Erradicar a la extrema derecha no se logra con discursos dogmáticos, sino con hechos que impacten de manera positiva en la ciudadanía. La amenaza es muy grande y Pedro Sánchez no está entendiendo el escenario que hay en España. En otros países de Europa, donde los ultras están creciendo, como Francia y Alemania, por ejemplo, los líderes del centro derecha y de la socialdemocracia sí que han comprendido lo que hay que hacer: unirse a través de pactos de gobierno donde todos tendrán que ceder en materias sensibles.
La receta puede parecer sencilla, pero en España no lo es. Para erradicar definitivamente a la extrema derecha hay que ejecutar una serie de acciones que mezclan lo político, lo social y lo económico, sobre todo esto último. A mayor prosperidad de los ciudadanos, menos frustración y menos espacio para que la extrema derecha crezca. No hay más que ver los resultados electorales durante los últimos años del siglo XX y la primera década del siglo XXI, etapa donde las familias tenían posibilidad de acceso a la vivienda, los jóvenes podían crear horizontes de futuro y el empleo era tan digno que un salario de menos de 1.200 euros netos mensuales era un estigma.
Para lograr eso, para poder aprobar medidas realmente efectivas es necesaria una estabilidad parlamentaria que, con un escenario absolutamente atomizado y polarizado, sólo es posible con la unión de los dos grandes partidos. Hoy, el PSOE de la Región de Murcia, en el contexto de las cazas de migrantes organizadas por la extrema derecha en Torre Pacheco, ha mostrado a Pedro Sánchez cuál es el camino correcto, el mismo que han seguido en Alemania durante décadas y, en los últimos meses, con los acuerdos parlamentarios entre el partido de Emmanuel Macron y el Partido Socialista en Francia. Sólo así se logrará vencer a los populismos de extrema derecha.
En concreto, el secretario general del PSOE murciano, Francisco Lucas, urgió al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a rescindir de inmediato sus acuerdos con la ultraderecha y a impedir la aprobación de unos presupuestos que, a su juicio, incorporan medidas “racistas y xenófobas”. En una comparecencia ante los medios, Lucas advirtió de que las políticas pactadas con VOX ponen en peligro la convivencia, vulneran derechos fundamentales y socavan la seguridad de miles de personas, especialmente en municipios como Torre Pacheco, donde en los últimos días se han registrado incidentes contra población inmigrante.
Lucas recordó que la estabilidad del Ejecutivo regional depende de los votos de la formación de extrema derecha y subrayó que esa dependencia se ha traducido en partidas presupuestarias que, según denunció, dejarían a menores sin acceso a vivienda o servicios básicos “solo por el hecho de ser inmigrantes”. “No podemos permitir que las cuentas de la Comunidad se tiñan del odio y la indecencia”, afirmó el secretario general de los socialistas en la Región, quien reclamó un pacto “sin condiciones ni líneas rojas” y tendió de nuevo la mano a López Miras para articular un desbloqueo alternativo.
Para el portavoz socialista, la solución pasa por desvincular las cuentas regionales de las exigencias del partido de extrema derecha y garantizar que los impuestos recaudados en Murcia reviertan en políticas sociales y de integración. Así, propuso mantener reuniones urgentes con todos los grupos del Parlamento regional para diseñar unas cuentas “que defiendan el Estado de Derecho y la cohesión social, sin pasar por la imposición de unos pocos”.
Fernando López Miras, por su parte, ha defendido hasta ahora la necesidad de entenderse con VOX para asegurar la gobernabilidad, asegurando que las medidas acordadas con sus socios de investidura buscan “reforzar la seguridad y la protección de los murcianos”. No obstante, la creciente presión ejercida desde el PSOE y la movilización de asociaciones civiles en defensa de los derechos de la infancia y de la población inmigrante podrían inclinar la balanza en el debate interno del PP regional.
El pasado lunes, una protesta ciudadana en Torre Pacheco reclamó al Ayuntamiento que retirara de sus ordenanzas locales cualquier referencia discriminatoria contra quienes llegan a la Región en busca de empleo o de asilo. Varios colectivos denunciaron la inclusión en el borrador presupuestario de ayudas sociales condicionadas al origen nacional, un extremo que fuentes del Gobierno autonómico niegan, pero que ha encendido las alarmas entre ONG y defensores de los derechos humanos.
En este contexto, Francisco Lucas insistió en que la Región de Murcia no puede permitirse “dar un paso atrás” en materia de igualdad. “No se trata de un enfrentamiento partidista, sino de la defensa de nuestra democracia y de la dignidad de todas las familias murcianas”, concluyó. A pocos días de que las nuevas cuentas entren en debate parlamentario, el PSOE confía en sumar apoyos suficientes para forzar un cambio de rumbo, mientras el PP evalúa si mantiene su perfil de pacto con VOX o acepta explorar una alternativa que evite el veto frontal de la oposición socialista.