa. Con el runrún de un posible acuerdo PP/Junts para una moción de censura contra el Ejecutivo de coalición más intenso que nunca, la posición del premier socialista se antoja cada vez más debilitada y frágil.
Según explicó en su día la portavoz de ERC, Raquel Sans, tras el pacto, la Agencia Tributaria de Cataluña, que ahora tiene un papel secundario, pasaría a “gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos” que se pagan en Cataluña, salvo los tributos locales. Eso significaría que la Agencia Tributaria de Cataluña gestionará el cien por cien del IRPF, así como el impuesto de sociedades y el IVA que pagan los catalanes, aunque este modelo deberá implementarse paso a paso, empezando por la declaración de la renta de 2025, que en 2026 ya se recaudará en Cataluña. Sin embargo, el bombazo que ha soltado la ministra esta mañana (“no habrá ningún tipo de desigualdad, sino que el acuerdo será positivo para Cataluña y para el resto de España”) nos lleva a pensar que Sánchez ha vuelto a practicar, con maestría, aquello de “prometer hasta el meter y después de metido nada de lo prometido”.
Por su parte, el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José María Peláez, ha reafirmado este miércoles que el colectivo al que representa está “radicalmente en contra” de “lo que llaman el concierto económico con Cataluña”, que derivaría del acuerdo alcanzado por el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y ha subrayado que dicho concierto provocaría “graves perjuicios” en diversos asuntos, y “especialmente en la lucha contra el fraude fiscal” y “en el funcionamiento de la Agencia Tributaria”. Está claro que los poderes fácticos han terminado por dejar en papel mojado el proyecto federalizante de las cuentas de Cataluña. Los jueces y la oposición están en contra, la poderosa prensa de la caverna en contra, la patronal y una parte de los sindicatos en contra, los inspectores de Hacienda en contra también, Felipe González y García Page, abiertamente en contra y hasta la izquierda real, representada hoy por Sumar, socio principal del Gobierno, está en contra por lo que el concierto o cupo catalán tiene de ruptura de los principios de igualdad, de sostenibilidad de las arcas públicas, de solidaridad y de progresividad tributaria (aquello de que las comunidades más ricas contribuyan más, o sea paguen más impuestos que las pobres). Hay lío a la vista. Carles Puigdemont se frota las manos.