Un término está socavando la legitimidad de nuestra democracia: lawfare o guerra sucia judicial. Medios de comunicación, analistas y expertos juristas abordan un fenómeno que arroja una sombra de duda sobre el Estado de derecho. Todo ello mientras destacadas voces del Gobierno se quejan de que una práctica espuria corroe el sistema democrático. ¿Existe el lawfare en España? ¿Es cosa de unos pocos jueces que se valen de su privilegiada posición para hacer política y arremeter contra el partido rival o se trata de un cáncer mucho más extendido? El debate y la polémica están servidos.
Casos como el de Begoña Gómez, instruido por el juez Peinado; la causa abierta contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez; y la caza de brujas desatada contra el fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, han sido objeto de críticas por prestigiosos juristas de este país como sumarios y procedimientos que, en algún momento, han despedido un cierto aroma a guerra sucia judicial.
En los últimos años hemos aprendido sobre un fenómeno que en otras democracias de nuestro entorno es frecuente desde hace décadas y que parece haber llegado a nuestro país para quedarse. De modo que ya es posible aplicar una serie de criterios objetivos y baremos para poder identificar cuándo un asunto judicial obedece solo a la aplicación pura y dura del Código Penal y cuándo a una estrategia política. Estos son algunos de ellos.
Instrumentalización del Derecho. Que un juez decida hacer uso del sistema judicial como herramienta política, no como mecanismo de justicia, es sin duda el primer síntoma de lawfare. Es lo que se conoce como politización de la Justicia, un mal endémico caracterizado por luchas intestinas entre la facción conservadora y progresista de nuestro sistema judicial. Trasladar disputas políticas al ámbito judicial, convirtiendo tribunales en escenarios de lucha ideológica, es uno de los síntomas más evidentes del mal.
Deslegitimación del adversario político en los tribunales. Ocurre cuando un juez asume destruir la imagen pública del acusado, incluso aunque no se logre una condena judicial. Se trata de la conocida como “pena de telediario”, en este caso no aplicada por periodistas con una u otra línea editorial o ideológica, sino por jueces o fiscales desde un tribunal de Justicia.
Investigación prospectiva. Ocurre cuando el juez o fiscal sale “de pesca” (“fishing expedition”) con una persona sometida a investigación policial. Es decir, el funcionario de Justicia se deja llevar por creencias o sospechas, sin suficientes indicios racionales de criminalidad, y abre un sumario para confirmar sus especulaciones previas. Hablando en términos coloquiales, se abren diligencias de investigación “por si suena la flauta”. El juez siempre ha de partir de un hecho o suceso concreto y a partir de ahí, llevar a cabo las diligencias de investigación que resulten precisas para esclarecer el mismo. Las investigaciones prospectivas están totalmente prohibidas por la doctrina y la jurisprudencia.
Uso estratégico de recursos legales. Se recurre a demandas, querellas o investigaciones periodísticas (generalmente inconsistentes) para abrir una causa penal contra un personaje relevante del partido rival. En los últimos años nos hemos acostumbrado a las acciones emprendidas por grupos de extrema derecha como Manos Limpias, Hazte Oír y Abogados Cristianos, todos ellos especializados en la querella fake basada en simples recortes de prensa. Este tipo de denuncias deberían ser archivadas sin más, pero algunos jueces le dan credibilidad sin importarle que vienen de grupos empeñados en reventar el sistema y la democracia desde dentro. El uso estratégico de recursos legales se utiliza como arma de desgaste contra el partido adversario. Busca el titular amarillista de los grupos mediáticos afines, aún a sabiendas de que el procedimiento no terminará en sentencia condenatoria.
Mal uso de recursos públicos. Se destinan fondos estatales a procesos judiciales prolongados y a investigar unos hechos con fines políticos más que jurídicos. Se trata de una auténtica malversación o despilfarro en una oficina judicial ya de por sí atascada por la avalancha de asuntos. A veces el aluvión de querellas de las organizaciones ultras es tan intenso que colapsa el juzgado.
