Pedro Sánchez ha dado la orden de limpiar a fondo el Ministerio de Hacienda tras destaparse el gravísimo caso de corrupción conocido como caso Montoro, un turbio asunto de lobbies en el seno del Gobierno de Mariano Rajoy (se cree que con pagos de 600.000 euros por parte de empresas del sector gasístico a cambio de bajadas de impuestos).
Hasta el momento, el juez de Tarragona ha imputado a 28 personas, altos cargos y funcionarios entre ellos. Es decir, buena parte de la plantilla de aquellos años está bajo sospecha y algunos siguen en sus cargos. Pero la limpia ha comenzado. Es lo que ha ocurrido con Óscar del Amo al frente de la Subdirección General de Tributos Locales, fulminantemente destituido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La titular de Hacienda ha explicado que se están analizando los datos respecto a la situación del funcionario bajo sospecha. En cuanto a Rogelio Ménéndez, director económico y financiero de Apuestas y Loterías del Estado, también ha sido despedido de forma urgente. En los próximos días podría haber más sorpresas.
“Estamos viendo los pormenores que lo imputan [a Del Amo] y, por supuesto, estamos en contacto con esta persona para tomar las decisiones correctas”, aseguró la vicepresidenta Montero. “La persona a la que usted hace referencia no es un alto cargo del Ministerio de Hacienda, no es un nombramiento hecho por Consejo de Ministros, sino que está ocupando el escalafón de la escala funcionaria a la que puede optar”, ha aclarado a los medios de comunicación a su llegada a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)”.
“Según reza en el auto de imputación, conocido esta semana tras siete años de secreto sobre las actuaciones, Del Amo habría participado de forma activa en los hechos investigados, pues ocupó uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas como evidencian los correos intervenidos en la causa”, asegura La Sexta. Del Amo ostentó el cargo de subdirector general de Tributos Locales durante el mandato tanto de Diego Martín-Abril Calvo como de José Alberto García Valera como sus superiores directos también imputados. En concreto, en esas comunicaciones intervenidas se reconoce que mantuvo contacto y reuniones con las sociedades beneficiadas, en las que les comunica la imposibilidad de atender a sus pretensiones respecto de la modificación de los epígrafes del TAE.
Poco después, y tras la intervención del despacho fundado por Montoro, Equipo Económico, se producen nuevos contactos y reuniones. Entonces, las gasistas sí lograron la reforma legal pretendida. Un modus operandi que se repite en esta trama, por la que la consultoría del exministro supuestamente recibía grandes sumas de dinero.
Por su parte, Menéndez aparece en el auto de imputación por su cargo de asesor en el gabinete del exministro entre 2013 y 2015. En su caso, se le investiga por intervenir en una reunión celebrada el 4 de marzo de 2014 entre el ministro Montoro y representantes de la AFGIM, asociación a la que pertenecían las empresas implicadas.
Una circunstancia que para el juez instructor revelaría un conocimiento directo no solo de los motivos e intenciones de la convocatoria de tal reunión, sino también de su estéril contenido, así como del grado de intervención del ministro en el asunto de referencia. La purga en Hacienda ha comenzado. Y nadie en ese departamento se siente a salvo. No se descartan nuevos ceses en las próximas horas, mientras Rodrigo Rato, el superministro de Economía del PP, anuncia que piensa impugnar sus causas con condena tras conocerse las prácticas irregulares del exministro de Hacienda.