El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cifrado en 15 millones de euroslas pérdidas generadas por el robo de cobre en la estación de Montcada Bifurcació en Barcelona, un incidente que interrumpió significativamente el servicio de Rodalies durante una jornada electoral. Según el ministro, la operación para restablecer el servicio tomará aproximadamente dos meses.
Desglosando los costes, Óscar Puente explicó que se destinarán aproximadamente 4 millones de euros a la reposición de los materiales dañados y unos 5 millones más para cubrir los servicios alternativos necesarios, mientras que el resto compensará el lucro cesante. Este suceso ocurrió en un contexto delicado, lo que ha llevado a no descartar la posibilidad de un sabotaje, dada la naturaleza y el momento.
El ministro resaltó que tanto Renfe como Adif, las empresas estatales de ferrocarriles, son víctimas en este caso y no tienen responsabilidad directa. La cantidad de cable de cobre sustraída, que estimó tendría un valor máximo de 500 euros en el mercado negro, apunta a que el robo podría tener motivaciones más allá del mero beneficio económico.
Además, Puente criticó a los Mossos d'Esquadra por descartar la posibilidad de sabotaje y les urgió a profundizar en la investigación. La importancia del servicio de Rodalies, que diariamente utilizan casi 400.000 personas, fue subrayada, notando que un 30% de estos usuarios experimentaron inconvenientes debido a la incidencia.
Por otro lado, el ministro lamentó que la infraestructura ferroviaria se haya convertido en un "caballo de batalla" político y criticó tanto a la Generalitat como a partidos de la oposición por su manejo y declaraciones sobre el incidente. Insistió en que las declaraciones políticas no deberían entorpecer la resolución efectiva y apolítica de tales incidentes.
Finalmente, Puente subrayó que los problemas no están relacionados con la financiación del servicio, que considera adecuada, y desvinculó también el incidente de la discusión sobre el traspaso de competencias del servicio de Rodalies a la Generalitat, describiendo el proceso como "tremendamente complejo" y todavía en sus etapas iniciales.
El caso sigue en desarrollo y se espera que el Gobierno presente formalmente una denuncia para aclarar las circunstancias y responsabilidades del presunto sabotaje, en un esfuerzo por salvaguardar tanto la integridad del servicio público como la confianza en los procesos democráticos.