Prolongación innecesaria de procesos judiciales. En el mundo del lawfare la dilación indebida de procedimientos de revela como un arma decisiva. De esta forma, los juicios se eternizan en el tiempo, se ralentizan o embarrancan deliberadamente. El juez controla los tempos y él, y solo él, dice cuándo y cómo se cierra un caso. Hay técnicas conocidas para estirar el tiempo de instrucción como si se tratara de un chicle: prolongar las prórrogas y plazos, llamar a un sinfín de testigos (aunque aporten poco o nada a la investigación), pedir pruebas superfluas, en definitiva, marear la perdiz, como suele decirse, y solo para alargar el escándalo mediático fabricado artificialmente para desgastar emocional, económica o políticamente al acusado.
Falta de pruebas sólidas. La causa se apoya en una serie de acusaciones basadas en testimonios dudosos o pruebas indirectas, sin evidencia concluyente. Muchas veces basta el rumor para abrir diligencias. En una de sus últimas resoluciones sobre el caso Begoña Gómez, el Tribunal Supremo denegó la imputación del ministro Félix Bolaños, a quien el juez Peinado pretendía sentar en el banquillo sin pruebas fundadas de que participara en la organización del famoso máster de la esposa del presidente del Gobierno. El auto de la máxima instancia judicial española fue demoledor al asegurar que la pretensión de Peinado no recoge ni un “mínimo indicio” e, incluso, “omite” información “relevante” que beneficiaba al ministro. Además, la selectividad en el tratamiento de las pruebas es otro síntoma. Cuando el Supremo rechaza los testimonios cruciales de seis periodistas que certifican que ya manejaban la información fiscal sobre el novio de Ayuso antes de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (hoy imputado), emitiera su famoso comunicado de prensa, es que algo está fallando.
Violaciones de derechos. Irregularidades procesales como negación del derecho a la defensa y la parcialidad judicial que debe iluminar a todo juez o tribunal. Todo ello erosiona el ideal de la justicia imparcial y socava la independencia judicial. Las presiones internas entre órganos jurisdiccionales superiores e inferiores, incluso entre jueces y funcionarios de policía (a los que se teledirige para que lleguen a una determinada conclusión pericial), es otro dato evidente de lawfare.
Campañas mediáticas estigmatizantes. Las querellas de la extrema derecha se tramitan alegremente mientras los medios de la caverna difunden narrativas de culpabilidad antes del juicio, generando una condena social. Las alianzas entre un sector del poder judicial y ciertos pseudomedios son públicas y notorias. También la coordinación entre jueces, fiscales y periodistas para construir casos mediáticos y fábulas judiciales. La manipulación mediática amplifica las acusaciones sin fundamento jurídico, crean narrativas de culpabilidad y arruinan vidas ajenas. Otra forma de destrucción del adversario político.
Desproporción en las medidas cautelares. Prisión preventiva prolongada sin justificación, embargos excesivos o restricciones arbitrarias son armas utilizadas para doblegar los derechos de los imputados.
Selectividad en la persecución. Aplicación de la ley de forma desigual, enfocándose en líderes progresistas o disidentes.
Descontextualización de los hechos. Ignorar el contexto político, social o económico en el que ocurrieron los hechos imputados.
Interferencia en procesos electorales. Juicios o condenas que impiden la participación política de candidatos con apoyo popular.
Internacionalización del discurso judicial. Uso de organismos internacionales o discursos de “anticorrupción” para legitimar la persecución.
Contexto de alta polarización política. El lawfare prospera en ambientes polarizados, donde los aparatos judiciales pueden ser cooptados por intereses partidistas.
El fenómeno del lawfare no solo afecta a las personas represaliadas o perseguidas, sino que debilita la democracia, desincentiva la participación política y erosiona la confianza en las instituciones judiciales.