La decisión del Gobierno de España de acelerar la aprobación de un embargo de armas a Israel es más que una posición política: es una afirmación ética. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han acordado dar prioridad a esta medida legislativa que, de salir adelante en septiembre, situará a España en la vanguardia europea de la defensa del derecho internacional humanitario, en un contexto marcado por la impunidad bélica y la pasividad diplomática.
Se trata de una proposición de ley impulsada por Sumar, Podemos y BNG, ya admitida a trámite en el Congreso, que establece un marco legal claro para impedir la exportación o tránsito por territorio español de cualquier material que pueda fortalecer la maquinaria militar israelí, desde armamento hasta combustible de uso bélico. Una medida coherente con la jurisprudencia internacional y alineada con la posición que España ha sostenido en otros foros multilaterales.
Un embargo con base jurídica y sentido político
A diferencia de lo que algunas voces críticas han planteado, no se trata de una acción aislada ni arbitraria. El embargo propuesto se sustentará en la reforma de la ley sobre el comercio exterior de material de defensa y de doble uso, e incluirá la inspección sistemática de cargas aéreas y marítimas con destino a Israel, así como la incautación de material militar si procede.
Además, se prevé la revocación de operaciones ya autorizadas en caso de embargo, una cláusula respaldada por diversas sentencias de la Corte Penal Internacional. Este punto ha generado algunas reservas dentro del PSOE, pero Sumar recuerda que no solo es legalmente viable, sino moralmente necesario si se quiere actuar de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por España.
La medida no parte de la nada: desde el 7 de octubre de 2023, España ha suspendido de facto el comercio de armas con Israel. Sin embargo, esta ley consolidaría ese bloqueo, lo haría vinculante y permitiría extenderlo a toda forma de asistencia técnica o militar. Es, por tanto, un avance normativo que traduce en hechos lo que hasta ahora solo era voluntad política.
España como actor internacional responsable
La iniciativa se suma a una serie de acciones recientes que configuran una política exterior cada vez más alineada con los derechos humanos. El reconocimiento del Estado palestino, el incremento del apoyo financiero a la UNRWA o el respaldo a los procedimientos judiciales internacionales contra el Gobierno de Netanyahu dan cuenta de un compromiso coherente con la legalidad internacional, más allá de los equilibrios diplomáticos de ocasión.
El embargo propuesto no es una medida simbólica, ni un gesto ideológico, sino una herramienta legal para evitar que el territorio español sea utilizado —directa o indirectamente— para sostener una maquinaria bélica cuya actuación está siendo investigada por instancias internacionales. El derecho internacional no puede ser una aspiración retórica: debe traducirse en decisiones concretas.
En tiempos donde tantos gobiernos optan por mirar hacia otro lado, España da un paso en la dirección correcta: convertir sus principios en legislación y su política exterior en ejemplo. Embargar armas a quien es investigado por crímenes internacionales no es un castigo, es una obligación. Y asumirla fortalece, no debilita, el prestigio de una democracia madura.